El debate acerca de la despenalización o no del aborto ha adquirido una dimensión que reconoce pocos antecedentes en la sociedad argentina de las últimas décadas. A esto ha contribuido, en mucho, lo que un número inédito de expositores aportó –desde posturas diversas, en la mayoría de los casos antagónicas– en maratónicas jornadas desarrolladas en la Cámara de Diputados, y lo actuado por los medios en relación con el tema.
Un interesante ejercicio que recomiendo a los lectores es recorrer lo que los medios –en particular este, que es el objeto de análisis primario en la columna dominical del ombudsman– han venido publicando cada día sobre posturas, opiniones, datos y acontecimientos (fundamentalmente las manifestaciones habidas a favor y en contra de la despenalización), porque en la comparación de esas coberturas los lectores habrán de encontrar claves para formarse una idea más justa y objetiva.
PERFIL publicó en las páginas 42 y 43 de su edición de ayer una parte pequeña del amplio trabajo desarrollado por la Fundación Huésped el 2 de junio en la UBA, que puso negro sobre blanco la veracidad o no de buena parte de las afirmaciones, las estadísticas y los datos vertidos en las exposiciones de los últimos meses en Diputados. Según la institución que conduce desde su dirección ejecutiva Leandro Cahn, sobre un total de 52 afirmaciones analizadas por un panel de 60 voluntarios, más de la mitad (27) fueron verdaderas, 14 falsas, 7 no chequeables y 2 dudosas. El buen informe de la redactora dejó gusto a poco, porque solo fueron reproducidas y analizadas 6 de las 52, aunque se trató de algunas de las más importantes.
El aporte –a pocos días del tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados– es elogiable y muestra un alto grado de ecuanimidad. El criterio de escuchar todas las campanas ha sido una constante en este diario, postura que este ombudsman debe aplaudir.
En cada debate sobre la cuestión, la prensa de cada país ha actuado como catalizadora, en la mayoría de los casos, o como vocera de determinadas posturas en otros. También aquí ha venido sucediendo. Vale la pena recordar algunos hitos registrados en el siglo pasado y en este, el más reciente de los cuales fue el plebiscito realizado hace poco tiempo en Irlanda, donde dos de cada tres votantes optaron por la despenalización.
El más antiguo, toda una curiosidad, sucedió en la ex Unión Soviética, apenas tres años después de la revolución de octubre de 1917. El jefe de gobierno era Lenin, quien puso en vigencia un decreto que no especificaba un límite de semanas para el aborto y autorizaba la práctica únicamente en hospitales, realizada por un médico y sin fines de lucro. “Es un derecho básico de las mujeres ciudadanas”, había definido Lenin al promover el instrumento legal. “La legislación de todos los países combate este mal mediante el castigo a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que llevan a cabo la operación”, señalaba el preámbulo del decreto, que agregaba: “Sin haber obtenido resultados favorables, este método de combatir el aborto condujo a estas operaciones a la clandestinidad y convirtió a la mujer en una víctima de mercenarios, a menudo ignorantes, que hacen de las operaciones secretas su profesión”. La interrupción voluntaria del embarazo estaba prohibida en la Rusia zarista, fuertemente influenciada por la Iglesia ortodoxa.
Naturalmente, el número de abortos registrados creció rápidamente a partir del decreto, lo que llevó al gobierno a reformular su vigencia. “Como los hospitales sufrían un déficit de camas y eran incapaces de dar abasto, se restringió el acceso al aborto gratuito”, afirma el artículo “Control de la natalidad en Rusia: vencer la resistencia del sistema estatal”, que firmaron Victoria Sakevich y Boris Denisov, de la Universidad Nacional de Moscú.
Para peor, Joseph Stalin decretó la prohibición de las prácticas en 1936, una medida que se mantuvo hasta 1955. Casi treinta años después de la caída de la URSS, el aborto sigue siendo una práctica común y legal en Rusia, el país con mayor índice de interrupciones voluntarias del embarazo, y en buena parte de los países ex soviéticos.
En estas latitudes, es destacable el caso de Uruguay, que legisló a favor del aborto hace ya seis años. Desde entonces, el promedio de prácticas es de poco más de 800 por mes, una cifra que se mantiene estable. Un informe del International Journal of Gynecology and Obstetrics destacó a Uruguay como el segundo país con menor mortalidad materna en toda América, solo superado por Canadá. De acuerdo con la publicación especializada, esa cifra es consecuencia de la aplicación del modelo de reducción de riesgo y daños del aborto inseguro, seguido por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2012.
