En diálogo con Canal E, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, analizó el retraso de la reforma previsional y describió la grave situación económica y social que atraviesan los jubilados.
Una “triple crisis” que afecta a seis millones de personas
Semino planteó que el análisis debe dividirse entre jubilados actuales y futuros beneficiarios. Según explicó, los primeros enfrentan “una triple crisis alimentaria, sanitaria y habitacional”, que se profundiza año tras año. El especialista remarcó que “es indispensable que el Estado en todos sus niveles asista al sector”, en especial a quienes cobran haberes mínimos, que suman casi cinco millones de personas.
Actualmente —detalló— los jubilados de la mínima perciben unos 400.000 pesos y las pensiones no contributivas por discapacidad rondan los 340.000 pesos. A esto se agrega otro dato crítico: “Estamos hablando de seis millones de beneficiarios que están sometidos al infraconsumo”, señaló. Para Semino, sin redes familiares de apoyo “nadie puede subsistir” y esta realidad está costando “calidad de vida y vidas” a lo largo de varias administraciones.
Respecto del bono mensual, el defensor confirmó que solo quienes cobran la mínima perciben los 70.000 pesos, pero advirtió que “ese bono está congelado desde marzo de 2024”, perdiendo valor mes a mes. Aunque los haberes se ajustan por IPC, ese componente adicional quedó fijo, generando una erosión constante del poder adquisitivo: “Vienen perdiendo poder adquisitivo en forma consecutiva con las dos administraciones”, subrayó.
Incluso en 2024, cuando la inflación fue del 118%, los aumentos para la mínima apenas alcanzaron 105%. Un fenómeno similar, aseguró, se repite durante 2025. La consecuencia es dramática: jubilados trabajando hasta donde la salud lo permite, aceptando empleos de peor calidad y desplazando a jóvenes en un mercado laboral sin generación de puestos nuevos hace más de una década.
Una reforma previsional aplazada y un financiamiento en riesgo
Semino confirmó que la reforma previsional se postergaría para las sesiones ordinarias de 2026. La demora, explicó, se debe a que el proyecto debía discutirse en conjunto con la reforma fiscal y laboral, porque “las dos grandes fuentes de financiamiento de la previsión social provienen de esos ámbitos”: aportes y contribuciones patronales, por un lado, e impuestos por el otro.
El defensor alertó que medidas como la reducción de contribuciones patronales que circulan en la reforma laboral afectan directamente la capacidad de financiamiento del sistema. Algo similar ocurre con el esquema tributario: hoy el impuesto que más aporta es el IVA, responsable del 11% mensual del financiamiento previsional. Semino calificó como un “disparate” que un impuesto al consumo —el más regresivo— sostenga la seguridad social: “Esto en el mundo se ha ido reemplazando por financiamiento desde rentas generales”, afirmó.
Por eso, insistió en que el debate previsional no puede fragmentarse: “No se puede escindir de lo que se discuta a nivel fiscal ni laboral”. Para Semino, la urgencia es doble: resolver la crisis humanitaria actual y definir un modelo sostenible para los futuros jubilados.
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