Sabemos que la Justicia en el país es muy desigual en su funcionamiento. Además, existen diferencias entre la Justicia Federal que depende del Poder Judicial Nacional y las provinciales. Por esas diferencias se registran grandes variaciones en la jurisprudencia. Sin embargo, hay algunas similitudes que incluso son compartidas por los que están privados de la libertad en el Servicio Penitenciario Nacional y los provinciales. Una de ellas es la actitud frente a los violadores o abusadores que son rechazados agredidos, aislados y maltratados tanto por los agentes del Servicio Penitenciario como por los prisioneros. Esta conducta se basa en una tradición, no hay ninguna norma o disposición, se transmite de generación en generación sin estar escrita en ningún documento, pero suele ser más respetada que muchas de las leyes o normas sancionadas. Frente a los violadores la mayoría del sistema judicial y penitenciario se rigen por esta conducta tradicional. Esto no impide que siempre existen excepciones, son casos en los cuales no se los castiga ni denigra e incluso se les conceden algunos permisos y beneficios. Esto es lo que ocurre en el caso del exgobernador de la provincia de Tucumán y luego senador nacional José Alperovich, quien fue denunciado por su sobrina, juzgado y declarado culpable de abuso sexual agravado por el vínculo con acceso carnal. Este violador goza de prisión domiciliaria, algo que no es habitual en estos delitos, que son severamente castigados. Además, la prisión domiciliaria es en su departamento de lujo en Puerto Madero, el mismo en el que abusó de su sobrina. El juez justificó haberle otorgado la prisión domiciliaria por los problemas de salud que presenta. Si bien estos parecen no ser graves, ya que se lo ha visto en su balcón fumando y no parece estar muy afectado. Incluso estas patologías podrían ser atendidas en las cárceles ordinarias del Servicio Penitenciario, como ocurre con los presos comunes, pero evidentemente goza de privilegios, porque no es un preso común y menos un violador preso típico. Además, se le autorizó su casamiento en segundas nupcias en su departamento y celebrarlo con una fiesta íntima con 20 invitados. A pesar de todas estas excepciones que se le concedieron, él y su esposa reclamaron porque no se les autorizó una recepción más grande. Es interesante señalar que, si bien trataron de que el casamiento y su celebración pasara desapercibida, no fue posible. Se conocieron detalles como por ejemplo sobre el catering, que entró por una puerta trasera del edificio para no ser visto. A pesar de que toda la celebración o fiesta estuvo rodeada del máximo sigilo y discreción, la verdad se conoció y no fue desmentida. La presencia de la prensa en los alrededores del edificio que vigilaba los movimientos y que hablaba con los vecinos, testigos del movimiento diferente que permitió conocer la verdad. Esto muestra los beneficios que se le conceden a Alperovich, que son muy difíciles de entender y menos aún de aceptar. Lo que a otros presos les es negado, especialmente si son violadores, contrasta con todo lo que a Alperovich le es permitido. Desde la autorización de prisión domiciliaria sin fundamento real concedida por el juez que quebró la norma del aislamiento, rechazo y dureza que caracteriza el tratamiento de los violadores presos, hasta el casamiento con la fiesta para 20 personas, constituyen beneficios inexplicables y menos aún aceptables. Se sabe que las personas pobres son más frecuentemente encarceladas que las ricas o con recursos no solo económicos, sino de relaciones y vínculos que las ayudan a evadir el encarcelamiento. A esto se agrega que padecen más castigos y menos beneficios. Estas injusticias que experimentan las personas pobres privadas de libertad y que en sociedades tan desiguales como la argentina se profundizan. Llama la atención que frente a estos privilegios que goza José Alperovich, la comunidad de políticos y actores claves permanece silenciosa, se escuchan pocas voces de integrantes de la oposición, hombres o mujeres denunciando este trato privilegiado. Tampoco se denuncia la conducta del juez, que constituye un abuso de autoridad y una injusticia inaceptable. El silencio ensordecedor de todo el arco político es no solo llamativo, es preocupante, porque indica un funcionamiento tan erróneo como peligroso del sistema judicial. Por eso, parafraseando a María Elena Walsh, esta Justicia es de un país del revés …
Claro que este no es el único caso de este tipo, pero no por eso es menos grave y preocupante. Mientras las prisiones están llenas de pobres, hombres y mujeres, muchas veces privados de libertad por pequeñas fechorías, los que tienen poder y recursos tanto económicos como sociales y políticamente poderosas, cualquiera sea la gravedad del delito por el que se los condenó, gozan de beneficios y excepciones, como las que se le permiten a Alperovich, la Justicia no será respetada ni valorada. La igualdad de toda la ciudadanía frente a la Justicia, no solo en el acceso sino también en cómo se valoran y sancionan los delitos que cometen, es imprescindible. Necesitamos un cambio que asegure y exija la rendición de cuentas de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, acompañado de un sistema de evaluación y de premios y castigos que asegure que todos sean juzgados con la misma vara. Falta mucho para lograrlo, pero es responsabilidad de toda la sociedad, y en mayor medida de quienes tienen poder de decisión, acelerar el proceso de cambio para tener una sociedad justa e igualitaria y también más productiva y con menos desigualdad. Y de las mujeres denunciar todos estos casos.
