Día 695: La CGT ante el desafío de la reforma laboral

Las transformaciones del empleo, tecnológicas, estructurales y culturales, desafían en todo el mundo las formas tradicionales de representación obrera. En Argentina, la caída de la sindicalización, la precarización laboral y la desarticulación política del peronismo amenazan con debilitar aún más a la Confederación General del Trabajo (CGT), que, al igual que el Partido Justicialista (PJ), hoy atraviesa una crisis de orientación.

Cristina Kirchner advirtió recientemente, mediante un documento de balance electoral en sus redes sociales, que el gobierno de Javier Milei impulsa una “ofensiva para romper el peronismo y el campo nacional y popular”, con el objetivo de transformar a la Argentina en una “factoría” y debilitar su organización política y social. Pero en su análisis también criticó la estrategia electoral del gobernador bonaerense Axel Kicillof de desdoblar los comicios provinciales, criticando indirectamente también a los dirigentes sindicales que lo apoyaron. 

El Gobierno salió fortalecido de la elección, con un aval popular a su gestión que le permitirá intentar avanzar con su programa de transformaciones. Y es posible que la reforma laboral impulsada por el oficialismo tenga como intención también desarticular las estructuras sindicales de la Argentina además de la transformación productiva. Economistas de distintas orientaciones han opinado que es muy raro que se aplique una reforma de fondo en un contexto de recesión económica y caída de la producción y el consumo como el actual y que de aprobarse terminará resultado una reforma lavada porque no contaría con mucho apoyo en un contexto recesivo.

Sucede que, tras el triunfo electoral, el Gobierno busca avanzar en su programa de reformas, que tiene como principal eje la reforma laboral. Pero una reforma laboral en un marco de recesión, aunque con el tiempo pueda generar un aumento de la riqueza total, podría inicialmente aumentar el desempleo si no se acompaña con políticas que desarrollen la producción y el consumo, por eso generalmente estas reformas son generalmente realizadas en momentos de crecimiento económico.

La CGT elige su nueva conducción entre disputas internas y la presión por la reforma laboral

La CGT se prepara para realizar hoy un congreso clave en el club Obras Sanitarias, donde se renovarán las autoridades de la central obrera. Todos los sectores hablaron de mantener la unidad, pero hay tensión entre distintas estrategias. Las diferencias surgen sobre el rumbo que debe tomar: si continuar con una postura dialoguista frente al gobierno de Javier Milei o adoptar una estrategia de confrontación ante políticas como la reforma laboral. 

Si todo avanza según las últimas negociaciones, la nueva conducción de la CGT estará integrada por un triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), quienes encabezarán un Consejo Directivo de 50 miembros. Las tensiones internas persisten hasta último momento, especialmente por la resistencia de Luis Barrionuevo, Roberto Fernández y Omar Maturano, aunque figuras históricas como Héctor Daer, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez lograron recomponer acuerdos para asegurar la unidad. Según fuentes cercanas a la cúpula, el rol de Hugo Moyano resultó clave para sellar el equilibrio interno, al imponer la permanencia de Argüello y garantizar la presencia de los Camioneros en la cúpula. 

La CGT enfrentará el desafío de atravesar la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Distintas voces de la central han considerado que las propuestas de modernización podrían debilitar los convenios colectivos y la estructura sindical. La central de trabajadores viene atravesando un lento pero progresivo desgaste. A los fuertes cuestionamientos que recibió durante la presidencia de Mauricio Macri, donde incluso vivieron un escenario de desborde, sucedió su pasividad durante el gobierno de Alberto Fernández, donde se pronunció la caída del poder adquisitivo. La central ha perdido protagonismo en los últimos años, y también sufre por la fuerte interna que atraviesa el peronismo, todavía intentando recuperarse de la última derrota electoral.

También es cierto que las transformaciones en el trabajo, con la irrupción del trabajo por aplicaciones, por ejemplo, plantean desafíos a las formas clásicas de organización de los trabajadores. Y transformando también la subjetividad del propio trabajador.

El hecho de que Milei y los libertarios tengan tanta pregnancia entre los trabajadores de aplicaciones, nos habla de esos cambios en la subjetividad. A pesar de la precarización que implican estos empleos, hay quienes adhieren al relato de la “libertad” que permiten en términos de horario y organización personal, aunque la soledad del trabajador frente a la aplicación también obstaculiza la organización y negociación colectiva.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, ligado al kirchnerismo, insiste en la necesidad de definir un programa de acción que incluya la defensa del salario, las paritarias libres y la revisión de la deuda externa. Para él, sin una estrategia que frene el endeudamiento del país, no será posible impulsar un desarrollo industrial sustentable.

Por otra parte, hay figuras más dialoguistas, como Martínez, que puja para que los sindicatos participen del “consejo de mayo”, y discutan las reformas con el Gobierno. Sin embargo, aún el sector más dialoguista se mostró crítico con las últimas declaraciones de Federico Sturzenegger, quien apuntó contra las negociaciones colectivas, algo que dejaría a los sindicatos nacionales convertidos en un espacio testimonial.

