La guerra entre una parte del Poder Judicial y el Gobierno no cesa. En este crescendo dramático, la procuradora Alejandra Gils Carbó había creado nuevos puestos y designado 16 fiscales subrogantes –cercanos a ella– en todo el país para que comenzaran a trabajar hasta que se realicen los concursos para la designación de los correspondientes fiscales titulares. La Justicia frenó esos nombramientos, ya que el juez de feria Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida precautelar reclamada por el diputado provincial Mauricio D’Alessandro. Sin embargo, un nuevo capítulo se abrió en lo que ya es una disputa de poderes. Finalmente, se conoció que quienes integrarían los jurados para elegir a los funcionarios que ocuparán los nuevos cargos previstos en el anexo II del Código Procesal Penal, también son fiscales de confianza de la procuradora, algunos con menos de un año de antigüedad en el cargo, y miembros de Justicia Legítima, la agrupación cercana al Gobierno.
“Esto no para más, si no intervenimos para frenar esta locura, se van a llevar puesta a la Justicia” –graficó un hombre del Poder Judicial, quien confirmó que una de las opciones que fiscales y magistrados están estudiando es “inscribirse en los concursos y presentarse para obtener la legitimación para impugnar judicialmente las designaciones de fiscales amigos del poder”.
Basta con un ejemplo para graficar la turbidez de este proceso. El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, fue elegido por Gils Carbó como uno de los jurados que evaluará a los fiscales que se presenten a concurso. Gonella, uno de los principales colaboradores de la procuradora, está procesado por la presunta comisión del delito de prevaricato, en una causa donde se investiga a Lázaro Báez.
“No es ilegal que la procuradora elija a dedo a los jurados que evaluarán los postulantes que aspiran a la titularidad de las fiscalías, pero es reñido con la ética que no lo haga por sorteo”, explican desde la Asociación de Magistrados.
Lo peor del enfrentamiento entre poderes está por venir. Fuentes judiciales temen que el revés que sufrió la procuradora mediante el amparo que frenó la designación de los 16 fiscales tenga como respuesta el adelantamiento de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, para tratar de legitimarlo de hecho y echar por tierra las denuncias en su contra.
Hambre. La Presidenta dijo el año pasado (4 de febrero) por cadena nacional, durante una de sus duras réplicas a los reclamos salariales de los gremios, que no creía “que haya algún argentino que se muera de hambre”.
Menos de un año después, Néstor Femenía le ha demostrado a Cristina Fernández de Kirchner que –una vez más– estaba equivocada. El niño de 7 años perteneciente a la comunidad qom de la provincia del Chaco, que murió el pasado martes por cuadros derivados de la desnutrición avanzada y la tuberculosis, vuelve a poner al desnudo la realidad de muchas familias que habitan el norte argentino. Sin embargo, en el certificado de defunción y en la formulación estadística sanitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia del Chaco, dice otra cosa. El formulario del Informe Estadístico de Defunción sostiene que supuestamente fueron dos las causas de defunción: shock séptico y fallo multiorgánico.
Pero desde el Centro de Estudios e Investigación Nelson Mandela, que colabora desde hace años con comunidades alejadas del norte argentino, y siguió de cerca el caso de Néstor, aseguran que lo cierto y concreto es que ambas patologías fueron consecuencia de las enfermedades de base –la tuberculosis y la desnutrición– que padecía el niño.
Rolando Núñez, coordinador de dicho centro, asegura que “en verano mueren por desnutrición y deshidratación pero las muertes son registradas por diarrea estival o alguna patología asociada a la causa primaria desencadenante”. “En invierno –continúa– los pibes se nos mueren por tuberculosis, pero en los registros provinciales figuran como víctimas de pulmonía o neumonía, última enfermedad manifestada como consecuencia de la primera; así es como se van creando las cifras negras de la salud”.
La zona de Río Bermejito, Castelli, Miraflores y alrededores aún está protegida por una medida cautelar de la Corte Suprema dictada en una causa impulsada por el entonces ombudsman Eduardo Mondino, cuando en 2007 murieron en pocos meses 11 integrantes de comunidades indígenas por desnutrición. La medida declaraba en estado de emergencia sanitaria, alimentaria, educacional y habitacional a los pueblos indígenas del Chaco.
¿Qué pasó en aquel entonces con Capitanich que, por estas horas, dijo que él hace más de un año que no gobierna la provincia? Capitanich asumió como gobernador el 10 de diciembre de 2007, cuando la cautelar impuesta por la Corte estaba vigente. Durante el primer año y medio de su gestión impulsó de manera ordenada y con buenos resultados la lucha contra el Chagas, la tuberculosis y la desnutrición. Desarrolló una serie de políticas específicas para paliar la situación, fundamentalmente para proveer a las comunidades del Norte de alimentos y agua potable. Respecto de la atención médica, dispuso la formación de agentes sanitarios indígenas que mencionó el miércoles en su alocución matutina. El plan consistía en la capacitación de algún miembro de cada una de las comunidades para garantizar la “presencia médica” en los diferentes parajes, alejados de los centros de atención.
Lo que no dijo fue cómo terminó esta historia: en 2009 los planes de mejoramiento sanitario se estancaron. Los agentes sanitarios indígenas dejaron de recibir capacitación y terminaron limpiando hospitales o –en el mejor de los casos– enrollando vendas y armando gasas para primeros auxilios. Capitanich pretendía que la Corte dejara sin efecto la medida cautelar y se dedicó a hacer lobby a su favor. Al descuidar los planes sanitarios provinciales, de 2011 hasta nuestros días la situación se convirtió en lo que conocemos. Peripecias de la así llamada “década ganada”.
Producción periodística: Santiago Serra.
