Masacre en Río: denuncian que la operación policial “supera en violaciones” al caso Carandiru

Las últimas jornadas en Río de Janeiro están marcadas por una escalada de violencia sin precedentes. Los escuadrones de la Policía Militar y la Policía Civil desplegaron un amplio operativo contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más poderosas del país, con fuertes enfrentamientos y decenas de víctimas fatales.

La ofensiva estatal se llevó adelante en los complejos de favelas de Alemão y Penha, donde, según datos oficiales, 119 personas murieron, aunque la Defensoría Pública sostiene que la cifra asciende a 132. Además, se registraron heridos, detenciones masivas y denuncias de abusos durante los allanamientos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj), Dani Monteiro, advirtió que el operativo podría convertirse en “la mayor violación cometida por el Estado en la historia de la redemocratización brasileña”.

“Si se confirman estos datos, se trata de una violación mayor que la de Carandiru”, sostuvo Monteiro, en referencia a la masacre ocurrida en 1992, cuando una intervención policial en una prisión de San Pablo terminó con 111 internos asesinados.

El Comando Vermelho, un enemigo histórico

El Comando Vermelho nació en la década del 70 dentro de una prisión de Río de Janeiro y, con el paso del tiempo, se transformó en una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina. Controla parte del tráfico de drogas y armas en varias favelas del país y mantiene una estructura territorial difícil de desmantelar.

El gobierno estatal justificó la ofensiva como parte de una “guerra contra el narcoterrorismo”, pero especialistas y organizaciones de derechos humanos cuestionan la estrategia y advierten sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de protocolos humanitarios en zonas densamente pobladas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió explicaciones formales al gobierno de Brasil por la magnitud de la operación y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Monteiro recordó que el país “tiene un largo historial de juicios y condenas internacionales por abusos en operativos similares”.

Mientras tanto, las imágenes que circulan en medios y redes sociales muestran calles tomadas por fuerzas armadas, viviendas destruidas y familiares buscando a sus muertos, lo que refuerza las críticas sobre el modo en que el Estado enfrenta al crimen organizado.

LB