Día 613: Robo para la corona 2, los Milei y los Menem  

Escándalos de corrupción en el Gobierno, vetos a discapacidad y jubilaciones ¿Los argentinos estamos cada vez menos sensibles? ¿Toleramos cosas de este Gobierno que no hubiéramos tolerado de los anteriores? Es que la escena se puede calificar de espeluznante. 

Mientras el Gobierno insulta a un niño autista, a su madre, y ajusta las partidas destinadas a que puedan atenderse, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, confirma en audios filtrados que hay corrupción en la compra de remedios que terminarían en los bolsillos de Karina Milei, entre otros. ¿Qué sucedería si algo así hubiese sucedido con Máximo Kirchner, durante el gobierno anterior, por ejemplo? 

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan: ‘Es el 5, el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)”, dice Spagnolo en uno de los fragmentos. 

"Esto no es una operatoria improvisada. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional y lo frisé. Después me quiso meter al de Recursos Humanos y lo frisé. Al final me metió el más importante de todos a través de Karina. Uno que vino para chorear", menciona el funcionario en otro de los audios en el que nombra a Lule Menem a Karina Milei. El propio Spagnuolo es un funcionario de máxima cercanía del presidente Javier Milei. En este caso, la corrupción explota en el corazón mismo del Gobierno. 

“Robo para la corona” es un libro de investigación periodística publicado en 1991 por Horacio Verbitsky, en el que se analiza la trama de corrupción y negocios turbios que se consolidaron en la Argentina durante la última dictadura militar y el gobierno de Carlos Menem. El texto no se centra en un caso puntual, sino que despliega una radiografía de cómo se estructuró un sistema en el que empresarios, banqueros y políticos se enriquecieron mediante licitaciones fraudulentas, estatizaciones selectivas de deuda privada, tráfico de influencias y reparto de recursos estatales entre grupos amigos, pero esencialmente tenía que ver con el menemismo. . 

El título mismo del libro es una ironía: a diferencia del delincuente común que roba “para sí mismo”, aquí el robo se hacía en nombre de la “corona”, es decir, del poder político y económico. Concretamente, el autor tomó el concepto de una frase de José Luis Manzano, quien decía que no robaba para sí, sino para la corona. 

Verbitsky sostiene que no se trataba de individuos aislados sino de un entramado institucionalizado, donde la corrupción se volvía mecanismo de gobierno. La obra desmitifica la idea de un Estado neutral y muestra cómo los resortes del poder fueron puestos al servicio de determinados grupos económicos nacionales y extranjeros, en detrimento de la mayoría de la población.

El libro se convirtió en un hito porque, en plena euforia del menemismo, puso sobre la mesa la discusión sobre la corrupción estructural en Argentina, anticipando debates que décadas después seguirían vigentes. Su impacto fue tal que “robar para la corona” se volvió una expresión de uso común para referirse al saqueo del Estado en beneficio de una persona: la corona. Es decir, robaban para el presidente y su familia. Más que un alegato moral, fue un retrato descarnado de cómo se naturalizó la impunidad en la transición democrática y cómo las redes de negocios, favores y prebendas marcaron el rumbo de la política argentina.

Con las denuncias que indicaban a Karina como la cajera que cobraba reuniones con el Presidente -que fueron desencadenadas por el caso $LIBRA-, las denuncias sobre el cobro de las candidaturas y ahora este escándalo, parece haber en el país un nuevo sistema de robo para la corona del que probablemente solo sabemos una parte. La punta del iceberg.

Por otro lado, ayer la oposición logró frenar el veto de Milei a la emergencia en Discapacidad, pero no pudo con el aumento a los jubilados que finalmente fue blindado. Sin embargo, lo más importante es la política que el Gobierno está haciendo fuera de los palacios, en la sociedad. Hay en funcionamiento un plan sistemático y coordinado de desensibilización social. 

