Se acerca el final del MasterChef en quince a veinte días, y se duda del muñeco laboral que saldrá del horno legislativo. Wanda Nara dirá el veredicto: si el producto quedó bien cocinado o la reforma tendrá insuficiencia de calor; si será escuálido el budín o rechoncho, más duro que el acero o deforme, venido del inframundo. Sin pronóstico aún, apenas la esperanza de que una mínima aprobación logre disminuir el riesgo país, ese índice estampado en la vida económica de la Argentina como si fuera la medida física de su altura.
Más prometida que el ataque de Trump a Venezuela, el proyecto de cambios en la regulación del trabajo circula en el secreto de pocas manos, y solo trascendió que el cuerpo armado por Federico Sturzenegger y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya tuvo diversas afeitadas con una Gillette de estreno, al menos desde el ámbito gremial. Tampoco los empresarios confiesan entusiasmo con la medida, una de cuyas primeras resoluciones promoverá más de un disgusto. Confirma, eso sí, una negociación: persistirá el aporte “voluntario” de los empleados a los sindicatos, que trepa hasta un 9% del salario en algunos casos. Otra casta que se niega al exterminio mileísta y una omisión presidencial que tal vez garantice la aprobación general del proyecto. Si hasta el gran cocinero de la Construcción, Gerardo Martínez, acaba de explicárselo a las autoridades del FMI en Washington. Incluso desde el costado ideológico, ya que los sindicalistas mayores nunca abandonaron la necesidad de su existencia como muralla contra la izquierda beligerante que se alimenta por otras vías. Se recuerda que en los 70 creyeron convencer a los militares de esa certeza estructural, pero igual fueron, en su mayoría, enviados a prisión.
Habrá que observar el ingenio de relojero de la futura norma para evitar la litigiosidad y salvar los tribunales en la relación obrero-patrón que, en ciertos casos, alcanzó excesos desopilantes y hasta una justicia sospechosa. Se trata de una prioridad reclamada por las pymes en particular para el cálculo de las indemnizaciones, si —por ejemplo— el celular o un bono de comida integran parte del salario. Discusión técnica, aunque en la preparación de la ley intervino Luis Caputo para desovillar el embrollo y hasta contribuyó con la creación de un fondo especial para bajar las indemnizaciones. Eso sí, a cambio de que se compren bonos del Estado. No puede con su genio. También el ministro intervino para crear en el paquete un nuevo programa para pymes, con el que necesita robustecer ese sector que hoy difunde solo cierres y despidos. Para que no digan que solo él se ocupa de vencer la valla rival (estabilizar la macroeconomía) y no defender el arco propio, que se distrae de la micro. A pesar de que no es un versado en historia económica, reconoce que Domingo Cavallo se dio cuenta tarde de que la microeconomía se lo llevó por delante en su epílogo con Carlos Menem.
Nadie sabe cuál será la prelación entre regiones y empresas, ni dónde empezará primero, pero en la futura legislación se elimina la ultraactividad y se habilita una negociación de convenios justamente por acuerdos gremiales por empresas o por regiones. Fin de los entendimientos colectivos elaborados en el paleolítico. Debate anticipado por esta supresión, como el de la esencialidad que encuadra a varias entidades. Es decir, establecer aquellos gremios que no pueden adherir en su totalidad a paros y huelgas cuando son esenciales para la comunidad; no se les niega el derecho a la protesta, pero organizaciones como transporte y maestros deben notificar sus decisiones y garantizar un porcentaje de asistencia para mantener el servicio. En cambio, pasará el examen sin demasiadas oposiciones —se presume— la eliminación de ciertos estatutos especiales en favor de cierta igualdad, léase el que ocupa a periodistas o el de peones rurales. Algunos dirán que liquidar esos privilegios constituirá un ataque renovado contra la libertad de expresión.
Como todo es plata, también comenzó una diáspora de los controvertidos magistrados del fuero laboral: ya son catorce las vacantes en la Cámara Laboral sobre un total de treinta; se acaba de confirmar el pase a retiro de la viuda de Recalde, quizás el más conspicuo y próspero abogado en su momento como defensor de sindicatos. Ahora, como no pasa la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y los jueces del rubro podrían sumarse a un régimen común de jubilaciones, muchos han preferido la mudanza en lugar de ser tratados como ordinarios. Un efecto Milei que nadie había considerado, ni siquiera su autor.
Acuerdos con gobernadores por el Senado y captura de diputados sueltos en la Cámara baja anticipan un número favorable de voluntades y, por consecuencia, un promisorio éxito para sancionar la reforma laboral, al igual que el Presupuesto. No favorece al Gobierno el calendario para sesionar hasta fin de año, a menos que disponga de convocatorias especiales en Extraordinarias. No solo los miércoles. Patricia Bullrich, para actuar como vocera y por su actuación como ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, debutará, en apariencia, liderando la reforma y lidiando con Victoria Villarruel. Hay tribulación sobre esta jugada: la reforma también afecta impuestos que complican a muchas provincias. Y nadie asegura que esa concordia fiscal haya sido sellada.
