Me dio mucha ternura leer el artículo que escribió Quintín la semana pasada. En esa columna, el maestro de la crítica cultural argentina nos compartió uno de los deseos que pidió para Navidad: tener todos los libros del universo a su disposición. Eso sí, prefería que se excluyeran, en lo posible, aquellos textos que se enseñan en las Facultades de Ciencias Políticas y Comunicación Social. Esta concesión a su pedido puede interpretarse de diferentes maneras. Quizá Quintín es un erudito de esas disciplinas y no necesita más lecturas de las que hizo en el pasado. Esto es posible porque hace poco declaró que leyó 7 (siete) libros en un fin de semana. No sería extraño que en un fin de semana haya hecho un fast track de lectura de todos los textos que van desde Maquiavelo hasta Przeworski. O, quizá, la exclusión a su pedido era una forma de demostrar sutilmente su desdén y desprecio por aquellos que incursionan en esos saberes. Aunque me quede la duda, me vuelco por esta segunda interpretación debido a sus expresiones en Twitter al respecto y a la manera de tratar a sus interlocutores cuando no piensan como él.
Pero sigamos con el argumento del artículo de este columnista consagrado. El pedido navideño era consecuencia del cierre que sufrirán determinadas páginas de internet que ofrecen enormes catálogos de libros en forma gratuita. Esta pérdida de acceso gratuito a obras culturales se produce, a su vez, por la entrada en vigencia de una nueva ley española de derechos de propiedad intelectual. Quintín sigue su artículo y con irritación cuestiona al Ministerio de Cultura español y “esa patética legión de funcionarios que en todos los países usa modos puritanos para perseguir descargas de libros, películas y discos, y complacer a las empresas transnacionales porque éstas no encuentran estrategias inteligentes para adaptarse a los cambios tecnológicos”. Puedo comprender la irritación de Quintín, a nadie le gusta ceder un beneficio (en este caso las descargas gratuitas) una vez que fue otorgado o adquirido en el pasado.
Ahora bien, lo paradójico del artículo, lo que llama poderosamente la atención, es la falta de información acerca de cómo se llegó a esa situación. ¿Quiénes son los grupos de interés específicos que se movilizaron para presionar por ese nuevo marco jurídico? ¿Cómo fue la estrategia comunicacional del gobierno para dar vigencia a una norma presuntamente impopular y mantener el equilibrio de poder? ¿Qué actores políticos y sociales reaccionaron y con qué recursos materiales y simbólicos actuaron para frenar la ley? ¿Cuál es el nivel de información e interés que tiene la opinión pública española en relación con el tema? En definitiva, ¿cómo es posible que un gobierno fuertemente debilitado por una crisis económica que no cesa y alarmantes casos de corrupción logre poner en vigencia una ley que acaba con un beneficio adquirido que disfrutaba toda la población? Presumo que Quintín no nos va a dar esas respuestas ni le interesa. Pero disciplinas como la ciencia política y la comunicación social sí. Irritarse como un cascarrabias por perder un beneficio poniendo el foco en una legión de funcionarios pseudopuritanos y en las empresas transnacionales roza el kirchnerismo llorón cuando busca culpables. Ahora, entender cómo es el fenómeno político y comunicacional subyacente antes, durante y después de la sanción de una ley no sólo puede hacernos entender cómo, a veces, nos imponen decisiones impopulares, sino también desarrollar estrategias para deshacer injusticias. A mí, esta segunda forma de interpretar el mundo me parece más interesante.
*Politólogo. @martinkunik.
