Crece la tensión en Perú por el nuevo presidente

José Jerí asumió la presidencia de Perú con el desafío inmediato de formar un gabinete que le permita consolidar su interinato, previsto hasta junio próximo. Sin embargo, las acusaciones en su contra, el malestar social y la convocatoria a un paro nacional para el miércoles  15, amenazan con debilitar su margen de maniobra. 

Al menos un centenar de mujeres de colectivos feministas protestaron durante el primer día de gestión de Jerí a raíz de una denuncia por presunta agresión sexual perpetrada cuando el flamante mandatario era aun legislador. 

En la causa, que fue archivada en agosto por falta de pruebas, la víctima aseguró que Jerí junto a otro hombre la agredieron sexualmente durante una reunión social en diciembre de 2024, en el distrito de Canta, Lima. 

En aquel entonces, el político negó su participación en esos hechos. “Yo no tuve ningún tipo de participación directa o indirecta; y se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, señaló.

Durante la manifestación en contra del presidente, que tuvo lugar frente a la sede del palacio legislativo, activistas vestidas de negro y con pañuelos verdes mostraron fotografías de Jerí y carteles con la inscripción “denunciado por violación”.

“Nosotras vemos con preocupación esta designación. Jerí tiene una denuncia por violación sexual que si bien ha sido archivada, nosotras creemos que no ha sido investigada lo suficientemente”, dijo Liz Meléndez, directora de la organización Flora Tristán.

Otras causas. Dos denuncias adicionales, que no llegaron a convertirse en procesos judiciales formales, rodean la figura del presidente. Una lo señala por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que su patrimonio habría pasado de 90 mil soles en 2021 a más de un millón en 2024. La otra apunta a un supuesto soborno: la empresaria Blanca Ríos declaró haber entregado un sobre con 150 mil soles al entorno de Jerí para que un proyecto fuera incluido en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

El flamante presidente enfrenta sus primeras horas al frente del Ejecutivo peruano en un marco de ebullición social, marcado por el anuncio de un paro nacional en rechazo a la clase política y en reclamo de medidas concretas contra la inseguridad, la corrupción y el desempleo. 

La protesta, convocada como una “gran marcha nacional”, busca reunir a trabajadores, estudiantes y transportistas en distintas regiones del país.

La convocatoria se produce en medio de un clima de descontento generalizado. En las últimas semanas, la violencia criminal se ha cobrado la vida de varios conductores, se multiplicaron los cobros extorsivos y una orquesta popular —Agua Marina— fue atacada a tiros, con cuatro de sus integrantes heridos. 

Promesa. En su primer discurso como jefe de Estado, Jerí prometió un “gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional”, y declaró la “guerra” a la inseguridad ciudadana, una de las principales razones por las que el Congreso destituyó a Dina Boluarte. 

Boluarte no buscará asilo. Mientras tanto, la expresidenta continúa refugiada en su casa al sur de Lima y descartó solicitar asilo. “Estaré permanentemente en el país” aseguró Boluarte.

Apenas perdió el fuero, la fiscalía activó dos investigaciones en su contra: una por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021 y la otra por “negociación incompatible con su cargo”. 

La fiscalía elevó a la justicia un pedido para que prohíba a Boluarte la salida del país por entre 18 y 36 meses.

Este sábado, la exmandataria de 63 años reapareció frente a su vivienda para desmentir rumores de la prensa sobre su supuesta intención de refugiarse en otro país. 

Se ha “estado indicando a través de los medios de comunicación que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto”, afirmó ante los periodistas. 

El descrédito de la clase política satura al país

Agencias

Desde 2016, el país fue gobernado por siete mandatarios, tres de ellos destituidos por el Congreso. La última fue Dina Boluarte, removida en la madrugada del viernes mediante un juicio político exprés.

Boluarte cerró su mandato con un 96% de desaprobación, según Ipsos, y el Congreso con un 89%. El hartazgo ciudadano se respira en las calles. “Hemos cambiado una rata por otra rata”, dijo Gaby Valdivia, una comerciante.

En su lugar asumió el jefe del Congreso, José Jerí, quien gobernará de manera interina hasta junio. En los últimos años, dos mandatarios renunciaron antes de ser destituidos y solo uno logró completar su interinato.

La inseguridad fue el detonante. Extorsiones y asesinatos son parte del día a día en Perú. El miércoles, un ataque armado contra la banda Agua Marina, que dejó cuatro heridos, precipitó el juicio político contra Boluarte.

Factor calle.  Al menos 74 personas resultaron heridas en protestas recientes contra la criminalidad. Jerí prometió “declararle la guerra al crimen organizado”.  El lunes 15 está previsto un paro nacional.

Economía.  A pesar de las turbulencias políticas, Perú mantiene una economía estable. El sol es una de las monedas más firmes de la región y la inflación anual ronda apenas el 1,4%.

El talón de Aquiles sigue siendo la informalidad laboral: siete de cada diez peruanos trabajan sin protección social ni beneficios legales.

Transición incierta.  Jerí asumió el cargo con la promesa de encabezar un “gobierno de transición”. Pero en un país acostumbrado a los derrumbes presidenciales, seis meses pueden ser una eternidad. La nueva campaña electoral -con 39 precandidaturas en carrera- comienza sin figuras capaces de generar ilusión o estabilidad.