El economista, Julio Gambina, afirmó en diálogo con Canal E que la reforma laboral impulsada por el Gobierno responde a una demanda histórica del poder económico para reducir “el costo laboral”.
Una demanda histórica del poder económico y un escenario político tenso
Al analizar los ejes centrales de la reforma laboral, Gambina fue contundente al señalar que detrás de los cambios propuestos existe una presión permanente de los sectores empresarios. Según explicó, "hay una vieja reivindicación del poder económico de reducir el costo laboral en un momento de muchas dificultades", algo que se acentúa por la desaceleración de la economía y las perspectivas de recesión.
Gambina también advirtió que este debate se da en un contexto global sin expectativas de crecimiento: "los inversores internacionales dicen: si quieren inversiones en la Argentina, hay que asegurar condiciones para la rentabilidad del capital".
En el plano político, subrayó que no es un intento aislado, sino un proyecto presente desde el regreso de la democracia. Recordó que "desde Alfonsín hasta la actualidad distintos gobiernos han intentado una reforma laboral y fracasaron", mencionando los intentos fallidos de Mauricio Macri y las medidas recientes del Gobierno actual, como el Decreto 70 y la Ley Bases.
El economista remarcó que la reforma no se limita al debate legislativo: "va a impactar políticamente de una manera muy fuerte", especialmente porque los sindicatos anticipan medidas de fuerza, con ATE y la CGT preparando una disputa significativa. También advirtió que diciembre es un mes complejo, con indicadores macroeconómicos que golpean a pymes y trabajadores, en un contexto de cierre de empresas y deterioro del empleo.
Irregularidad laboral, pérdida salarial y un modelo económico que no tracciona
Cuando se le consultó si la Argentina necesita una reforma laboral, Gambina fue claro: "la reforma laboral que debería hacerse es una que incluya derechos a quienes no los tienen". Señaló que entre el 40% y el 45% de los trabajadores está en la informalidad, sin aportes ni seguridad social, lo que genera un desfinanciamiento previsional y condena a millones a la falta de protección.
Sin embargo, advirtió que lo propuesto hoy va en sentido inverso: "lo que se quiere modificar son los derechos de los trabajadores que hoy están amparados por la ley y los convenios colectivos", algo que en el ámbito gremial se interpreta como una “contrarreforma”.
También explicó por qué empresarios y trabajadores terminan aceptando la informalidad: "un trabajador acepta trabajar de manera irregular porque no tiene más remedio, y al empresario pyme lo golpean por todos lados". Con costos financieros, tributarios y de alquiler en alza, los pequeños comercios suelen ajustar por el “eslabón más débil”: el costo laboral.
El economista fue aún más crítico al analizar el fondo del problema: "el inmenso sector vinculado al mercado interno no funciona porque no hay ingresos suficientes", lo que impide reactivar producción y comercio. Por eso insistió en que la solución no pasa por quitar derechos, sino por una política económica que fortalezca el consumo popular y la industria local.
Además, señaló que el Gobierno avanza con fuerza en la reforma porque "siente que siendo primera minoría en el parlamento está en condiciones de empujar", respaldado por el FMI y grandes inversores que también reclaman la liberación de capitales y medidas complementarias al RIGI.
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