RECLAMAN FONDOS COPARTICIPABLES

Sergio Ziliotto: "Nos está uniendo la necesidad, todas las provincias tienen una situación económica apremiante"

El gobernador de La Pampa sostuvo que no hubo reciprocidad con las provincias por parte del Gobierno nacional y advirtió que cambiará la relación de fuerzas en el Congreso. 

Sergio Ziliotto Foto: CEDOC

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió a las tensiones con el Gobierno de Javier Milei por los fondos de la coparticipación y consideró que no hubo reciprocidad con las provincias. “Estamos peor que en la pandemia”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Sergio Ziliotto es el gobernador de la provincia de La Pampa  dos veces electo —en 2019 y en 2023—, había sido previamente diputado nacional por su provincia en representación del PJ en 2015, ministro de Bienestar Social en 2006 y subsecretario de Política Social de su provincia en el año 2003.

Escuchando su comentario sobre las rutas nacionales, me viene a la memoria una entrevista que le hice a Thomas Piketty, el famoso economista de El capital en el siglo XXI, que decía que el Producto Bruto está mal medido. Que el Producto Bruto es, en realidad, financiero y no económico, porque no mide la destrucción del capital que no se amortiza. 

Por ejemplo, alguien puede lograr superávit fiscal desinvirtiendo absolutamente en obra pública, incluso en la mantención de la existente. Entonces, en realidad, en lugar de crecer, no se está creciendo. No lo refleja el Producto Bruto porque uno se está consumiendo el pasado. Así que, bueno, me gustaría una reflexión suya para nuestra audiencia sobre el tema de las rutas nacionales y luego profundizar sobre el modelo económico en general. 

Sinceramente, hoy el estado de las rutas argentinas, principalmente lo que tiene que ver con la red nacional, está en un estado crítico. Crítico no sólo porque está generando un deterioro progresivo en las rutas provinciales —que están dimensionadas para otros requerimientos—, y en ese sentido, claramente genera una Argentina injusta desde el punto de vista de la producción. 

Hoy sabemos que uno de los problemas que tiene la economía argentina son los costos de logística, y si a su vez no tenemos hoy rutas adecuadas para que esa logística tienda a perder impacto en lo que es la estructura de costos, claramente estamos generando aún más un crecimiento que va cada vez más lejos de lo armónico, con asimetrías que se están profundizando. Y, digamos, una inversión en infraestructura cada vez menor genera ese tipo de distorsiones.

Hoy se puede ser eficiente, como decía usted, en muchos rincones de la República Argentina. También el Estado tiene que colaborar para que esa eficiencia que muestra el sector privado tenga la compensación de generar mayor competencia, mayor eficiencia, mayor productividad y, a su vez, un nivel de posibilidades de inserción en el comercio exterior que hoy no se tiene. Y los costos de logística, de por sí, en la Argentina son caros, y si uno profundiza, a su vez, el deterioro de las rutas, lo complica aún más.

No es simplemente el tema de las rutas. Usted destacó el consenso de las 24 jurisdicciones para presentar un proyecto de ley que reclame, por ejemplo, la eliminación de los fondos fiduciarios y la distribución automática a las provincias de los recursos que hoy se financian con el impuesto a los combustibles. 

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo —muy cercano al Gobierno, a pesar de ser del PJ—, le advirtió al Gobierno nacional que no le puede ir bien a la Nación y mal a las provincias. Me gustaría una reflexión suya sobre si es justa la distribución del esfuerzo en el ajuste entre el presupuesto nacional y los presupuestos provinciales.

 Los 24 titulares de las jurisdicciones provinciales hemos coincidido en la realidad. Hoy nos ha unido la necesidad de cumplir con nuestra responsabilidad de gobierno y dar respuestas. Hoy las provincias deben dar respuestas en lo que hace a salud, educación, seguridad, justicia, contención social, infraestructura… 

Porque el Gobierno nacional se ha retirado de esa función. Y en ese sentido, lo que estamos planteando nosotros es que, sin modificar la situación actual de las finanzas nacionales, las provincias contemos con esos recursos específicos —que son de las provincias— porque están afectados a responsabilidades que cumplen las provincias. Que sean remitidos en forma automática.

