—... Y donde está la sede del gremio de Smata, una megatorre tal vez hecha por Costantini, con empresas de servicios atados al conocimiento para exportar en cada uno de sus pisos.
—¿Y los empleados de las automotrices?
—Tal vez algunos estén enfrente, en el Starbucks, ofreciendo café.
La difusión del principio de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desató a los empresarios más mimetizados con el presidente Mauricio Macri, que llegan a expresar con más crudeza que nunca en estos cuatro años ideas que de todos modos ya anidaban en la Casa Rosada. Un lobista de multinacionales, con no pocas charlas con el jefe de Estado y conocedor de varias negociaciones de tratados de libre comercio, se anima a imaginar “la Argentina hacia la que hay que ir para dejar definitivamente el estancamiento de hace setenta años”. Si el acuerdo con el Viejo Continente se aprobara hacia 2025 y el arancel cero llegara a generalizarse en 15 años, está hablando del país de 2040.
—Tenemos que decidirnos: ¿queremos pagar autos más caros para sostener una industria que emplea 80 mil personas y nos insume cada vez más dólares? ¿Queremos pagar los jeans US$ 22 y no US$ 9 como en Chile para que haya 190 mil empleos textiles, muchos de ellos en negro y en condiciones de explotación?
“¿Por qué la Argentina tendría que hacer jeans?”dice un lobista envalentonado tras el acuerdo Mercosur-UE
“¿Por qué la Argentina tendría que hacer jeans?”, redondea la idea en voz baja, aún charlando off the record, pero a sabiendas de que está planteando una herejía para el mundo industrial. Está llevando al extremo la idea que soltó esta semana el líder de Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, cuando planteó originalmente que hay sectores que pueden desaparecer, una expresión que luego matizó, pero que el lobista, al contrario, prefiere exacerbar. “Los empresarios argentinos nunca van a apoyar este acuerdo ni ningún acuerdo, porque reconvertir la industria es ir contra el 80% de las pymes que forman parte de la Unión Industrial Argentina”, suelta. Se entiende que no lo diga en voz alta.
Sus números, que ha acercado a varios ministerios en más de una oportunidad, resumen que hay alrededor de 12 millones de personas que trabajan en blanco en la Argentina, 8 millones lo hacen en el sector manufacturero, y que 1,2 millones lo hacen en servicios. “Ese número tiene que ir a 5 millones”, apunta. “Estados Unidos ya es un país de servicios, y fabrica afuera casi todo lo que consume”, asegura.
En rigor, hay un punto en el que Grobocopatel tiene razón, cuando dice algo así como que el acuerdo anunciado pone sobre la mesa los papeles del divorcio oficial con los sectores que nunca consideró competitivos. Fue en 2016, cuando nada se hablaba de este pacto, que el Ministerio de Producción trajo de gira a un tal Peter Harris a recorrer dependencias oficiales. Era José Transformación de Australia, o en términos formales, el titular de la Comisión de Productividad de ese país, que explicaba a quien le preguntara cómo habían cerrado de común acuerdo con los sindicatos todas las fábricas de autos que había en la isla para concentrarse en sectores primarios, como la minería.
Si esa es la idea central que plantea el Gobierno en la campaña electoral que está arrancando, hay que contraponerle esta respuesta de Axel Kicillof en el libro del candidato a gobernador Y ahora, ¿qué? (Editorial Siglo XXI), cuando el periodista Alejandro Bercovich le pregunta por el impacto en los precios de la protección de ciertos sectores: “Pero como contrapartida hay más trabajo. Y además, muchas veces eso se hace en un contexto de acuerdos regionales. El Mercosur fue eso. Todos en el Mercosur pagamos un poco más caros determinados productos para que haya trabajo en el Mercosur y los podamos comprar. Porque, en definitiva, ¿cuál es la alternativa? Que no haya empresas, que no haya industria, que no haya salarios, que no haya trabajo, pero que los productos sean más baratos. ¿Para quién? Si el tipo no tiene laburo, no puede comprar la moto. Puesto de manera sencilla, es un falso dilema”.
Con varios casos en la Corte Suprema, las empresas cuestionan la autonomía de los municipios
Chinos en la Corte. Mientras tanto, la Corte Suprema fue sede esta semana de una audiencia pública que resume un caso casi de cuento. El ciudadano chino Shi Jinchui litiga contra el municipio de Arroyito, Córdoba, para poder abrir su comercio los domingos, contra una ordenanza local que impone el descanso dominical para ese rubro. Además de debatirse esa cuestión laboral (seguida muy de cerca por grandes cadenas de supermercados, que de golpe encontraron un tema que los aúna con los autoservicios que siempre consideran competencia desleal), también se dirimirá ahí la relación entre Iglesia y Estado –porque la norma cita en los considerandos frases del papa Francisco y busca estimular la actividad religiosa–, la igualdad de credos –ya que otras feligresías, como la adventista, denuncian que los perjudica un descanso obligatorio con fines religiosos los domingos cuando ellos guardan los sábados– y la relación Nación-municipios, dado que la ordenanza de la polémica choca contra la Constitución y leyes y decretos laborales federales.
Este último punto, especialmente, se debate en otros casos que esperan definición, como la demanda de la petrolera Axion, de la familia Bulgheroni, contra las tasas municipales de Quilmes, que de hecho sumó hace semanas en una audiencia el apoyo de intendentes de todas las fuerzas, que ven amenazada una fuente de recaudación.
Y también es el tema de fondo de la sentencia por tres votos contra dos del máximo tribunal, que declaró inconstitucional la prohibición de instalar antenas de Telefónica por parte del municipio de General Güemes, en Salta. Un dato curioso: a pesar de ese antecedente, una causa similar sobre la prohibición de antenas de Claro en la misma localidad tiene final abierto, ya que Carlos Rosenkrantz se excusará por sus vínculos con la compañía durante la actividad privada. Entonces, están dos a dos. Define un conjuez.
