Luego, cuando las mismas críticas a la discriminación con la publicidad oficial las realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde el Gobierno también se ninguneó la importancia de ese organismo por estar imbuido de ‘sentimientos antipopulistas regionales’.
Ahora es el Committee to Protect Journalists (CPJ), una organización fundada hace tres décadas por los corresponsales extranjeros en todo el mundo que se ha transformado en la mayor defensora global de los periodistas, la que dedicó tres páginas de su informe anual sobre más de cien países a denunciar al Gobierno argentino por su trato con la prensa. El informe dice lo siguiente:
El gobierno saliente del presidente Néstor Kirchner aumentó de manera dramática su presupuesto en publicidad, recompensó a los medios que apoyan sus políticas con anuncios oficiales, castigó a los medios críticos al retirarles avisos y, en este proceso, influyó sobre la cobertura informativa de la elección que ganó la esposa de Kirchner, la senadora Cristina Fernández. La manipulación de la publicidad estatal socavó la libertad de prensa y se convirtió en el mayor problema para los periodistas en la Argentina. Una sentencia judicial que asestó un duro golpe a las prácticas publicitarias discriminatorias de un gobierno provincial, sin embargo, brindó cierta esperanza de que el sistema pudiese reformarse.
Desde que Kirchner asumió como presidente en 2003, el presupuesto de publicidad había aumentado más de un 350 por ciento. En los primeros seis meses de 2007, el Gobierno nacional gastó 63 por ciento más que en el mismo período en 2006. Funcionarios de este Gobierno explicaron que la inflación fue la principal causa de ese salto en un año electoral, pero periodistas locales observaron que el incremento superó por mucho el índice de inflación, del 8 por ciento.
Kirchner había institucionalizado un sistema de recompensas para los medios que lo respaldaban, y embargos publicitarios para la prensa crítica durante sus tres mandatos como gobernador provincial de Santa Cruz y su período como presidente, dado que el Gobierno nacional y las administraciones provinciales no tienen regulaciones claras para la prensa crítica durante sus tres mandatos como gobernador provincial de Santa Cruz y su período como presidente.
Un grupo provincial de medios de Santa Cruz, liderado por Rudy Ulloa Igor, el ex chofer de Kirchner y uno de sus asesores más cercanos, recibió más de 3 millones de pesos (957 mil dólares estadounidenses) en concepto de publicidad oficial en 2006. El ingreso del conglomerado de medios superó al de muchos medios noticiosos con alcance nacional. Los registros revisados por el CPJ mostraron que la tendencia continuaba en 2007. El grupo de Ulloa presentó usualmente a la candidata Fernández en su cobertura informativa, y siempre retrató a la senadora de manera positiva.
El Jefe de Gabinete Alberto Fernández recibió alrededor de cuatro horas de transmisión en el Canal 7, propiedad del Estado, en septiembre, mientras los otros candidatos de la oposición no tuvieron casi cobertura alguna durante el mismo período.
La mayor editorial de revistas, Editorial Perfil, presentó una demanda en julio de 2006 aduciendo discriminación en la publicidad gubernamental como represalia por la cobertura crítica del grupo. El caso seguía pendiente hacia fin de año. Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, indicó sentirse optimista en virtud del fallo del matutino Río Negro.
Ojalá también tenga razón en su optimismo.
