Barrancas de Belgrano: El búnker de Santiago

Según pudo constatar este medio, en el edificio donde reside Santiago Caputo, en la calle Arcos, funciona un esquema de vigilancia que incluye personal de civil apostado de manera permanente y un vehículo de apoyo sin identificación visible. Cuando el asesor presidencial se encuentra en el lugar, el dispositivo se refuerza con efectivos uniformados de la Policía de la Ciudad.

La escena plantea una pregunta central: ¿Bajo qué normativa específica se encuentra protegido uno de los hombres más influyentes del Gobierno?

Un asesor sin cargo jerárquico, pero con poder político

Caputo ocupa una posición singular dentro de la administración libertaria. Aunque formalmente se desempeña como asesor presidencial, distintas fuentes oficiales y políticas lo ubican entre las figuras con mayor capacidad de decisión dentro del denominado "triángulo de hierro", integrado por Javier Milei, Karina Milei y el propio estratega político.

Su influencia atraviesa áreas sensibles de la gestión, desde la comunicación gubernamental hasta la estrategia política y electoral. Sin embargo, los asesores presidenciales no figuran expresamente entre las categorías de funcionarios que cuentan de manera automática con custodias permanentes por el solo hecho de ocupar ese cargo.

El interrogante normativo

La legislación vigente contempla la posibilidad de asignar protección personal a funcionarios o personas cuya exposición pública o nivel de riesgo así lo justifique. No obstante, hasta el momento no se conocen públicamente los fundamentos administrativos que habrían dado origen al operativo de seguridad desplegado en torno al asesor presidencial, ni tampoco la evaluación de riesgo que eventualmente podría respaldarlo.

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La falta de información oficial deja abiertas preguntas relevantes para el control ciudadano sobre el uso de recursos públicos.

Las preguntas que siguen sin respuesta

La falta de información oficial deja abiertos numerosos interrogantes. Hasta el momento no se conoce qué organismo determinó la necesidad de asignar una custodia al asesor presidencial, si existió una evaluación formal de riesgo que la justificara ni cuál es la fuerza de seguridad responsable del operativo. Tampoco hay datos públicos sobre la cantidad de efectivos afectados de manera permanente, el costo mensual y anual que implica el dispositivo o la existencia de una resolución específica que haya autorizado la protección. En ese contexto, persiste una pregunta de fondo: si se trata de una medida excepcional fundada en circunstancias particulares o de un esquema habitual para funcionarios que, aun sin ocupar cargos jerárquicos tradicionales, ejercen una influencia determinante dentro del Gobierno.

Recursos públicos y transparencia

El caso adquiere especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno ha construido buena parte de su discurso sobre la reducción del gasto estatal, la eliminación de privilegios y la revisión de estructuras consideradas innecesarias.

Por eso, más allá de la figura de Caputo, la discusión de fondo gira en torno a otro aspecto: qué criterios utiliza el Estado para asignar recursos de seguridad personal y qué nivel de transparencia existe sobre esas decisiones.

La respuesta a esas preguntas no solo permitiría conocer el alcance de la protección asignada a uno de los hombres más poderosos de la administración Milei. También ayudaría a comprender cómo se administran los recursos públicos destinados a custodiar a quienes, aun sin ocupar cargos formales de máxima jerarquía, ejercen una influencia determinante sobre las decisiones del poder.

JCS/ff