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Por eso estamos hablando de que esto tiene que ver con una cuestión de defensa del federalismo, pero también de proyectar un acuerdo con el Gobierno nacional a partir de un federalismo de concertación, donde cambiamos las reglas de juego a partir de la mayor responsabilidad que hemos asumido, que podemos asumir y que demostramos que lo podemos hacer en forma eficiente, brindando servicios públicos de calidad. Pero para eso necesitamos los recursos que están afectados a un destino específico, y para los cuales cada ciudadano, cada ciudadana del rincón del país que sea, aporta con sus impuestos.

Entonces, queremos una distribución equitativa a partir de un crecimiento de las responsabilidades que tenemos las provincias y, a su vez, los municipios. No solo hay 24 jurisdicciones que se están haciendo cargo del rol del Estado, sino que también estamos trabajando en conjunto con más de 2.200 administraciones comunales. Así que estamos pidiendo nada más ni nada menos que lo que corresponde. No estamos tratando de romper un equilibrio fiscal ni de poner palos en la rueda del Gobierno nacional, sino asumiendo las responsabilidades que nos dio la ciudadanía.

Siempre lo digo: respetamos la representatividad que tiene el Presidente de la Nación en virtud de la decisión de las urnas. Pero también los gobernadores, también los intendentes tienen esa representatividad popular. Y creo que —usted refería a lo que dijo Osvaldo Jaldo— el Presidente tiene que entender que no se puede gobernar sin las provincias.

 Si las provincias pierden capacidad de respuesta, la crisis social —que es cada vez más creciente— va a generar un caos nacional. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Gobierno nacional? En ese sentido, creo que es un problema que hoy por hoy, desde Buenos Aires, pareciera que lo ven como un problema de las provincias. Tarde o temprano va a ser un problema de todos.

Usted también dijo: “Nos ha unido la realidad”. Yo ponía el ejemplo de Jaldo porque claramente fue el primer gobernador peronista que más rápido y más intensamente se unió a votar en el Congreso los proyectos del Gobierno. En esta frase “nos ha unido la realidad”, ¿usted imagina un contexto distinto en el Congreso? 

Es decir, que gobernadores que dieron su apoyo a planes o propuestas del Gobierno nacional ahora no se lo den más, y se encuentre el Gobierno con una realidad diferente. ¿Que tenga que pasar a acordar con los gobernadores porque ya no maneja más el Congreso?

Sí, cambió la relación de fuerzas, y eso se va a expresar en el Congreso. Sí, claramente debe cambiar esa relación de fuerzas porque no hubo reciprocidad. Las provincias hicimos un gran esfuerzo, y —como siempre digo— la gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta. Nosotros garantizamos desde las provincias la gobernabilidad de los gobiernos nacionales. 

Siempre las provincias —desde el año ’88, que nació la actual ley de coparticipación— hemos cedido recursos a partir de las crisis económicas del Gobierno nacional. Siempre hemos dejado de lado recursos propios para asumir el financiamiento de obligaciones originarias del Estado nacional. Y en eso creo que tienen que entender que es un país federal.

No solo desde el punto de vista —en mi caso— ideológico, sino también porque lo fija la Constitución Nacional. Y por más que quizá molesten algunas cuestiones que fija la Constitución Nacional, está vigente. Mientras no se la cambie, mientras no se llame a una reforma constitucional y se modifique el modelo actual de división de poderes, de representatividad y de federalismo, claramente esto tiene que ver con un país que lo tenemos que construir entre todos, con un trabajo armónico de las tres jurisdicciones: nacional, provincial y municipal.

Y bueno, así como también digo que nos unió la realidad, nos está uniendo la necesidad. Están todas las provincias con una situación económica apremiante, con una estrechez financiera importante, y eso va más allá del posicionamiento que hayan tenido o no los gobernadores, si han sido más o menos dialoguistas, si han aportado más o menos votos. 