La desensibilización sistemática es una terapia de la psicología conductual que sirve para curar las fobias. Si el caso fuese una fobia a las arañas por ejemplo, se le presenta una foto del objeto fóbico, luego se acerca la foto, luego se coloca una araña en otra habitación, tiempo más tarde se la va acercando. Mientras tanto, se realizan ejercicios de respiración y relajación. Con el tiempo, el sujeto pierde el miedo a las arañas, por ejemplo. 

Parece que el Gobierno utiliza la desensibilización sistemática, pero no como método terapéutico, sino como técnica de disciplinamiento social. Primero se hacen tuits contra los discapacitados y los jubilados como colectivos desde cuentas troll libertarias. Luego, declaraciones presidenciales. Después, ataques e insultos. Más tarde, se van ajustando sus partidas presupuestarias. Luego, se los reprime en las manifestaciones y se vetan las leyes que los protegen. Es un proceso paso a paso, como en el caso de las fobias. 

El objetivo es quebrar la concepción de que el Estado debe garantizar el bienestar de estos sectores vulnerables de la sociedad. No es una simple discusión fiscal. No se discute si un punto más o menos del PBI. De hecho, no hay presupuesto. El Gobierno utiliza un presupuesto de hace dos años, totalmente licuado por la inflación. Es un debate de fondo. 

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El mismo Spagnuolo, titular del área de Discapacidad en el Gobierno, de quien ahora se filtraron unos audios que dan cuenta de coimas en el oficialismo, le dijo a la madre de Ian Moche: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad no es responsabilidad del Estado”. Para que esta frase aberrante pueda ser tolerada por los oídos de los argentinos -una sociedad con fuertes tendencias solidarias e igualitarias- hace falta un ajuste cultural más que un ajuste fiscal. Es decir, un cambio de subjetividad, en la escala de valores y en los sistemas de creencias. Por eso la desensibilización sistemática. 

“@usdtermo”, una cuenta troll libertaria, posteó: “La tenés adentro autista boludo y tu mamá también” en referencia a Ian Moche y su madre. Pido perdón por la grosería, pero estamos tratando de mostrar una forma de proceder del Gobierno. Esta cuenta tiene casi 160 mil seguidores, y cada tuit tiene cientos de miles de impresiones, porque además tienen miles de retuits. 

De hecho, varios medios denuncian que Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, también lo retuiteó, aunque él lo niega. El tuit festejaba un fallo de la Justicia que respaldaba a Javier Mile para que pueda tuitear como ciudadano, justamente en una acusación contra el propio Ian Moche. 

¿Por qué todo esto es importante? Porque si aceptamos que el Gobierno -primero en la figura de sus voceros en redes, y luego de sus funcionarios- ataque a los más débiles, se pueden llevar adelante políticas de ajuste que la sociedad no hubiese tolerado en otros años. De hecho, el conflicto social que generó la reforma previsional en 2017 por una mínima modificación en la forma de actualización es muchísimo más importante que las marchas de jubilados de todos los miércoles en Congreso, a pesar de que la situación de los adultos mayores es mucho peor que aquella del macrismo. ¿Qué hubo en el medio? 

Tal vez, en algo, todo este bombardeo comunicacional del Gobierno hace que vayamos perdiendo la sensibilidad y aumentando los niveles de indolencia, de tolerancia, frente a lo que antes, jamás hubiéramos tolerado como sociedad. Además, los jubilados, los discapacitados y el Garrahan funcionan como casos testigos. Es decir, no son solo blancos de esto que dimos a llamar Programa Libertario de Desensibilización Social, sino que además tienen un efecto disciplinador, como un ejemplo para todo lo demás. 

Si el Gobierno puede recortar gastos en un hospital que atiende niños con cáncer, si puede recortar gastos en personas que necesitan sillas de ruedas o en remedios para los jubilados, ¿quién soy yo para reclamar siendo un trabajador estatal o un vecino que necesita obra pública? Tal vez el problema es que nunca se puede discutir racionalmente en un país en el que se plantea la polarización. 

