La desconfianza del núcleo duro de Cambiemos con el peronismo encontró motivos para ser alimentada, aunque sea por una coincidencia tal vez fortuita. El deseo de Emilio Monzó de no ser presidente de la Cámara de Diputados desde diciembre y la potencial unidad del PJ en torno al rechazo del reajuste tarifario que garantiza a la oposición la intervención de Mauricio Macri en ese debate. Si, como se descuenta, debiese vetar en mayo la iniciativa sancionada por la oposición para modificarlo.
Lo curioso de la dimisión no solo es el plazo: ocho meses antes que ocurra. También que haya sido transmitida a Mauricio Macri cuarenta días antes que trascendiera en medio de la aplicación de una medida que el oficialismo estima clave. Sería el último incremento hasta fines de 2019 de acuerdo con el calendario de Cambiemos, con la reelección del Presidente como máximo objetivo político.
Presentada como implícita advertencia a los riesgos del rumbo económico, del que se desprenderá la estrategia electoral, la renuncia de Monzó es un daño al Gobierno, pero también a las instituciones. Su cargo es el cuarto en la jerarquía de la línea sucesoria del Poder Ejecutivo prevista por la Constitución Nacional.
Detalle omitido por analistas que le tributaron una despedida también anticipada, ponderándolo de figura prominente en la política contemporánea. Si estuviesen en lo cierto, el caso serviría para confirmar que la genialidad y el respeto por las reglas no siempre son compatibles. Esa inclinación hacia lo extraordinario parece predominar en la corriente Argentina Federal del peronismo.
Reunida en Córdoba por Juan Schiaretti, complica la candidatura presidencial de Juan Manuel Urtubey, respaldada por Miguel Angel Pichetto. Por encima del repudio a la intervención del PJ, el jefe del peronismo dialoguista en el Senado comparte con Luis Barrionuevo que ningún gobernador desea ese lugar, excepto el salteño.
Schiaretti cree que José Manuel De la Sota satisfaría mejor a los que desconfían de Urtubey por la cercanía con Macri, que podría perder otro interlocutor privilegiado. Pichetto debe renovar mandato en 2019 con un panorama hostil en Río Negro. Al PJ lo preside Martín Soria, hermano de María Emilia, diputada nacional afín a Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta le birló a Pichetto una senadora de su bloque. La peronista y rionegrina Silvia García Larraburu.
Cambios. No es la única iniciativa de Schiaretti para enfrentar en 2019 a Cambiemos, vencedor en 2017. La Legislatura unicameral modificó la ley electoral: habilitó a los candidatos a gobernador y vice a serlo también a diputados provinciales y amplió el financiamiento estatal a los partidos pequeños. Cambiemos denunció la intención de dispersar el voto opositor. El oficialismo recordó que el sistema rige en la ciudad de Córdoba desde 1995.
Schiaretti está dispuesto a sacar provecho de la sociedad que le endilgan con Macri y a la que se le atribuye la derrota. Por eso intenta complicarle la relación con el radical Ramón Mestre. Eliminó las tasas que el intendente percibía por intermedio de la Empresa Provincial de Energía Córdoba (EPEC). Para financiar su gestión, Mestre debe apelar a la Casa Rosada, que recomendó a las provincias reducir el costo de las tarifas con la vía utilizada por el gobernador.
Líder de la UCR Córdoba y sin reelección de intendente, Mestre mantiene una tensa relación con Macri en una provincia sin PASO. El Presidente se lleva mejor con Mario Negri, que precisa renovar mandato de diputado y por eso depende de Mestre: la carta orgánica del radicalismo impide más de dos reelecciones consecutivas.
Con Luis Juez y Héctor Baldassi del PRO, Mestre y Negri aspiran a competir por la gobernación. Macri modera sus expectativas. Al Presidente le gustaría que Negri sucediera a Monzó en diciembre. La idea no seduce al jefe del interbloque Cambiemos. Tal vez ya sabe que Marcos Peña quiere en 2019 a Francisco Quintana en ese lugar. Para que el vice primero de la Legislatura porteña llegue a esa instancia deben ocurrir dos cosas. Que sea candidato a diputado nacional y Macri reelecto en primera vuelta. El peronismo federal promueve condicionarlo con un ballottage.
Al jefe del Gabinete lo espera antes otro trance. El veto presidencial de mediados de mayo sobre la iniciativa que aprobará el peronismo para atar la evolución tarifaria a la salarial, como le adelantaron los principales referentes de Cambiemos en el Congreso. Al proyecto lo firman Pichetto y Pablo Kosiner, jefe del bloque del peronismo federal en Diputados y operador de Urtubey en el Congreso: es obvio que algo cambió en la aparente expresión racional del PJ.
De acuerdo con el oficialismo, al Tesoro le costaría 80 mil millones de pesos poner en práctica esa medida. Tal vez sea el precio para que el peronismo desista de otras. Como la dispuesta por Carlos Verna contra Martín Maquieyra. A través del PJ que preside, el gobernador de La Pampa ordenó pintadas en la ciudad capital, Santa Rosa, contra el diputado de Cambiemos por “traición al pueblo.” Es decir, avalar el reajuste. Maquieyra estuvo a 300 votos de vencer al peronismo el año pasado.
Para desconcierto de la oposición, las tarifas no impactan en los sectores por debajo de la línea de pobreza que constituyen casi el 30% de la población, asistida por tarifa social en electricidad y diferencial en el transporte, además de los programas asistenciales. Sí lo hace entre sectores bajos y medios bajos con ingresos de entre 16 mil y 40 mil pesos, en un país donde el empleo público representa el 20% de la fuerza laboral activa, según el Cippec.
Con un crecimiento de casi el 51% en la última década, la mitad del gasto público en provincias y municipios se explica por ese rubro, que entre 2011 y 2015 creció para atender la demanda en seguridad y educación. Dos servicios con prestaciones muy cuestionadas. El final inevitable planteado por Macri a un paradigma del Estado como centro de reparto de recursos inacabables podría ser la metáfora del desencanto con Cambiemos de Monzó. Tal vez por eso sea el último peronista en sus filas.
