Los objetivos en una conversación con los acreedores son coordinar los derechos de los reestructurados con los holdouts a la vez que permitir a la economía crecer y obtener más financiamiento.
A la Argentina no le apareció “de golpe” una deuda potencial en torno a los US$ 15 mil millones. Esa deuda existía al momento del default de 2001, y al momento de los respectivos canjes de 2005 y de 2010. Sucede que, unilateralmente, decidimos decirles a los tenedores de esos bonos: “O aceptás nuestra oferta o pelito para la vieja”. Frente a esto, algunos de los tenedores de estos bonos iniciaron un juicio para tratar de cobrar sus bonos –que estaban emitidos bajo jurisdicción de la Justicia de Estados Unidos–. Otros, que necesitaban la plata o no tenían medios para hacer juicio o pensaban que no podían ganarlo, o que suponían que, aun ganando, les resultaría difícil cobrar, los vendieron a precio “de remate” a quienes tenían recursos y pensaban que sí podían cobrar, a través de un juicio.
Si los que vendieron los bonos en su momento hicieron un buen o mal negocio, depende de lo que hayan hecho con el dinero recibido. Pero eso nada tiene que ver con la Argentina. Pero la cuestión es que la Argentina tenía un monto de deuda externa reestructurada y un monto de deuda “en litigio”, y que no la había contabilizado como tal, en el convencimiento de que nunca tendría que pagarla. En otras palabras, primero convertimos en “carroña” unos bonos que decidimos borrar de nuestros registros de deuda y luego aparecieron los “buitres”.
Pero, lamentablemente, perdimos el juicio. Si obró bien o mal durante estos años, si el fallo es correcto o incorrecto, si lo merecíamos o no, etc. etc., quedará a ser juzgado por la historia. El hecho es que fuimos condenados a pagar por la Justicia a cuya jurisdicción nos sometimos voluntariamente.
Ahora se abren dos posibilidades. Cumplir con el fallo, y tratar de negociar la forma de pago más viable para las cuentas públicas argentinas o, alternativamente, desconocer el fallo y, por la forma en que está redactado tanto el contrato como el fallo mismo, entrar en default con todos los tenedores de bonos de deuda argentina, emitida bajo ley extranjera.
Más allá de consideraciones éticas, ¿qué conviene hacer? Para empezar a dar una respuesta, un par de datos comparativos. En la crisis de 2001, la Argentina tenía un déficit fiscal de cinco puntos del PBI. Uno correspondía a déficit operativo (ingresos menos gastos) y cuatro, a los servicios de la deuda. Dicho servicio, el perfil de vencimientos, el monto total y la imposibilidad de acceder a nuevos créditos convertían a esa deuda en “impagable”. En ese sentido, el default y la reestructuración eran una solución. (Otra vez: si fue la mejor reestructuración posible, también quedará para el juicio de la historia). Ahora la Argentina tiene un déficit fiscal similar al de 2001. Pero la diferencia es que, de los cinco puntos de PBI, cuatro corresponden al déficit operativo y sólo uno a los servicios de la deuda. Asimismo, el monto de la deuda en poder de privados y su perfil parecerían indicar que, bajo ciertas condiciones, dicha deuda es “pagable”. En este contexto, el default y la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera no parecen ser la solución. Más aún si se tienen en cuenta los efectos de dicho default sobre los flujos de fondos para la Argentina y sus empresas, los riesgos asociados a embargos y trabas de fondos para infraestructura y, finalmente, las consecuencias sobre el crecimiento y el bienestar de los argentinos. A lo que hay que agregar que el problema de fondo, el déficit fiscal operativo financiado con emisión del Banco Central, persistiría y sin alternativas de financiamiento diferente.
Por lo tanto, el camino es negociar y hacer una propuesta que permita, simultáneamente, convencer a los que ganaron el juicio, y generar un mecanismo de pago pensando en el resto de los acreedores que están en condiciones de exigir lo mismo, sin violar los derechos de los actuales tenedores de bonos que sí aceptaron el canje y, fundamentalmente, sostener la condición de “pagable” de la deuda argentina para permitir nuevo acceso al financiamiento responsable en el futuro.
¿Existe una solución que reúna todas estas condiciones? Sí, pero no es sencilla.
Esperemos que quienes negocien tengan en cuenta todas estas dimensiones para el diseño de la propuesta argentina. Está claro el escaso margen de maniobra que ahora tenemos, pero no repitamos errores. Una mala solución no es solución.