Evidentemente, el sistema previsional tiene muchos problemas y esto es así en la mayor parte del mundo. Al mismo tiempo, se puede entender que había irregularidades en el sistema de subsidio a la discapacidad. Por ejemplo, el promedio mundial de discapacidad destinado sobre el Producto Bruto Interno (PBI) es de 0,5%. En Argentina, era del 0,8%. 

Claramente había un porcentaje mayor destinado en subsidios por discapacidad, y seguramente el Gobierno tiene razón en que algunas personas se aprovechaban de la laxitud del control. Eso no quiere decir que por eso se tengan que reducir  de la manera en la que se redujeron. La licuación que produjo el gobierno de Milei llevó el presupuesto al 0,4% del PBI. Es difícil calcular a cuánto se irá el porcentaje luego del rechazo al veto en el Congreso, pero es posible que se acerque a ese 0,5% del promedio mundial. 

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En tiempos del kirchnerismo, intentar discutir el gasto público y ajustar los problemas que generaba era estar en contra de todos los derechos y ser de ultraderecha. Si se iba a discutir que había personas que se aprovechaban del sistema de subsidios y no los necesitaban era ser de ultraderecha. Había un populismo fiscal con el tema. Esto se resolvía con emisión y repercutía en la inflación. 

Ahora, quien quiere discutir los números finos de esto es tildado de mandril golpista por el Gobierno y acusado de querer desestabilizar al Estado para provocar un desastre económico. No hay una discusión seria en las cuestiones en las que, como siempre, la verdad está equidistante de los extremos.  

Entonces, las dos principales fuerzas de la polarización nos encierran en una discusión de o se tolera la emisión para tapar todos los problemas del país con sobreprecios y corrupción de por medio, o se tolera la motosierra indiscriminada contra los más débiles y, atención con esto, sin que la corrupción se termine. Pareciera apropósito que el día en el que se discutió el veto por discapacidad apareció el escándalo de quien controlaba la ANDIS. 

Estalló el escándalo político cuando se filtraron audios del hasta exdirector del organismo de discapacidad, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, el funcionario describía con crudeza un mecanismo de cobro de sobornos en la provisión de medicamentos. Según sus propias palabras, la droguería Suizo Argentina, ligada a Martín Menem, obligaba a los proveedores a pagar un porcentaje de sus ventas, que luego se distribuía entre altos funcionarios del gobierno, mencionando incluso a Karina Milei. 

En los audios, Spagnuolo hablaba de cifras cercanas a los 800 mil dólares mensuales y sostenía haber advertido al propio presidente sobre lo que estaba ocurriendo. La magnitud de lo revelado llevó a Javier Milei a cesarlo y anunciar la intervención de la agencia por el ministro de Salud, Mario Lugones, criticado por el tema del fentanilo, en lugar de corregir el sistema que se estaba denunciando.

Lo más grave es que los audios no surgieron de la nada. Meses antes, en 2024, Spagnuolo había denunciado públicamente la existencia de cientos de miles de pensiones por discapacidad otorgadas de forma irregular. Según sus informes, se habían concedido beneficios a personas con propiedades o ingresos suficientes, sin cumplir los requisitos de incapacidad o vulnerabilidad. 

Esa denuncia derivó en una causa judicial, que ahora cobra nuevo sentido a la luz de los sobornos descritos en las filtraciones. Es correcto decir que había personas que cobraban los subsidios de manera injustificada, y que esto llevaba el promedio mundial de destinación de fondos sobre el PBI de 0,5 a 0,8%. Pero esto no significa que se le corte o licue el subsidio a la mayoría de las personas. 

A esto se suman gastos llamativos dentro de la ANDIS, como contratos para eventos, luces, sonido, remeras y hasta artistas, alejados de los fines institucionales. Para la oposición, todo configura un sistema de desvío de fondos y negocios paralelos montados en un área particularmente sensible: el acompañamiento a personas con discapacidad. No cabe ninguna duda que hubo excesos. 

