El lunes, el mercado de valores se desplomó, el dólar se disparó y el frenesí digital arrasó con Brasil. ¿Qué lo provocó? ¿Acaso otro día récord de muertes por covid-19, o un asalto más a la civilidad por parte del provocador en jefe de la nación, el presidente Jair Bolsonaro?
Ninguna de las anteriores. Lo que tiene a los brasileños enfadados es una nueva variante de una aflicción más familiar: Lulapalooza. Hasta esta semana, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, muy admirado y ampliamente detestado —elija la opción que mejor le represente— había sido persona non grata, condenada por casos de corrupción y excluida de la política electoral en el futuro previsible. El crédito de su redención fue para Edson Fachin, el juez de la Corte Suprema a quien se le confió el botín de la Operación Lava Jato, el caso de corrupción más trascendental de los últimos siete años que puso tras las rejas a decenas de delincuentes de cuello blanco y sus facilitadores políticos, entre ellos el exícono del Partido de los Trabajadores. Después de haber revisado los casos judiciales de Lula (dos condenas, dos casos pendientes), el lunes, Fachin anuló las sentencias por motivos jurisdiccionales, otorgando a Lula la oportunidad de postularse nuevamente para un cargo.
Por lo tanto, en una decisión de 46 páginas, un juez sacudió al poder judicial del país, movilizó a los barateros políticos, encendió las ya febriles pasiones partidistas e impulsó la carrera presidencial de 2022. Aún no está claro cómo los brasileños se beneficiarán de esta decisión en medio de la peor crisis de salud pública en un siglo, una economía postrada y un hundimiento fiscal cada vez mayor. En lo que va del año, el real de Brasil, ya maltrecho, ha caído 11%.
El problema no es solo la polarización. Después de todo, los partidarios del país han estado soltando golpes entre sí durante la mayor parte de una década que ha resultado muy tóxica. Ni siquiera es que la redención de Lula perpetúe el síndrome de Estocolmo de Brasil, que ha dejado al partido político más organizado del país, el Partido de los Trabajadores, como rehén voluntario de un líder que ahora tiene 75 años y no cuenta con un plan de sucesión evidente. El miércoles, en su declaración a los periodistas en una sala sindical, Lula eludió la pregunta de una posible candidatura a la presidencia, pero los brasileños serían perdonados por confundir sus fulminaciones: “¡Este país no tiene Gobierno!”, por un discurso mudo. Adoptar la pose de mártir jugará bien entre los descontentos, pero el regreso de Lula también podría potenciar al luchador Bolsonaro, cuyas exhortaciones de derecha se alimentan de un contraste izquierdista confiable.
El mayor riesgo es que las reiteradas maniobras legales del tribunal superior —que alguna vez fungiera como baluarte contra el capricho legal pero cada vez más lo practica— han profundizado la desconfianza en las instituciones de Gobierno y socavado las reglas que evitan que el país encalle. También es un recordatorio, como lo ha señalado el distinguido colega Moises Naim de la Fondo Carnegie para La Paz Internacional, de que las instituciones son en realidad solo acuerdos entre grupos gobernantes y perduran solo mientras lo permita consenso gobernante.
En Brasil, lo que está en juego es el sano consenso de que el estado de derecho importa, y que ni siquiera los poderosos y los de alto nivel pueden evadirlo. Esa misma certeza llevó a una generación de agentes de la ley, fiscales, auditores y jueces a perseguir una galería de estafadores y bribones que alguna vez fuera intocable. En 2016, el politólogo de la Universidad Federal de Santa Catarina, Luciano Da Ros, vislumbró el desafío mientras realizaba una investigación de campo en Maranhao, un estado del noreste controlado por una dinastía política retrógrada. Allí, un grupo de jóvenes jueces unió esfuerzos para perforar la burbuja de la impunidad. “Esto seguía siendo un feudo político, donde nadie era llevado ante la justicia”, me dijo. “Lo que ayudaron a revelar fue el alcance de la corrupción en Brasil”.
Ese mismo espíritu inconformista alimentó la operación Lava Jato, el movimiento antisoborno que derribó una red de delincuentes electos y sus operadores que asaltaron al gigante petrolero estatal, Petroleo Brasileiro SA, con fines políticos y de lucro, y que tuvo repercusiones en todo Brasil y Latinoamérica.