El ministro de Desregulación y Transformación del gobierno de Javier Milei afirmó desde España que busca desarticular la estructura de los gremios instaurando los convenios colectivos por empresa sobre los convenios generales por actividad. El abogado laboralista Gustavo Ciampa y el exministro de Trabajo Carlos Tomada advirtieron que este modelo ya fracasó en el pasado y vulnera principios constitucionales.

El argumento oficialista sostiene que los sindicatos impiden la creación de empleo y que los convenios generales son rígidos e inmodificables. Durante una entrevista en Radio Mitre, Sturzenegger afirmó: “En Argentina, como en Italia, las negociaciones son por sector y aplican a todo el país. Por ahí se ponen de acuerdo los productores con Toyota, en Campana, y le imponés ese salario a un productor de Salta, que por ahí no puede pagarlo”

Ayer, en Modo Fontevecchia, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó que la reforma laboral propuesta por el Gobierno podría tener efectos contraproducentes si no se acompaña de un proyecto industrial sólido. Reconoció que el sector requiere una modernización de las leyes laborales para fomentar la productividad y la competitividad, pero advirtió que, en un contexto de caída de la industria, la reforma podría terminar generando más desempleo en lugar de empleo.

Rosato alertó que, en la situación actual, una reforma laboral podría transformarse en una herramienta para despedir personal a menor costo, en lugar de promover nuevos puestos de trabajo. Con tarifas energéticas en aumento y caída de la demanda, muchas empresas están por debajo del punto de equilibrio. En ese escenario, concluyó, cualquier cambio que no contemple la recuperación industrial solo agravará la crisis y acelerará el cierre de PyMEs.

“¿Cuál es la herramienta que tengo para despedir gente a bajo costo? Va a ser la reforma laboral. Entonces, en vez de transformarse en una manera para generar empleo, esa reforma laboral se va a transformar en una manera para generar desempleo”, declaró Rosato.

“La reforma laboral va a generar desempleo”, afirmó un referente PyME

Durante las últimas dos décadas, las reformas laborales en distintos países del mundo han seguido un patrón común de flexibilización del empleo y descentralización de la negociación colectiva. Estas medidas, impulsadas con el argumento de fomentar la competitividad y atraer inversiones, han modificado las reglas tradicionales del trabajo estable. Casos como la reforma de Brasil (2017), los códigos laborales de India (2019–2020) o las ordenanzas laborales de Francia (2016–2017) muestran una tendencia a permitir más acuerdos a nivel de empresa y a reducir la rigidez de las protecciones laborales.

Sin embargo, muchos sindicatos y especialistas advierten que, aunque estas reformas han buscado dinamizar la economía, también han debilitado la capacidad de negociación de los trabajadores y ampliado las brechas en la calidad del empleo.

En Europa, procesos de flexibilización iniciados en los 2000, como las reformas Hartz en Alemania o la reforma laboral en España de 2012, siguen generando debate sobre su impacto social. 

Pero de conjunto, el panorama global refleja un reacomodamiento de los marcos laborales: los estados buscan adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos, pero enfrentan el desafío de no erosionar los derechos colectivos que garantizan la estabilidad y representación de los trabajadores.

Por otro lado, el proceso de desindicalización constituye una de las transformaciones más notorias del mundo del trabajo contemporáneo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la densidad sindical -es decir, la proporción de trabajadores afiliados a sindicatos- ha caído de forma sostenida desde los años 80, especialmente en los países industrializados. Factores estructurales como la desindustrialización, el auge del empleo en servicios y la expansión de formas de trabajo precario o informal han reducido el campo tradicional de acción sindical. 

Y esta tendencia también tiene su correlato en Argentina que, aunque en caída, mantiene un nivel de sindicalización superior al promedio mundial. Se estima que más del 35% de los trabajadores en blanco están sindicalizados, lo que de todas maneras es un porcentaje bajo del total de trabajadores, si consideramos que casi la mitad están en negro. Es el 35% del 50%, equivalente a menos del 20%. 

Algunos movimientos sindicales buscan renovarse y adaptarse al nuevo escenario, impulsando la organización de trabajadores de plataformas, la paridad de género en sus estructuras y la cooperación internacional. No obstante, la desindicalización sigue siendo uno de los retos centrales para el trabajo decente en el siglo XXI. Es probable que haya una relación entre la desindicalización y la desafiliación de los partidos políticos. 

En Estados Unidos, donde se vivió en los últimos años cierta ola de sindicalización, también hubo intentos fallidos, como el emblemático caso de Amazon en el centro de distribución de Bessemer, Alabama. Allí los trabajadores de Amazon votaron en abril de 2021 con un resultado de 1.798 votos contra sindicalizarse frente a 738 votos a favor, lo que significó un rechazo mayoritario de unirse al sindicato Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU). Los informes indican que Amazon desplegó una intensa campaña anti-sindicato -incluyendo reuniones obligatorias con empleados, mensajes de texto y folletos que instaban a votar “NO”- bajo la justificación de que la sindicalización tendría efectos adversos para los trabajadores lo que finalmente terminó convenciendo a sus trabajadores de que votaron en contra de sindicalizarse.

