Una operación policial que dejó un saldo de al menos 130 muertos, pero ningún resultado

Primero fue un trascendido y luego vino la confirmación: dirigentes del Comando Vermelho supieron con antelación que 2.500 agentes policiales irían a ocupar dos complejos de favelas: Alemán y Penha. El operativo “Contención”, como fue bautizado, se desplegó el martes último a las 6 de la mañana a pesar de que la propia policía se había enterado de las filtraciones que ya corrían entre los cabecillas narcos. La Secretaría de Seguridad se apresuró a comunicarle la peligrosa situación al gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. Pero este juzgó que ese dato no era suficiente para suspender la acción.

Lo cierto es que al enterarse de lo que se venía, a la 1 de la madrugada los lideres del Comando Rojo que estaban en el Alemán decidieron huir. De acuerdo con las informaciones disponibles, salieron por la bajada principal de esos morros en 20 motos, y en la fuga se tirotearon con algunos agentes que se habían apostado a los costados de la ruta de salida para espiar los movimientos. De acuerdo con informaciones de estos guardias, en esa breve confrontación murieron dos de los narcos.

Bastó este hecho para alimentar las críticas de especialistas sobre cómo fue ideado y puesto en práctica el conflicto vivido el martes último. Nada más real, como resultado, que la muerte de 120 “delincuentes” (según el gobernador y sus secretarios), aunque probablemente ese cálculo oficial crezca en las próximas horas, que de acuerdo con los analistas brasileños podrá trepar a más de 130.

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Según el Gobierno de Castro, había 60 muertos entre los presuntos criminales y cuatro agentes fallecidos “en combate”. Nada se dijo entonces de los 70 cuerpos encontrados por los habitantes de la Penha, en un área vecina cubierta de vegetación selvática. Fue esa comunidad la que salió a buscar los restos y se deparó con una escena pavorosa: cadáveres degollados, otros atados de pies y manos y varios con una bala en la nuca. Como afirman los propios “favelados”, esto fue ni más ni menos que una masacre.

A una mayoría les hizo recordar casos del pasado, como la muerte por incendio de 111 presos en la cárcel paulista de Carandirú. Esta vez, sin embargo, los conjuntos de favelas del norte de la capital carioca superan con creces el número; al punto que los medios han dicho que la operación del martes es la “más letal de la historia”.

Este jueves, algunos ministros de Lula se reunieron con la Central Única de Favelas (CUFA), cuya sede queda a pocos pasos de la Plaza de San Lucas, donde fueron alineados los 70 brasileños asesinados por la propia fuerza policial. Los familiares les dieron a los miembros del Gobierno de Lula da Silva precisiones sobre quiénes eran los fallecidos y en qué condiciones se encontraban los cuerpos.

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La delegación ministerial, enviada por el presidente brasileño, indicó que el Gobierno nacional dictará una serie de medidas para sostener a los familiares de los muertos; entre estas decisiones figura dar soporte financiero a las familias, además de garantizarles la seguridad.

La ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, anticipó que el Gobierno en Brasilia llevará adelante una pericia independiente sobre los cuerpos, dado que algunos mostraban signos de tortura previa. En una conferencia de prensa advirtió que el operativo “contención” resultó en un “fracaso total, una tragedia, un horror innombrable”.

La funcionaria indicó que “si queremos combatir a las mafias del narcotráfico, tenemos que empezar por las alturas (los jefes principales). No lleva a ningún lado hacer la represión en las propias favelas donde quedan expuestos los niños y los ancianos”.

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La Defensoría Pública del Estado fluminense indicó que hay claras señales de violaciones de los procedimientos legales, ejercidos por el escuadrón policial. Sostuvo, también, que los cuerpos hallados en el área selvática del conjunto de favelas de la Penha fueron dejados en esa área con la intención de ocultarlos a los propios familiares. “Hubo sin duda una intención de cometer un verdadero exterminio”, declaró Marcos Paulo Dutra, coordinador de la Derechos Humanos en la Defensoría.

“No se trata de casos aislados sino de una política deliberada que se basa en la guerra”. Lo peor de este siniestro episodio es que la ofensiva policial no tiene ningún efecto. Se fueron todos exactamente a las 18 del martes; pues el gobernador Castro no quiso dejar a nadie: ni agentes, ni bomberos ni nadie de la defensa civil, para que pudieran recoger los cuerpos tendidos en esa pequeña área selvática.

ML