Estados Unidos acusa a Brasil de violaciones de los derechos humanos

El Departamento de Estado estadounidense envió esta tarde al Congreso su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El blanco elegido para cuestionar la violación de tales derechos no fue, como podría presuponerse, la ofensiva de Israel en Gaza o los asesinatos y torturas ejercidos sobre detenidos en cárceles de El Salvador. El target es esta vez el gobierno de Lula da Silva y el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, a quienes acusa de persecución política al expresidente Jair Bolsonaro y a sus partidarios. Menciona además como hecho preponderante que deterioró el debate democrático “al restringir la libertad de expresión en la internet mediante el bloqueo de millones de usuarios e informaciones”.

Esto marca una diferencia clara en las apreciaciones de los distintos gobiernos, como por ejemplo el régimen de Benjamín Netanyahu y su brutal ofensiva en Palestina. El dossier reconoce que hubo ejecuciones extrajudiciales de palestinos; pero destaca como un hecho positivo las medidas que se adoptaron para identificar a los funcionarios responsables de los abusos. Nada dice de la reforma judicial emprendida por el premier israelí, fuertemente puesta en cuestión en informes anteriores por considerarla un ataque a la separación de los poderes.

Otro tanto ocurre con el presidente salvadoreño Nayib Bukele a quien premia con la siguiente aseveración: “No hubo ningún informe creíble” de violaciones significativas de los derechos del hombre. En ambos casos, hay un abismo con las caracterizaciones respectivas de 2024, cuando Joe Biden ocupaba aún la Casa Blanca. Sin duda, estos ejemplos ponen en evidencia el “favoritismo” de la administración Trump respecto a sus aliados, tal como pone de manifiesto el documento del Departamento que lidera Marco Rubio. A la vez, muestra el sesgo netamente político de la acometida contra Brasil. 

Para Trump y Rubio hubo “represión en las redes sociales” en el país sudamericano; y advierten que “figuras políticas y grupos de derechos humanos alertaron sobre la prisión de cientos de individuos” juzgados por participar de las protestas e invadir edificios públicos el 8 de enero de 2023. Se señala que fueron presos durante varios meses sin que se presentaran acusaciones concretas. “Y esos manifestantes —concluye— no tuvieron acceso a la asistencia jurídica”. Por último, después de señalar que “la situación en Brasil empeoró a lo largo del año”, el dossier admite que a pesar de esto, “hubo respeto a los términos de la Constitución”.

Es obvio que la intención de Washington apunta, estos días, a desprestigiar al gobierno y a la justicia brasileña. Todo indica que buscan, por estos medios, obligar al Supremo Tribunal Federal a que libere a Bolsonaro. No es de extrañar semejante presión, si se tiene en cuenta que en octubre de 2026 habrá elecciones presidenciales y a Donald Trump le encantaría tener al expresidente brasileño de extrema derecha otra vez en el Palacio del Planalto.

La familia Bolsonaro tiene un peso notable en las decisiones de la Casa Blanca

Hoy el presidente chino Xi Jinping llamó por vía telefónica a su colega Lula da Silva. Le prestó toda su solidaridad ante la acometida de Estados Unidos y señaló que ambas naciones son un ejemplo de “autosuficiencia” del sur global, en un momento de fuertes desafíos geopolíticos y comerciales.

El jefe de Estado chino aseguró a su par brasileño que “trabajará intensamente con Brasil para dar el ejemplo de unidad entre los principales países” del grupo, y para construir “conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sustentable”. El martes pasado, cuando entró en vigencia el nuevo esquema arancelario para todo el mundo, el canciller Wang Yi conversó con Celso Amorim, asesor en asuntos internacionales del presidente Lula, y le dijo que China “se opone a la interferencia externa irracional”.

ML