El 23 de diciembre se cumplieron 34 años del ataque al Batallón Depósito de Arsenales Domingo
Viejobueno de Monte Chingolo por terroristas del ERP –Ejército Revolucionario del
Pueblo–. Este gravísimo hecho, ocurrido durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, fue
uno de los miles que protagonizaron las organizaciones armadas en los 70. Ese día más de 200
combatientes del ERP pusieron bombas en la vía pública, robaron autos, incendiaron colectivos,
crearon barricadas para impedir el paso de las fuerzas policiales y bloquearon nueve puentes, para
finalmente ingresar al batallón con la intención de robar el armamento que éste contenía. Esta
acción terrorista desarrollada en el Conurbano bonaerense produjo víctimas mortales, heridos,
ciudadanos que sufrieron las pérdidas de sus bienes y la prueba de que las organizaciones
terroristas atacaban unidades militares en zonas densamente pobladas en aras de sus objetivos
políticos.
En 2007, el ex presidente Kirchner, inauguró el Parque de la Memoria, donde fueron recordados
los nombres de quienes sufrieron abusos por parte del Estado. Allí también fueron incluidos 52
nombres correspondientes a combatientes del ERP que murieron en combate durante el ataque al
Batallón de Monte Chingolo.
Por ello, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas
–Celtyv– presentó en diciembre pasado, un escrito ante el jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria,
Ana María Careaga, solicitando la remoción en el Parque de la Memoria de las 52 placas con los
nombres de esos terroristas, incluidos como víctimas dentro de este monumento.
La presentación, firmada por la presidenta de Celtyv, detalla los nombres que hoy figuran en
la nómina de personas que se recuerdan en el Parque de la Memoria, el cual brinda homenaje, según
reza la placa principal, “… a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de
Justicia y Equidad”.
La presentación expresa que “sostener que quienes resultaron muertos mientras atacaban
una institución de la Nación, por su propia iniciativa y durante un gobierno democrático, murieron
combatiendo “por ideales de justicia y equidad es una inmoralidad, un agravio a la
Constitución Nacional y una contradicción con el repudio que el monumento pretende demostrar frente
a una interrupción del orden constitucional. (…) Afirmar este criterio implica que cualquiera
que se alce en armas contra un gobierno constitucional puede alegar las mismas motivaciones y ser
acreedor a un monumento, dependiendo de cuál sea la ideología de quienes encargan su
construcción”.
La temeridad de este concepto se torna más grave aún cuando de estas acciones violentas
resultan víctimas que aún hoy no cuentan con el reconocimiento del Estado.
Seres humanos que sufrieron agresiones a su integridad física y psíquica y que hoy ven
homenajeados en el mármol los nombres de sus victimarios y la tergiversación de los verdaderos
objetivos que esta organización armada tuvo al perpetrar los crímenes.
Con el ataque a esta unidad militar, el ERP pretendió impresionar a la población civil
exhibiendo gran capacidad militar y de esta manera forzar al gobierno de Martínez de Perón a tomar
determinadas decisiones políticas.
Celtyv nuclea a las víctimas del terrorismo y considera fundamental que desde el Estado no se
erija como héroes a personas que murieron atacando la democracia y responsables de atentados
terroristas que ocasionaron más de 15 mil víctimas, como lo descubre la investigación histórica que
este centro encabeza.
El rol del Estado es proteger a la población civil ante agresiones atroces como las que el
terrorismo comete, por ello, que los nombres de miembros de organizaciones terroristas estén en un
Memorial no sólo es una afrenta para todas las víctimas del terrorismo, sino que implica una
apología del terrorismo.
Después de 26 años de democracia, las víctimas y la sociedad siguen esperando Justicia y
Verdad.
*Abogada y presidenta del Celtyv.