Entrando en el octavo mes de gobierno de Alberto Fernández con casi la mitad de ese tiempo en cuarentena resulta una pregunta relevante observar si se puede identificar un rumbo claro en la gestión. Obviamente cada argentino debe tener su propia opinión, más allá de que los efectos de la pandemia y las políticas de aislamiento nublan todo discernimiento.
Pospaís. Muchos han hablado de que el Gobierno se habría enamorado de la cuarentena con la intención de mostrar que no tiene más que ofrecer a la sociedad que una extensión ad infinitum de una situación contingente. Estos enfoques enojan bastante al Presidente, puesto que niegan la propia existencia de la pandemia que cobra cada día más muertes anónimas. Pero también es cierto que buena parte de la sociedad se encuentra afectada por la situación generada por la detención de la actividad, y sus preocupaciones principales (como muestran gran parte de las encuestas) se orientan hacia los problemas económicos con especial énfasis en la cuestión del empleo.
Una de las metas principales que Fernández introdujo desde el principio de su gestión fue la resolución de la deuda pública. Con esta finalidad nominó a Martín Guzmán como ministro de Economía, ponderándolo tanto por ser experto en negociación de deuda soberana como por ser integrante de cátedra de Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia, innovando en la designación de un especialista casi monográfico en un área muy compleja. Guzmán emprendería su blitzkrieg contra los acreedores para cerrar el frente externo en tiempo récord para luego encarar su propio reset. De hecho, ese fue el motivo por el cual no se sancionó ley de presupuesto para 2020, ese instrumento que alguien denominó “ley de leyes”. Las negociaciones se extendieron en el tiempo, el gobierno fue constantemente mejorando su oferta, pero los bonistas (o parte de ellos, aunque sin dudas juegan en tándem) han logrado hacer valer sus ventajas ante el default. Ya no se podrá obtener un triunfo allí, como mucho un empate, situación que implica un costo político.
La espera. La extendida negociación con los bonistas es solo el principio. Luego espera el Fondo Monetario Internacional para negociar cómo se paga la megamillonaria factura que dejó Mauricio Macri sobre el escritorio de Casa Rosada. Los burócratas del FMI seguramente se sorprendieron por la respuesta que dio Fernández en una entrevista con el Financial Times sobre que no creía en los planes económicos. Los famosos programas de estabilización macroeconómica siguen siendo la receta favorita aún en épocas del Fondo bueno y empático. Estos planes no tienen otra finalidad que lograr extraer recursos de las economías que deben pagar sus cuentas.
Hay pocos proyectos del proyecto político final del décimo gobierno peronista electo de la historia argentina
El problema es que la expresión “plan económico” se ha asimilado a “plan de ajuste”. Cuando economistas y empresarios piden un plan, no lo hacen pensando en los planes quinquenales a lo Perón, sino en un programa fiscal y monetario. La transformación en meme de aquella imagen con los popes del Banco Central que decía “Meta de inflación 2018: 10% (+ - 2)” muestra lo absurdo de los planes totalmente divorciados de la realidad social y económica (la inflación de 2018 fue del 47,6%). Es claro, que hoy día con un Estado sosteniendo buena parte de la masa de ingresos de la población activa o desactivada, con una caída de la actividad económica histórica y la contracción abrupta de los ingresos por las vías fiscales pedir un programa fiscal es ciencia ficción. Esto no quita que la sociedad deje de esperar las señales presidenciales sobre qué objetivos se plantea y que permita poner límites a la incertidumbre.
Brújulas. Hay pocos atisbos del proyecto político final del décimo gobierno peronista electo en la historia argentina. Un camino que se está perfilando es la construcción de un esquema de ingreso universal que podrían reemplazar a los programas IFE y ATP, a los planes sociales, y a otros programas de la seguridad social, en un modelo que no requeriría mayor requisito que ser ciudadano. La aplicación de un sistema como ese sin dudas traerá muchos debates, desde su financiamiento hasta el impacto en el mercado de trabajo pasando por la subjetividad de los propios afectados (en principio todos). Este ingreso universal sería la traducción al “poner dinero en el bolsillo de los argentinos” término empleado por Fernández en la campaña electoral. Sería la forma directa de sacar de la pobreza económica a millones de argentinos. Sin embargo, implicaría dotar a cada hogar de cuatro personas de unos 43 mil pesos a valores de junio, cuando hoy la jubilación mínima orilla los 17 mil pesos.
La otra gran iniciativa del gobierno es la reforma de la justicia presentada esta semana. El tema ya presenta mil controversias. La idea de que una reforma profunda del tercer poder del Estado sea simplemente una componenda para alivianar situaciones judiciales particulares preanuncia una extensa confrontación en el país. Es cierto que la imagen de la justicia es pésima, pero cuando se profundiza en la cuestión en los grupos focalizados de los ciudadanos las respuestas se orientan sólo en dos direcciones: la permeabilidad (y connivencia) de los jueces con el poder político de turno y la facilidad con que se excarcela a los delincuentes. Esto último explica porqué hoy Sergio Berni es uno de los políticos con mejor imagen del país: no pierde oportunidad para reclamar mayor severidad al accionar judicial.
Sorpresas. Es difícil tener un control de daños en la economía que finalmente habrá provocado la pandemia, pero sí se puede observar que la ausencia de inversiones privadas ralentizará la recuperación, mientras que el Estado hace lo que puede. En este marco la foto de Cristina Fernández con los principales dirigentes del recientemente creado Consejo Agroindustrial Argentino sorprendió adentro y afuera del gobierno. La misión de dar un salto en las exportaciones agropecuarias es loable y necesario, así también como superar las viejas divisiones entre el mundo industrial y el mundo del campo. Sin embargo, acuerdos de este volumen no suelen ser organizados desde la vicepresidencia, ¿hay un cambio de principio?
*Sociólogo (cfdeangelis).