Creo que hoy realmente es un momento de asumir la mayor responsabilidad. Y siempre lo decimos: no queremos desestabilizar a un gobierno, sino que estamos reclamando nada más y nada menos que lo que nos corresponde.

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Claudio Mardones (CM): En Diputados se va a discutir la Le de Inocencia Fiscal, la famosa “ley colchón”. Y José Luis Espert cuando lanzó el acuerdo señaló directamente a los gobernadores que no habían firmado los acuerdos, y ahora la duda se multiplica: si no hay acuerdo, si el Gobierno no cede con el planteo de los gobernadores, ¿escasean los respaldos para la Ley de Inocencia Fiscal?

Bueno, a ver… claramente yo no te puedo dar la opinión de mis 23 colegas. Siempre digo una frase —y creo que a lo largo del tiempo ha sido así y seguramente seguirá siendo—: los gobernadores no tenemos jefes. Así que en eso, cada uno definirá en base a lo que corresponde.

Este proyecto de ley va a ingresar por el Senado, pues habla del tema de coparticipación de recursos, y realmente no tiene nada que ver con cualquier otro tipo de cuestiones que hoy se están debatiendo en el Congreso, o que el Gobierno nacional puede estar debatiendo con otros gobernadores.

Lamentablemente el Gobierno nacional y sus representantes —con toda la entidad que tienen, respeto cada posición, aunque no las comparto— plantean que las provincias somos el mal de la economía argentina, que somos los "degenerados fiscales". 

Y si uno analiza la historia de la coparticipación, desde el primero de enero de 1988 —un acuerdo político que hizo Alfonsín—, la ley establecía que el 58% de los recursos iban a las provincias y el 42% a la Nación. Hoy está totalmente invertida esa proporción. Y fue a través de los pactos fiscales federales en los cuales las provincias tuvimos que salir en auxilio de la debacle económica del Gobierno nacional.

Y escuchamos también otra cuestión, que pareciera que vende mucho pero, desde el desconocimiento, se la apoya: se plantea que habría que eliminar la coparticipación a las provincias y ver cómo se financian. La coparticipación se constituye por la producción de las provincias, casualmente. 

Y si quisiéramos analizar eliminar el sistema de coparticipación —o sea, modificar la Constitución— yo lo firmo ya, desde el punto de vista de la conveniencia económica, no desde el punto de vista de un país federal. Pero quien perdería sería el Estado nacional, porque si analizamos cómo se constituyó la Nación, fue a partir de las provincias preexistentes que crearon un Estado nacional, que solo administra los recursos de las provincias en base a uno de los poderes delegados por la Constitución.

O sea, cuando uno ve el artículo 75 de la Constitución, ve que el Estado nacional administra el cobro de impuestos y los distribuye. Y por eso se queda con un 42%.

Cuando dicen “nos quedamos con los recursos de la coparticipación”, es lo que nosotros producimos. El Estado nacional, que en cierta manera puede ser una entelequia, no produce nada. Y además, si lo llevamos a una cuestión muy simple y bien expresiva: gasta. Las provincias producen, el Estado nacional gasta.

Entonces, en esa discusión de un país federal, hay que entender cómo está constituido. En el caso de mi provincia, lo que aportamos es una suma similar, un porcentaje similar, a lo que recibimos de coparticipación. Por supuesto que hay provincias que tienen un desfasaje entre lo que aportan y lo que reciben. Eso es un país federal: buscar un crecimiento armónico, vivan donde vivan cada uno de los ciudadanos.

Volvemos, lamentablemente, a una Argentina donde siempre volvemos a discutir temas que parecían zanjados. No podemos caer en una nueva discusión entre unitarios y federales.

Y hay una coincidencia entre gobernadores peronistas, radicales, del PRO han reclamado, ya desde el año pasado, que les entreguen la parte que les corresponde de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son fondos de las provincias. ¿Qué está pasando con los ATN, gobernador?

