Clima de tensión

Fuerte repudio del Gobierno a la toma de oficinas en el Garrahan: "El reclamo no es salarial, es político"

Manuel Adorni y Mario Lugones Adorni cruzaron a los gremios ATE y APyT por la medida de fuerza. El ministro de Salud defendió los descuentos ("el que para no cobra") y denunció que la protesta coincide con un aumento presupuestario de $20 mil millones.

Manuel Adorni, el Hospital Garrahan y Mario Lugones. Foto: Collage

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a repudiar con dureza la toma de oficinas en el Hospital Garrahan protagonizada por un grupo de gremialistas. El funcionario fue tajante y le quitó legitimidad salarial a la protesta, asegurando que la motivación real es otra. "El reclamo no es salarial: es político", sentenció Adorni en su cuenta de X.

La crítica del portavoz puso el foco en la contradicción que, según el Gobierno, existe entre la gestión del hospital y la medida de fuerza. Mientras la administración del Garrahan "mejora su infraestructura, reabre quirófanos y compra equipamiento con fondos propios", Adorni denunció que "algunos gremios vuelven a politizar, usando la violencia y tomando oficinas por la fuerza".

Para Adorni, la protesta "es política".

Para reforzar su argumento de que la protesta está politizada, el vocero presidencial apuntó directamente contra la provincia de Buenos Aires. Recordó la abultada deuda que la obra social bonaerense IOMA, dependiente de Axel Kicillof, mantiene con el hospital pediátrico. "La deuda impaga de IOMA por $6.369.371.432,19 sigue sin saldarse: ya es hora que la provincia de Buenos Aires se ponga al día", disparó.

A la voz de Adorni se sumó la del ministro de Salud, Mario Lugones, quien advirtió que no permitirán "que la casta sindical ni los grupos violentos vuelvan a poner sus intereses por encima de los chicos". Lugones blanqueó el origen del conflicto: los descuentos aplicados por los 9 paros del último mes, y defendió la quita: "Para nosotros es claro: el que para no cobra".

Para Lugones, quien para no debe cobrar sus haberes completos.

El titular de la cartera sanitaria insistió en la intencionalidad política de la medida de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT). Lugones remarcó que la toma se produce "justo el día que el Gobierno aumentó el presupuesto del hospital en $20 mil millones", un dato que, según él, demuestra que el reclamo de los gremios no es genuino.

Finalmente, Lugones contrastó la visión oficial con la acción sindical. "Queremos que el Garrahan sea el hospital pediátrico de referencia de toda América Latina, libre de quienes lo usaron como bandera política", afirmó. Y cerró: "El Garrahan es de los chicos y sus familias, no de quienes lo utilizan únicamente para mantener sus privilegios y hacer política".

El Gobierno reasignó fondos y aumentó el presupuesto para hospitales nacionales y el personal de salud

La otra campana del conflicto: denuncian descuentos de $500.000 y un aumento que no cumple la ley

La protesta que desató la furia de los funcionarios tiene un doble origen. Los trabajadores del Garrahan (nucleados en ATE y APyT) tomaron la Dirección del hospital no solo por el insuficiente aumento anunciado, sino también en repudio a los masivos descuentos salariales, que según denuncian, alcanzaron hasta los 500 mil pesos por los días de paro. Las autoridades del hospital calificaron la medida de "violenta y extorsiva", denunciándola como una "maniobra política" para paralizar la gestión.

El aumento de fondos que el Gobierno destacó este martes (publicado en el Boletín Oficial) fue, de hecho, una respuesta a la presión de la Ley 27.796. Esta normativa, que declara la emergencia sanitaria pediátrica, fue ratificada por el Congreso el 2 de octubre (rechazando los vetos de Javier Milei) y promulgada hace diez días. Sin embargo, los fondos liberados representan menos del 30% de lo que la ley exige, demostrando que el Ejecutivo sigue sin cumplirla.

El Gobierno justifica el incumplimiento pidiéndole al Congreso que defina las partidas para financiar la ley, amparándose en una legislación de 1996. La oposición responde que ese argumento es inválido, ya que el país funciona con una prórroga del presupuesto 2023, no uno vigente. 

TC/DCQ