Con un DNU, el Gobierno dio otro paso hacia la privatización de AySA

Tras anunciar la decisión de privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el Gobierno dio este martes un paso formal al publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitó al Estado a “enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. Dispuso cambios en el marco regulatorio con el reemplazo de más de 100 artículos del anterior.

AySA brinda el servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este paso hacia la privatización de la empresa se concretó a través del DNU 493/2025 del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete.

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La normativa indica que la actualización del marco regulatorio de la empresa y la prohibición de transferir sus acciones "se presentan como una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad", teniendo en cuenta que el régimen actual "fue diseñado para una sociedad de carácter estatal, lo cual dificulta su adecuación hacia los nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión que esta Administración busca cumplir”.

A partir de la modificación del artículo 2° del Decreto N° 304/06, el Ministerio de Economía será titular del 90 % del capital estatal de la sociedad, mientras que el 10 % restante corresponderá a los empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.

El Gobierno también autorizó a la empresa a "efectuar el corte de servicio en caso de mora”, delegar “amplias facultades para revisar y auditar todas las obras que se ejecuten dentro del Área Regulada” y permitir la “construcción como garantías de los fondos provenientes de Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento”.

El Boletín Oficial justifica la medida en la “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, y señala que el “creciente deterioro operativo y financiero” de AYSA “resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

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Además, el decreto establece la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, cuyo objetivo será definir “los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público”. Este documento, sin carácter vinculante, será elaborado por la Agencia de Planificación (APLA) y revisado cada cinco años.

“El Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”, señala la normativa.

También se establece una instancia de cooperación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y APLA, que podrán intervenir conjuntamente en los temas que lo requieran. Por otra parte, la concesionaria deberá presentar anualmente al ERAS un informe detallado de las actividades realizadas, las planificadas para el año siguiente, y el grado de cumplimiento del Plan de Acción.

Finalmente, el DNU 493 fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez dentro del plazo de diez días hábiles, según lo establece la Ley 26.122.

LT