Bueno, vos lo dijiste. Primer dato: son fondos de las provincias. Son recursos de las provincias que constituyen un fondo para emergencias, pero que deben ser distribuidos en las provincias. Cuando uno analiza una serie histórica, ve que durante este período de gobierno es cuando más se han retenido fondos sin distribuir.

El fondo está para emergencias económicas y situaciones de desequilibrio fiscal y en emergencia económica, creo que estamos. Como dijo el otro día un gobernador, estamos peor que en la pandemia. Y en la pandemia se distribuyeron recursos. Fue donde más se distribuyeron recursos de ATN a todas las provincias, en base a índices de distribución que ya están fijados.

Entonces, lo que planteamos es eso: que haya una distribución automática de esos recursos que son de las provincias, que se detraen de los recursos que todos los días el Estado nacional, por la ley de coparticipación, transfiere a las provincias. Entonces queremos discutir, queremos disponer de nuestros recursos.

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Por eso hablamos de que este proyecto de ley —que firmamos 24 jurisdicciones, que vamos a plantear en el Congreso— no afecta las finanzas nacionales. Eso hay que repetirlo permanentemente: que esto no afecta. Son recursos de las provincias, que administra el Gobierno nacional, que no están destinados a lo que corresponde, y que por eso queremos que sean transferidos directa y automáticamente a cada jurisdicción provincial.

Usted decía que se han unido los 24 distritos, de distinto color político, e inclusive dentro del peronismo con personas que se han comportado de manera distinta y eso me lleva a la reflexión sobre si no estamos frente a un hecho nuevo. Que comienza por el tema económico, presupuestario, la coparticipación y los recursos federales para las provincias, pero que también puede derivar en una nueva unión dentro del Congreso en otros proyectos.

Tenemos por ejemplo el veto a los fondos para Bahía Blanca, o el aumento de jubilaciones. ¿Cómo imagina usted ese futuro en el Congreso?

Tiene que ver con defender nuestros recursos y, a su vez, nuestra responsabilidad y lo que nos pertenece. A ver, pareciera que cuestiones que tendrían que ser normales desde lo institucional que los gobernadores nos juntemos, creo que eso tendría que ser permanente.

Este es mi segundo período. En el primer período fui un gobernador que, desde el punto de vista coloquial, era “oficialista”, compartía el signo político del gobierno de turno, y siempre nos juntábamos 19 gobernadores en el CFI. Y era una cuestión que va más allá de una posición a favor o en contra del Gobierno nacional. 

Somos representantes de las provincias, y si queremos tener una visión integral, no una visión sectorial o muy chica, en la que cada provincia puede tener distintas situaciones, e incluso distintas relaciones entre nosotros mismos… Si planteamos un país federal, tenemos que entre todos lograr que ese país sea igualitario, que tenga igualdad de oportunidades, que haya inclusión.

Y creo que ese es el principal debate que tenemos que dar. No es mala palabra la política. La política es consensuar, optimizar los recursos, y a su vez hacernos cargo de la responsabilidad y dar soluciones. Y creo que eso es lo que tiene que terminar en la clase política argentina: los antagonismos, los fanatismos, el “yo no me puedo juntar con tal o cual porque tiene un apodo, un mote, está circunscripto a un -ismo…”. 

Creo que la sociedad lo principal que está esperando es que nos pongamos de acuerdo. Que dejemos de discutir cuestiones personales, sectoriales, y entendamos que es momento —de una vez por todas— de poner el país en marcha y finalmente lograr un desarrollo sustentable, con todos los argentinos adentro, sin exclusiones de ninguna índole.

Por eso, desde mi punto de vista —ideológico, pero también pragmático—, estoy en contra de este modelo económico del Gobierno nacional: de concentración y exclusión. Yo no puedo concebir un país, como plantean, agroexportador, de primarización de la economía, donde la industria cada vez pierde más peso y no genera el principal elemento del desarrollo, que es el trabajo.

MC