Una funcionaria del Municipio de Pinamar fue echada al ser descubierta robando frente a las cámaras

La jefa de Tesorería de la Municipalidad de Pinamar, Norma Beatriz Watson, fue despedida luego de que se la descubriera "guardando" fajos de dinero en su cartera mientras estaba en la oficina. La mujer, que estaba próxima a jubilarse, ahora deberá enfrentar una causa judicial por defraudación del Estado.

La gestión del intendente del PRO, Juan Ibarguren, impulsó una investigación interna por las sospechas que pesaban sobre la funcionaria que finalmente terminó con su expulsión. En ese marco, se inició un expediente administrativo en el que se incorporaron 11 videos filmados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se la ve a la mujer metiendo el dinero entre sus pertenencias en horario laboral.

El decreto municipal también detalla maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso indebido de la cuenta “Ingresos Pendientes”, mecanismos que le habrían permitido ocultar la sustracción de más de 7 millones de pesos. 

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El Municipio señaló que la conducta de la funcionaria tuvo un impacto directo en el patrimonio público y afectó el prestigio institucional. Además destacaron que se cumplieron todos los pasos correspondientes: el sumario, la denuncia en la Justicia, una auditoría interna para determinar el alcance del faltante y, finalmente, la desvinculación.

La exfuncionaria asegura que los fondos eran de ella

En su defensa, Watson cuestionó la validez de las filmaciones y presentó diversas objeciones que sin embargo no alcanzaron para desacreditar las pruebas contundentes que llevaron al Municipio a confirmar que hubo manejos irregulares de fondos públicos. 

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Entre sus planteos, la exfuncionaria argumentó que el dinero era de su propiedad y que, por seguridad, prefería tener sus ahorros consigo. La Junta de Disciplina rechazó todos los descargos y avaló la validez del procedimiento.

La cesantía se aplicó con efecto retroactivo al primer hecho comprobado y el caso fue remitido al Tribunal de Cuentas, que definirá la responsabilidad patrimonial por el perjuicio económico.