En 2013, los brasileños, hartos de todo, salieron a las calles y aplaudieron la limpieza como un reinicio del fundamento nacional. “No fue todo una ilusión. La operación Lava Jato coincidió con una serie de logros institucionales, incluido el fortalecimiento de la supervisión, la auditoría y la coordinación con investigadores internacionales ”, indicó Da Ros. Con el tiempo, señaló Da Ros, los destructores de la corrupción “cedieron a los métodos heterodoxos, y así, allanaron el camino para la propia desaparición del Lava Jato”.
Tal vez un mareo por tanta arrogancia era inevitable. El exjuez de la corte del 13° circuito Sergio Moro, se convirtió el símbolo de la Operación Lava Jato en su mejor y peor momento. El juez que condenó a los magnates y políticos más poderosos del país también tenía una agenda, un tesoro oculto de mensajes telefónicos pirateados dejaron ver que no estaba por encima de entrenar a los fiscales o lanzar una escucha telefónica para condenar a Lula e intervenir en la escala electoral. Cualquier duda sobre sus ambiciones extracurriculares terminó en 2018, cuando Moro se convirtió en ministro de Justicia de Bolsonaro, hasta que su nuevo jefe supuestamente cruzó la línea, lo que llevó a Moro a renunciar unos meses después.
La merecida venganza de Moro confirmó la convicción de sus impulsores de que Lula había sido una víctima, no un culpable, y que la Operación Lava Jato había sido poco más que una cacería de brujas. (Ignoran los dos tribunales de apelaciones posteriores que confirmaron las condenas de Lula). Sin embargo, lo preocupante son las consecuencias de tal lógica conspirativa para Brasil y para el pacto civilizador por la justicia que la clase política pareciera estar ansiosa por deshacerse. Si Lula obtiene un indulto, ¿por qué no también dárselo a las otras docenas de peces gordos que la Operación Lava Jato puso tras las rejas (174 condenas solo en el tribunal de Moro) y anular los 209 acuerdos de culpabilidad de los involucrados en 79 operaciones del grupo de trabajo desde 2014? “¿Entonces el asalto a las arcas de Petrobras no fue real, ni payola ni contratos fijos? ¿Todos son inocentes?, pregunta el autor y politólogo Bolívar Lamounier, en Sao Paulo.
El fallo de Fachin fue cautelosamente matizado, de la manera irritante que solo los abogados brasileños pueden amar. Él anuló las condenas de Lula no porque era inocente o había sido procesado, sino por haber sido juzgado por el tribunal equivocado. El caso se remitirá a un tribunal de Brasilia. Es posible que Fachin incluso haya tratado de ayudar a Moro archivando las afirmaciones de que este había actuado de mala fe a través de su colusión con los fiscales.
Y al salvar a Moro, al tiempo que sacrifica las condenas de Lula, es posible que Fachin en última instancia esté tratando de salvar el legado mayor de la Operación Lava Jato, adelantándose a una avalancha de afirmaciones de otros convictos por corrupción de que ellos también fueron víctimas del juez en cuestión. “La lógica es, renuncie a los anillos para salvar sus dedos”, dijo Michael Mohallem, especialista en derecho constitucional de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro.
Sin embargo, Fachin se ha quedado cada vez más solo en su defensa del caso Lava Jato, que ha perdido tracción en la sociedad, está bajo un ataque abierto en la legislatura de desafíos éticos y ha recibido una dura reprimenda de otros jueces de la Corte Suprema. Para frustrar a Fachin, se espera que un panel de cinco magistrados dictamine pronto si Moro mostró parcialidad en sus fallos.
También es posible que para Fachin ya sea demasiado tarde. Da Ros señala que dos pequeñas iniciativas publicitadas en el Congreso desmienten las cacareadas condenas anticorrupción de Brasil. Una es una propuesta para suavizar la ley contra la improbabilidad administrativa, un proyecto de ley patrocinado por el Partido de los Trabajadores de Lula con el apoyo total de la derecha. El otro es una revisión propuesta (léase: desmovilización) de la ley de lavado de dinero de Brasil, el cuidado de una comisión de juristas, muchos de los cuales han defendido a sospechosos de corrupción, y donde el Consejo de Control de Actividades Financieras, la autoridad principal de investigaciones financieras del país, no tiene asiento.
“La Operación Lava Jato, en mi opinión, ya ha sido neutralizada, y muchas de las condiciones que le permitieron prosperar (movilización pública, agencias autónomas, leyes efectivas) han retrocedido a un lugar peor que donde estaban las cosas al principio, en 2014”, Dijo Matthew Taylor, experto en Brasil de la American University. En una tremenda coda, el grupo de trabajo de la Operación Lava Jato dejó de existir el 1 de enero.
HV
