Las consecuencias institucionales del arresto de Nicolas Sarkozy

El 25 de septiembre, la justicia francesa finalmente resolvió sobre el futuro de Nicolas Sarkozy, lo sentenció a cinco años de prisión y al pago de una multa de €100.000. Se trata de uno de los hechos más trascendentes de la historia política francesa en los últimos años. Es la primera vez desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial que se ve a un ex mandatario francés condenado a una pena privativa de la libertad efectiva por delitos vinculados al ejercicio de la función pública.

El hombre que gobernó Francia entre 2007 y 2012 fue condenado por asociación ilícita y financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007. La investigación acreditó el ingreso de fondos provenientes del régimen dictatorial libio de Muamar el Gadafi. Como consecuencia, ya se encuentra en la prisión parisina de La Santé. Cumplirá su condena en una celda diferente a la de los reos comunes, ubicada en un ala especial.

Es preciso señalar que, esta no es su primera condena de prisión, la diferencia es que, por sus 70 años de edad, las anteriores se transformaron en tobilleras electrónicas: la justicia francesa lo declaró culpable de corrupción, tráfico de influencias y violaciones en el financiamiento de campañas en múltiples procesos judiciales.

Genera debate la aplicación del artículo 56 de la Constitución francesa, el cual confiere a los jefes de Estado la facultad de integrar de manera vitalicia el Consejo Constitucional"

El encarcelamiento de un ex presidente de la República de Francia implica, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, múltiples interrogantes institucionales de gran relevancia. En particular, genera debate la aplicación del artículo 56 de la Constitución francesa, el cual confiere a los jefes de Estado, cuando su mandato finaliza, la facultad de integrar de manera vitalicia el Consejo Constitucional como miembro de derecho -lo cual significa un salario de €13.500-. Se trata del órgano superior de revisión de constitucionalidad de las leyes en el país y es quien debe velar por ella. 

Nicolás Sarkozy va a prisión por financiamiento irregular: "Encierran a un inocente"

Si bien Sarkozy decidió abandonar la composición del Consejo Constitucional en 2013, todavía conserva el derecho de volver a componerlo de manera vitalicia, es decir que cuando el ex mandatario lo considere pertinente, podrá volver a formar parte de él. Es posible negarse a ejercerla pero esta facultad es de carácter irrenunciable y automática. 

Por lo tanto cabe cuestionarse la compatibilidad del Estado de derecho con la participación de un condenado por delitos de corrupción en la máxima instancia de análisis y garantía de constitucionalidad de las normas. Actualmente, no existe ninguna ley que restrinja el ejercicio de este derecho en este tipo de circunstancias. 

En este contexto, el 15 de junio de este año, según reporta el Boletín Oficial, el Gobierno francés lo despojó de la Legión de Honor, el máximo reconocimiento que puede otorgar la República de Francia, creado por Napoleon Bonaparte. Junto con Philippe Pétain, considerado complice del regimen Nazi, son los únicos presidentes a los cuales se les ha retirado esta condecoración.

Así mismo, esto reabre el debate de la posibilidad de retirarle su derecho a la pensión vitalicia presidencial de alrededor de €6000, la misma intenta asegurar la dignidad de los ex mandatarios. No obstante, ninguna ley prevé su supresión, y los intentos del año 2019 de eliminar este privilegio no fueron suficientes, por lo tanto, Sarkozy continuará percibiendo esta indemnización durante toda su vida, porque además resulta imposible despojarlo de su estatus de ex presidente.

Una vez más, a través del caso de Nicolas Sarkozy, Francia ratificó su principio y lema de igualdad, siguiendo con el mandato de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Demostró que incluso el presidente, a quien denominan Júpiter -en comparación con el dios romano todopoderoso- debe cumplir con mandatos legales impuestos a toda la Nación. 

*Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas