La semana públicamente más caliente entre el Gobierno y la Justicia terminó con un bombazo: la sorpresiva detención de Amado Boudou ordenada por el juez federal Ariel Lijo.
Los chispazos arrancaron el lunes en el CCK, cuando en su discurso refundacional ante el círculo rojo, Mauricio Macri descerrajó críticas y demandas al Poder Judicial, ante los rostros impávidos de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, presidente y vice de la Corte Suprema. Horas después se conocía la renuncia de la procuradora Gils Carbó.
El jueves se trató de un cruce. El ministro de Justicia, Germán Garavano, asistió a un congreso organizado por Comodoro Py, con Lijo a la cabeza, y allí volvió a embestir contra la magistratura. Lorenzetti no estaba como espectador sino como expositor junto al funcionario, y replicó con bucólica fiereza, como puede ser su estilo en público.
Horas después, el impacto de Boudou detenido a las 6 de la mañana en su piso de Puerto Madero, en una causa por enriquecimiento ilícito dormida en un cajón de Lijo durante cinco años. Fuentes oficiales juran que el Gobierno ni siquiera estaba al tanto de la novedad, menos de impulsarla. Otros voceros oficiosos creen que un grupo muy reducido lo supo recién el jueves a la noche, tarde, vía Patricia Bullrich, ministra de Seguridad a cargo de Prefectura, la fuerza que ejecutó tempranito la orden del juez.
Más allá de lo que se expone a la luz o de la trastienda, el mar de fondo que atraviesa al Gobierno desde hace casi dos años es qué hacer con un Poder Judicial al que en muchos casos considera ineficiente o extorsivo. Eso en el fuero federal, ni hablar del laboral.
Macri no olvida ni perdona que la Corte le dio la bienvenida con un fallo multimillonario a favor de varias provincias y en contra del Estado nacional. La respuesta a Lorenzetti fue designar a dos nuevos miembros supremos por decreto, lo que al final debió derivarse por el cauce habitual del Senado.
Desde entonces, el vínculo con la Justicia transcurrió entre asfalto y ripio por dos carriles paralelos. Garavano y el asesor Pepín Rodríguez Simón impulsan reformas gradualistas, con epicentro en el Consejo de la Magistratura, desde donde han apuntado al suspendido camarista Eduardo Freiler (otro que tampoco puede justificar su patrimonio) y a varios federales “muñequeadores” de expedientes, Lijo entre ellos.
Por una vía más pragmática y negociadora transitan dos amigos presidenciales con cierta llegada a los tribunales: Daniel Angelici, presidente de Boca, y Gustavo Arribas, jefe de Inteligencia.
La fiscal moral Elisa Carrió mira con desconfianza a esta dupla. Alguien se encargó de explicarle que los primeros trabajan para el futuro y los segundos para encarrilar el presente y que no se desmadre todo. No se sabe si lograron convencerla y si su prometido embate recargado contra Lorenzetti es otra pieza de este relacionamiento complejo entre el Ejecutivo y la Justicia.
Las detenciones que fueron y las que vendrán, según analizan fuentes oficiales, les generan tanta satisfacción como preocupación. Están los que piensan que aunque tarde y desprolijos, son actos de justicia.
Están los que interpretan que hay también un mensaje hacia los actuales funcionarios respecto a lo que les puede pasar cuando cambien los vientos del poder. Dentro de unas horas, o en este mismo momento, un nuevo alboroto high class podría poner a prueba este teorema.