Podríamos decir que en todo gobierno hay corrupción, y que el punto es qué se hace con ella. El Congreso ya anunció pedidos de informes y en la Justicia comenzaron a acumularse denuncias penales. En definitiva, el caso Spagnuolo no sólo expone posibles coimas millonarias, sino también el costado más vulnerable del ajuste de una agencia destinada a garantizar derechos. 

Diego Spagnuolo no era un funcionario menor dentro del esquema libertario. Su proximidad con Javier Milei se remonta a los tiempos en los que el hoy presidente era un outsider mediático y su círculo íntimo apenas superaba la docena de colaboradores. Spagnuolo, militante del riñón de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, se transformó en un hombre de confianza por su perfil técnico, su disciplina en el armado territorial y su disposición a ejecutar decisiones sin discutirlas. 

En los meses de campaña, se lo veía en reuniones cerradas, siempre a la sombra de Karina Milei y Martín Menem, pero con línea directa al propio Milei cuando se trataba de temas de gestión social y subsidios, un área que el libertario consideraba clave para contrarrestar la narrativa de que su proyecto ignoraba a los sectores más vulnerables. Quería demostrar que no era así, sino que había sectores que se aprovechaban de los más vulnerables. 

Esa cercanía quedó reflejada en su nombramiento al frente de la agencia, cargo al que llegó no por sugerencia de un aliado provincial ni por presión de sectores internos, sino por decisión de Karina Milei. El Presidente lo definía en privado como “un libertario puro, de los que estuvieron desde el principio”. Incluso, en varias entrevistas, Milei mencionó a Spagnuolo cuando defendía su equipo contra las críticas de inexperiencia, asegurando que se trataba de “gente preparada, con valores y convicciones”.

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La caída del funcionario tras la filtración de audios en los que detallaba presuntos mecanismos de sobornos expuso la fragilidad de ese vínculo. Spagnuolo decía haber informado al propio Milei de las maniobras y eso alimentó las versiones de que conocía demasiado del entramado interno como para ser un simple “soldado descartable”. 

La oposición aprovechó el episodio para remarcar que su nombramiento nunca fue un error aislado: era el resultado de la confianza personal del Presidente. Esa confianza, construida en los años de marginalidad política, convierte al caso en algo más que un escándalo de corrupción. Revela cómo Milei se apoya en un círculo reducido, donde la lealtad suele pesar más que la transparencia.

Por todo esto, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, hizo una denuncia dirigida a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo, los involucrados en los audios. 

Esto también tiene que ver con la desensibilización social. ¿Cuánta corrupción y escándalos del Gobierno está dispuesta a tolerar la sociedad por un poco de estabilidad en la inflación? Es como si hubiese un pacto implícito entre los diferentes sectores socioeconómicos en el que a cambio de un dólar barato que posibilitó viajes al exterior para la clase media y estabilidad inflacionaria para el conjunto de la sociedad se tolerase la brutalidad del Gobierno contra sectores vulnerables como los discapacitados y los jubilados, escándalos de corrupción como este y el caso $LIBRA y una fuerte recesión económica. 

Si en otra época el lema era “roba, pero hace”, en esta época sería “roba, pero baja la inflación”. Es como si cada argentino espera tener suerte y que la motosierra el parate económico no le llegue. Una desensibilización que deja a los argentinos en un individualismo esperanzado en que, a pesar de que a muchos de sus conocidos les vaya peor, ellos puedan estar mejor. 

Faltan poco para las elecciones y tenemos que hacer un ejercicio de resensibilización. Volver a sensibilizarnos y desnaturalizar la crueldad contra los más débiles, la corrupción y la incoherencia del Gobierno. En las próximas elecciones de octubre el Gobierno aspira a obtener sus 87 héroes para poder blindar todos los vetos a las leyes de la oposición, así como hizo ayer con los jubilados. Para que Argentina no se transforme en una suerte de Vetolandia, hay que ir a votar al candidato que cada uno mejor le parezca de la amplia variedad de candidatos opositores que produjo la fragmentación.  

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi  

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