Expertos en seguridad critican el operativo contra las favelas del Alemán y de la Penha

SAN PABLO.- Fueron 12 horas donde se accionaron fusiles, ametralladoras y pistolas contra las viviendas y pasajes sin salida; de rutas, avenidas y calles, bloqueadas por barricadas, muchas incendiarias; de explosivos lanzados desde drones; de líneas de ómnibus canceladas; de largas hileras de gente caminando por falta de transporte público; de niños y adolescentes sin escuelas ni actividades deportivas. Esto fue lo que se vivió ayer a lo ancho y largo de la ciudad de Río de Janeiro. La “operación” policial lanzada por el gobernador del estado fluminense Claudio Castro, la madrugada de ayer martes, estaba destinada presuntamente a “limpiar” de narcos a las favelas del Complejo del Alemán y de la Penha; ambos situados en la zona norte de la capital.

Pero así como se inició en la madrugada con 2.500 efectivos policiales, sin ningún aviso previo a los vecinos  pero con las bandas narco en alerta, el operativo concluyó por la noche con un tendal de brasileños asesinados, algunos con tiros en la nuca, otros con marcas de cuchilladas y unos terceros atados de pies y manos. A media noche no quedaba ni un agente policial para ayudar a los vecinos a buscar los cuerpos de sus parientes.

Lo cierto es que para Castro esta operación, la más letal de la historia de confrontaciones vividas en esta ciudad, fue todo un éxito. Así lo describió esta mañana, en conferencia de prensa, donde no quiso reconocer que había más de un centenar de fallecidos por cuenta los tiros, las bombas y los cuchillos. “Sólo tuvimos cuatro víctimas, que son los cuatro héroes policiales” declaró. Es decir, para él más de un centenar estaba compuesto por delincuentes, a los que no valía la pena de otorgarles el derecho de ser juzgados. El secretario de seguridad del estado fluminense sostuvo, incluso, que los daños colaterales fueron "muy pequeños".

Sin embargo, las denuncias de vecinos indicaron que muchos casos de víctimas masacradas nada tenían que ver con el tráfico de drogas.

Hoy la ciudad carioca, amada por el turismo especialmente extranjero, amaneció casi vacía. Ya no había balaceras ni tampoco vallas colocadas que taponaban calles y avenidas. Pero el impacto de estos hechos, que conmovieron al país, aún persiste entre los ciudadanos. En la favela de Penha, fueron sus habitantes quienes salieron a procurar familiares que estaban desaparecidos. Encontraron los restos en una zona selvática del entorno y luego los trasladaron a la Plaza San Lucas para facilitar el reconocimiento. Un activista de la comunidad favelada, Raull Santiago, que buscó a los ausentes y retiró los cuerpos inertes, declaró abismado: “En 36 años de favela vi varias operaciones. Pero nada parecido con la matanza que estoy viendo hoy. Es algo nuevo, violento y brutal”. No por acaso, un grupo de abogados se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envíe peritos internacionales a Río.

Río de Janeiro: los videos y las fotos más impactantes de los enfrentamientos entre narcos y policías

A pesar del éxito al que aludió el gobernador Castro, los objetivos que se lograron distan de haber desarticulado al Comando Vermelho (Rojo) al que se pretendía destruir. Después de “un año de planificación”, según dijo el secretario de Seguridad, donde actuó la policía militar (es decir, del estado provincial) y miembros del Ministerio Público de Río (fiscales), la facción CV respondió con armas muy sofisticadas y hoy volvieron a retomar sus puestos.

Entre los detenidos, se encuentra uno de los hombres de confianza del narco llamado Doca, en verdad un líder intermedio. Y según dijeron pudieron poner tras las rejas a varios delincuentes que proceden de otros estados de Brasil. También señalaron como muy positiva la aprehensión de 200 kg de droga, así como y radio comunicadores.

El gobierno federal ofreció hoy a Castro las cárceles nacionales para alojar a los criminales. Mañana, el presidente Lula da Silva, que acaba de retornar esta madrugada de Kuala Lumpur, convocó a una urgente reunión ministerial para discutir cómo actuará su gobierno en adelante respecto de este acontecimiento de ayer. Por lo pronto, según señalaron los diarios locales, el jefe de Estado pidió a sus colaboradores que eviten cualquier enfrentamiento con el gobernador fluminense.

Críticas a una acción que terminó en fracaso

La mega operación contra el Comando Rojo superó en número de muertes a las ocurridas en 1992, en la represión de 111 prisioneros que se habían sublevado en la cárcel de Carandiru en San Pablo. El hecho fue tan impactante que dio lugar a la realización de una película dirigida por el cineasta argentino Héctor Babenco.

Más muertos en las calles de Río de Janeiro: hay al menos 122 cadáveres en las favelas

Lo cierto es que este operativo de ayer, tan celebrado por el gobernador, fue sin embargo muy criticado por ex secretarios y ministros de seguridad, así como especialistas del Ejército. El propio secretario Víctor Santos, a cargo de la seguridad del estado fluminense, reconoció que hay “dificultades para reprimir el narcotráfico”. Los expertos señalaron que combatir hoy a las mafias de la droga, que además practican otros delitos como el robo de órganos para trasplantes y secuestros de niñas para esclavizarlas sexualmente, es una labor muy compleja que exige mucha investigación previa.

“Los grupos criminales llegan a cooptar gente de las propias fuerzas de seguridad para extraerles información técnica” dijo un coronel del Ejército. Y añadió: “La sofisticación en las acciones tiene que ver con el nivel de las armas, casi todas procedentes del contrabando con países de Europa, Asia y hasta África”. Inclusive, mucho de ese comercio ilegal se realiza a través de internet: fue esa la forma en que accedieron a drones con cargas explosivas de medio kilogramo, que se ofrecen a precios de entre 600 y 1800 dólares.

Otro de los grandes cuestionamientos es que el gobernador Castro lanzó esta acción por su propia cuenta, es decir con la policía local y sin informarle al gobierno central. Eso provocó mucha desconfianza en el Palacio del Planalto en Brasilia, dado que el lanzamiento de este operativo ocurrió en paralelo con el reinicio del juicio de la Corte Suprema contra Jair Bolsonaro, para esta vez analizar las apelaciones presentadas por sus abogados.