Cuando la Unión Europea sugirió por primera vez un impuesto a las transacciones financieras hace diez años, la idea fue atacada por grupos de defensa de los intereses bancarios y rechazada por muchos miembros del bloque. El Reino Unido dijo que era una “locura”. La ambición inicial de una recaudación de hasta 35.000 millones de euros al año quedó reducida a apenas a 3.500 millones de euros, y solo 10 países aceptaron participar en el plan. El año pasado, al proyecto apenas le quedaba vida.
Pero la presión sobre cómo pagar la pandemia de covid-19 ha resucitado el plan, y la ausencia de los británicos por el brexit ha ayudado. A medida que los 27 miembros de la UE avanzan con un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para apuntalar a las naciones más afectadas por el virus, han dado su bendición “en principio” a nuevos poderes fiscales que cubren toda la UE para reforzar las finanzas de Bruselas.
Se considerará un impuesto a las transacciones financieras, así como a los servicios digitales, el carbono y el plástico.
Se trata de una declaración de intenciones de Francia y Alemania, las potencias dominantes de la UE que apoyan el impuesto financiero, sobre la remodelación de Europa después del brexit. La política fiscal está en gran medida en mano de los Gobiernos nacionales y, en consecuencia, está celosamente protegida. En 2013, el Reino Unido se agitó tanto por la idea de un impuesto a las transacciones financieras (por el que se gravaría un por ciento a las operaciones bancarias) que intentó presentar una demanda para frenarlo.
No obstante, estamos muy lejos de un verdadero impuesto “Robin Hood” o impuesto Tobin paneuropeo. Bruselas no puede chasquear los dedos y recaudar dinero de 27 países sin su aprobación unánime, y hasta ahora la coalición actual de los dispuestos parece estar limitada a esos 10 partidarios originales. Si bien algunos países que no apoyan la idea objetan específicamente a la noción de impuestos a las transacciones -los suecos aún recuerdan la autolesión de su propia versión en la década de 1980- hay una resistencia más profunda de países como Luxemburgo, Irlanda y los Países Bajos contra cualquier asalto a sus modelos económicos de bajos impuestos.
Incluso la avanzadilla de los países que lideran la carga apoyan un impuesto que parece más simbólico que severo. La última versión de la propuesta se asemeja a un impuesto de timbre, que cobraría alrededor de 0,2% por la compra de acciones emitidas por sociedades cotizadas con una capitalización de mercado de 1.000 millones de euros o más. Cualquier presión de las partes interesadas contra este impuesto podría recibir cierta atención dado que Francia y Alemania están suavizando al mismo tiempo la regulación financiera según el MiFID II para fomentar la intermediación de valores y la inversión.
La UE se resiste a los viajes ante el riesgo de una nueva ola de virus
Es probable que la participación en la propuesta de los miembros de la UE sea baja y se prevén pocos ingresos, por lo que podría haber mejores enfoques. Uno sería una reformulación del impuesto en consonancia con criterios más orientados al medio ambiente. Podrían otorgarse exenciones del impuesto a aquellos que invierten en activos verdes, dice Dirk Schoenmaker, profesor de banca y finanzas en la Universidad Erasmus.
Otro enfoque sería utilizar el impuesto a las transacciones como moneda de cambio para tratar una aproximación a una verdadera armonización fiscal en la UE, que sería mucho mejor para la unidad europea que los 3.500 millones de euros en las arcas del bloque cada año. La creación de una base impositiva corporativa única para Europa, en la que todas las grandes empresas usaran las mismas reglas para calcular el impuesto adeudado, sería un gran paso hacia el cierre de lagunas de las que tanto se abusa. Esto es aún más urgente después del éxito de la apelación de Apple Inc. contra una multa de 13.000 millones de euros por un tratamiento fiscal ventajoso en Irlanda.
El brexit ha eliminado el freno a la integración europea, y París y Berlín parecen tomarse en serio la oportunidad de aprovechar la ausencia de los británicos atlanticistas y económicamente liberales. Ello no hará que los conflictos futuros en temas polémicos como los impuestos sean menos amargos.
