El Gobierno presionó otra vez para ser querellante en la causa por supuestas extorsiones de piqueteros
El juez Sebastián Casanello rechazó el planteo del Ministerio de Seguridad. Ahora el Gobierno insiste para que Capital Humano sea querellante en la causa.
A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno formuló un planteo reciente a la Justicia para ser querellante en la causa que investiga a dirigentes piqueteros por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales, con el propósito de asegurarse que concurran a las movilizaciones convocadas por el movimiento. La petición fue rechazada y desde la cartera de Capital Humano insistieron con el pedido de ser querellantes para aportar medidas de prueba. Por el contrario, el Polo Obrero interpuso una presentación para declarar la nulidad de la investigación, con foco en supuestas "irregularidades" durante el allanamiento llevado a cabo el 13 de mayo en la sede de la Asociación Civil de la agrupación.
El juez Sebastián Casanello consideró que Seguridad ocupa en la investigación una posición "incompatible con el rol de litigante pretendido”. Por este motivo, fue rechazado el planteo inicial presentado esta semana por el ministerio que conduce Patricia Bullrich. Sin embargo, el oficialismo reiteró este jueves el pedido, pero desde la órbita del ministerio de Capital Humano.
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La situación cambia ya que uno de los delitos a investigar es administración fraudulenta, lo cual supone un posible desvío de fondos del Estado por parte de las organizaciones sociales. De esta perspectiva, al tratarse de recursos gestionados por la cartera de Capital Humano, la Justicia tendrá que definir si hubo agravio para este ministerio, lo cual le abriría la puerta para ser querellante en la causa.
El pedido de nulidad del Polo Obrero
Mientras tanto, el Polo Obrero presentó un pedido de nulidad de la investigación, con el patrocinio de las abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferrero.
El pedido se apoya en presuntas irregularidades durante el allanamiento llevado a cabo el pasado 13 de mayo en el domicilio de la calle Monteagudo 730 y 732, donde se ubica la sede de la Asociación Civil Polo Obrero.
La presentación judicial en cuestión objeta el operativo realizado y pone el foco sobre supuestas "arbitrariedades", por lo que exigen la anulación total del proceso, incluyendo la devolución de los teléfonos secuestrados, las planillas de asistencia y los informes de "castigos" reunidos en el marco de la investigación.
"No solo es nulo el acontecimiento del allanamiento sino también que parte de una orden de allanamiento nula", afirma el documento que plantea la nulidad absoluta.
El fiscal de la causa Gerardo Pollicita se pronunciará en lo sucesivo sobre este pedido, mientas queda por definir si la Justicia accederá al pedido de Capital Humano de ser querellante.
CA/HB