Tanto el reclamo que dio origen al levantamiento policial en la provincia de Buenos Aires como los aspectos formales de su resolución produjeron consecuencias que van más allá de su desencadenante original: el gobierno nacional, intempestivamente, le quitó recursos a la Ciudad de Buenos Aires, para asignárselos a una empobrecida y mal manejada Provincia.
Este hecho generó un clima de ruptura en la tolerable convivencia entre Nación y Ciudad, que se dirimirá en las instancias judiciales, anticipando un nuevo conflicto de poderes, una reedición del peligroso enfrentamiento Capital vs. Provincia, alimentado con fines políticos por el gobierno nacional a la par que significa una nueva caracterización en las claves de la actualidad nacional, tales como:
-Descalabro institucional.
-Deterioro de la imagen de los gobernantes.
-Economía cercana al colapso.
-Creciente inseguridad, toma de tierras y usurpaciones de viviendas.
-Movilizaciones populares apartidarías.
Sus rasgos más básicos: se está perpetrando un profundo atropello a las instituciones del país que busca anular el Parlamento y también la Justicia, esta última prácticamente inactiva desde el inicio de la cuarentena.
En el marco de la sociedad, viene desarrollándose en las calles y plazas de toda la República un movimiento aún inorgánico, apartidario, preocupado por frenar el intento de destrucción institucional, y que evoca en parte las marchas contra la Resolución 125, un histórico gran revés del kirchnerismo.
Lamentablemente, el Presidente sugería que estas manifestaciones no eran protagonizadas por “argentinos de bien”, mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires las calificó como un “aluvión psiquiátrico”.
A diez meses de su asunción, el Gobierno no ha presentado un programa económico. Tampoco se le conoce una política exterior, a no ser la de generar gratuitos enfrentamientos con otros países.
El clima de quiebras masivas, pobreza del 50%, desocupación de más del 12%, un cuarto de la población recibiendo subsidios del Estado, inseguridad jurídica, disuade a inversores locales y extranjeros e invita a la emigración, ya en marcha.
El PBI caerá entre un 11% y un 13% en el año, lo mismo que la ocupación, con aumentos en la pobreza, la informalidad laboral y la desigualdad. Datos elocuentes.
Ante el cierre de la negociación con los bonistas, supuesto como un punto de inflexión, los funcionarios trabajan con la proyección económica para 2021.
La hipótesis del Gobierno es que el FMI le concederá un período de poca exigencia inmediata que viabilice una recuperación económica, antes de imponerle un plazo de pago de la deuda.
Así se podría disponer de algunos meses con mayor margen de flexibilidad para lanzar nuevas medidas de impulso fiscal de tipo reactivante, con créditos blandos para la producción y el consumo, útiles para la medición previa a la elección de medio término del año próximo. Un simple hecho estadístico pero potencialmente oportuno.
La salida de la crisis debería pasar por el sector privado, con mas inversión, más exportaciones y generación de empleos genuinos, lo que requiere reglas de juego claras.
La realidad es que los logros del Gobierno fueron casi nulos. Más allá del acuerdo con los bonistas, cuesta encontrar algún aspecto destacable. En cambio, actúa a contramano: la leyes de góndolas, de alquileres, de teletrabajo, las restricciones a las importaciones y, últimamente, el DNU declarando servicios públicos y esenciales al sector de telefonía, internet y televisión paga, son un duro golpe a las posibilidades de emerger con menores daños de esta crisis.
En este contexto, ¿qué les cabe a los argentinos?
Mantenerse de pie, continuar expresándose, reclamar la preservación de las instituciones, protestar contra los ataques a quienes piensan distinto y a la prensa libre (ese gran reservorio institucional) y tener muy en claro que la preservación del Estado de derecho, más allá de las consignas populistas, constituye la clave fundamental para el devenir del país, seriamente amenazado.
*Economista.