Respecto de las jornadas laborales, hay diferencias importantes entre países que ilustran los contextos en que operan los sindicatos y las reformas laborales. Por ejemplo, en Chile en 2023 se aprobó una ley para reducir progresivamente la jornada semanal de 45 horas hacia 40 horas en un plazo de cinco años. En Brasil la jornada estándar legal es de 44 horas semanales.  

En el caso de China, si bien la ley estipula un límite de 8 horas diarias y no más de 44 horas semanales en promedio para los trabajadores normales, aunque en la práctica existen sectores donde se trabaja 9 horas diarias, seis días por semana, o sea, hasta 54 horas, especialmente en la industria tecnológica. Estas diferencias muestran que el marco horario legal -y cómo se cumple o no- es un factor relevante para entender tanto la negociación colectiva como los retos sindicales en distintos sistemas laborales, y la productividad y la competencia en esas regiones.

En Argentina, a pesar de contar con la jornada laboral de 8 horas, los bajos salarios han impulsado la proliferación del pluriempleo. La extensión de la jornada laboral es un rasgo creciente: casi un tercio de los ocupados trabaja más de nueve horas diarias, y los asalariados registrados son los más afectados. Muchos trabajadores llegan a dedicar entre 60 y 70 horas semanales para sostener su nivel de vida, sin lograr estabilidad. La pérdida de tiempo libre, la fatiga y el desgaste físico y mental son consecuencias comunes de este modelo laboral.

El deterioro del salario explica en gran parte esta realidad. Entre 2016 y 2023, los ingresos reales cayeron alrededor de un 40%, y hoy un asalariado promedio apenas cubre dos canastas básicas. Argentina pasó de tener salarios que superaban la línea de pobreza a ubicarse entre los países donde el ingreso laboral apenas alcanza para sobrevivir. Este fenómeno afecta a trabajadores formales e informales, y golpea especialmente a las mujeres, quienes enfrentan mayores niveles de precariedad e informalidad.

Muchos empleados registrados suman actividades informales o en plataformas digitales, lo que las estadísticas oficiales aún no reflejan del todo. La crisis no se expresa tanto en el desempleo como en la precarización: más horas, múltiples trabajos y menor calidad de vida. El trabajo formal ha dejado de ser sinónimo de bienestar, y la pérdida del poder adquisitivo amenaza con transformar estructuralmente el mercado laboral argentino.

Juan Domingo Perón sostenía que la única verdad es la realidad y la realidad demostró que estas leyes laborales generaron una precarización donde más de la mitad de los trabajadores no están registrados, ni mucho menos sindicalizados, y los registrados, en blanco, cobran salarios con la menor capacidad de consumo de los últimos 50 años.

El mercado solo fue haciendo reforma laboral que no realizó la política, como los costos laborales son tan altos, los sueldos en blanco inevitablemente bajan para adecuarse a la productividad porque llevan implícito el costo de la llamada "industria del juicio", finalmente afectando a todos los trabajadores. Por eso, varios proyectos que no son los del gobierno vienen planteando un sistema de aporte mensual a un fondo de desvinculación, como es en Brasil y en Argentina la construcción, que elimine los reclamos judiciales indemnizatorios y sistematice la alternancia laboral con cobertura. Esa sería la verdadera reforma que generaría empleo, desconflictuaría las relaciones laborales y generaría más productividad para el beneficio de toda la economía en su conjunto.

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En definitiva, el empleo y las relaciones laborales son un tema que la sociedad debe debatir ampliamente para buscar un camino que beneficie a todas las partes. Que desarrolle la producción y permita una redistribución de ese excedente que mejore las condiciones laborales. En el pasado empresas, gobierno y sindicatos debían ser parte de esas discusiones, el problema hoy es que los sindicatos no representan a la mitad de los trabajadores que no están registrados, y son los que no tienen voz.

Si la reforma de Milei y Sturzenegger, más que un intento de modernización productiva se orientará a restar poder a las estructuras gremiales tendría un triunfo pírrico porque el problema no son los sindicatos, sino un sistema que genera costo laboral adicional por la conflictividad judicial que impone, lo que llevó a la mitad del país a no estar registrado como trabajador formal. Los empresarios no consideran a los sindicatos parte del problema sino a los costos de la conflictividad judicial laboral. 

La CGT tendrá el desafío de redefinir su rol ante un escenario en el que las nuevas formas de empleo demandan una renovación profunda de sus estrategias. El sindicalismo argentino, que históricamente actuó como contrapeso social y político, le resulta cada vez más difícil ejercer ese rol porque la mitad de los trabajadores no tienen una relación laboral registrada. Hoy representan al 35% que está afiliado del 50% que cobra en blanco, menos de uno de cada cinco trabajadores, y entre los cuatro restantes se encuentran muchos que votaron por Javier Milei.

La CGT deberá encontrar el equilibrio entre una forma socialmente aceptada de confrontación y adaptación, pero en ambos casos necesitará reconstruir legitimidad frente a una clase trabajadora cada vez más fragmentada y empobrecida, y que tiene ideas del siglo XXI.

TV/ff