La reforma general al sistema penal de nuestro país es uno de los ejes centrales del programa Justicia 2020, que desarrolla el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano.
Esta reforma no se limita al Código Penal de la Nación (ley de fondo) cuyo anteproyecto elabora hace un año la comisión de especialistas formada por jueces, fiscales, abogados, representantes de la academia y del Poder Ejecutivo, también abarca normas procesales (ley de forma) y una mejora en la administración de la Justicia penal en su conjunto.
Dentro de este marco integral de modificaciones, hay dos proyectos que resultan fundamentales. Por un lado, el proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, que en octubre de 2016 fue elevado al Congreso con objeto de implementar el sistema acusatorio a nivel federal. Por el otro, el anteproyecto que elabora la Comisión de Reforma del Código Penal que se elevará al presidente Macri.
El Código Penal argentino tiene ya cerca de cien años y ha sufrido más de novecientas reformas parciales que afectaron la sistematicidad y la proporcionalidad de sus penas. Por su parte, hay intereses sociales que no existían al momento de la sanción del Código en 1921 y que con la aparición de nuevas tecnologías requieren la protección del derecho penal con sanciones específicas, como es el caso de los ciberdelitos.
Así también hay intereses sociales preexistentes pero valorados actualmente de un modo distinto por la sociedad, ello se ve claramente por ejemplo con la necesidad de protección del medio ambiente con el arma más severa de un Estado de derecho, que es justamente el derecho penal.
Sabemos que un nuevo Código Penal es absolutamente necesario pero no alcanza. No es suficiente con una reforma que atienda a qué conductas sancionar y con qué penas. Es preciso que se amalgame con un proceso penal ágil, eficaz, con mejores herramientas para la investigación de los delitos complejos como el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, y que tenga en cuenta a las víctimas.
En este marco, Justicia 2020 ya logró la sanción de las leyes de Fortalecimiento de los Tribunales Orales Federales y Tribunales Orales en lo Penal Económico, de Unificación de fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la CABA, de Flagrancia, de Implementación del Juicio Unipersonal y de Integración Unipersonal de Cámaras de Apelaciones y de Casación en determinados supuestos.
Desde el programa también se consiguió la aprobación de las leyes de Protección a Víctimas de Delitos y de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad e impulsó las leyes de Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, de Herramientas para la Investigación de Delitos de Investigación Compleja, del Arrepentido y de Adhesión al Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa, firmado en Budapest.
Con el equipo del ministro Garavano trabajamos en lograr los acuerdos para que las reformas penal y procesal penal sean aprobadas por el Congreso y, junto con legisladores de todos los partidos, implementar estos cambios que la sociedad reclama y dar así un salto de calidad democrática en uno de los temas que más preocupan a la sociedad en su conjunto.
*Director nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
