La Cámara anuló la multa millonaria contra el Gobierno chaqueño por la asistencia a comunidades originarias

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia dejó sin efecto la sanción económica de 85,9 millones de pesos diarios que había fijado el juez Jorge Sinkovich contra el Gobierno del Chaco por presunto incumplimiento en la asistencia a comunidades del Impenetrable.

La resolución, firmada por las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara Martínez, hizo lugar al recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estado, que aportó informes oficiales para demostrar que la Provincia viene desarrollando acciones en materia alimentaria, sanitaria, educativa y de infraestructura.

Argumentos de la Fiscalía de Estado

El fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, explicó que la sanción resultaba desproporcionada y ponía en riesgo las finanzas provinciales: “El juez había impuesto una multa exorbitante bajo el argumento de incumplimiento. Nosotros presentamos documentación muy completa que acreditaba la asistencia en el territorio. La Cámara entendió que no había razones para sostener semejante sanción”, señaló en declaraciones a Radio Libertad.

Herlein también recordó que el expediente se remonta a un amparo iniciado en 2007, con intervención de la Corte Suprema, y que desde entonces el Estado chaqueño ha desplegado políticas públicas sostenidas para mejorar la situación de las comunidades originarias.

Una causa de larga data

El proceso se había reactivado en diciembre de 2024, cuando la Defensoría General Adjunta y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) solicitaron ampliar medidas urgentes de asistencia, en especial para comunidades wichí. A partir de ese pedido, el juez Sinkovich dispuso la medida cautelar y las astreintes diarias.

La Cámara de Apelaciones entendió que no existía incumplimiento deliberado ni desinterés por parte de la Provincia, y resolvió revocar tanto la multa como la medida cautelar que la originaba.

Alivio financiero y llamado al diálogo

Herlein celebró el fallo al señalar que “una sanción de esa magnitud comprometía seriamente el cumplimiento de otras obligaciones esenciales del Estado”. También valoró que la sentencia abra un nuevo canal de diálogo con el tribunal y los representantes de las comunidades: “Se trata de una cuestión estructural que requiere continuidad, no soluciones mágicas. El objetivo es que la ayuda llegue de la mejor manera, corrigiendo las falencias con compromiso y trabajo conjunto”, concluyó.