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POLITICA / SOSPECHAS
martes 23 diciembre, 2008

La Justicia investigará a Kirchner por asociación ilícita

Dio curso a la denuncia realizada por Carrió. La lista de involucrados es grande: De Vido, Jaime, Cristóbal López, Lázaro Baéz, Rudy Ulloa y Uberti.

Foto: Cedoc
martes 23 diciembre, 2008

La denuncia de Elisa Carrió contra Néstor Kirchner por asociación ilícita tuvo eco en Tribunales y
el juez federal Julián Ercolini abrió hoy formalmente la investigación por asociación ilícita contra el ex presidente, el ministro Julio De Vido y un grupo de empresarios, y requirió informes, diligencias y citaciones testimoniales para comenzar a obtener pruebas e indicios de la acusación.

Según indicaron fuentes judiciales, el juez Ercolini aceptó la requisitoria del fiscal federal Gerardo Pollicita sobre la base de la denuncia que el 12 de noviembre pasado había hecho la dirigente opositora Elisa Carrió, junto a once diputados de la Coalición Cívica.

El juez Julián Ercolini recibió el planteo de la Fiscalía para abrir la pesquisa sobre quienes "resultarían responsables de los hechos" denunciados: el ex presidente Néstor Kirchner; el ministro de Infraestructura Julio De Vido; el secretario de Transporte Ricardo Jaime; el ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti y el secretario Legal y Técnico Carlos Zanini; junto a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa.

Ercolini, que ahora está a cargo de esta investigación, es el mismo juez que en el 2005 había sobreseído a Kirchner y su esposa, hoy presidenta, Cristina Kirchner, en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

Hoy, en un escrito de una treintena de carillas, el juez Ercolini dispuso unas quince medidas de pruebas entre las cuales se incluye la citación como testigo del ex intendente de Córdoba, Luis Juez, para que explique -tal como lo hizo públicamente- si recibió presiones del empresario Cristóbal López para apoyar el negocio del juego en la capital mediterránea, indicaron a DyN fuentes judiciales.

También pidió llamar a declarar al ex embajador de Venezuela Roger Capela, quien había sido retirado por Hugo Chávez de su puesto, en medio de versiones que indicaban que había sido Kirchner quien le había pedido ese retiro.

Fuentes judiciales precisaron que también se dispuso que en la Inspección General de Justicia, y en los Registros de Comercio provinciales se obtenga toda la información sobre estatutos, balances y documentación de un grupo de sociedades que fueron mencionadas en la pesquisa.

Y requirió datos al Principado de Liechtenstein, a raíz de la medida dictada por un juez de ese país Nicole Netzar que bloqueó preventivamente diez millones de dólares de una cuenta vinculada a la empresa Austral Construcciones S.A, propiedad del empresario santacruceño Lázaro Báez, en una causa abierta por supuesto lavado de dinero. Además, Ercolini requirió a la AFIP que envíe toda la información sobre denuncias penales tributarias o previsionales de los mencionados en la investigación, y un informe de la integración accionaria de unas 24 empresas que fueron mencionadas en la mega denuncia.

Se pide además que la Secretaria Legal y Técnica remita una copia del acuerdo 1851/07, en donde se prorrogó la concesión de la operatoria de máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, indicaron fuentes judiciales.

Sobre la conexión con Venezuela, se requirió que se detallen todas las operaciones que pudieron haberse derivado de un fideicomiso con el gobierno de Hugo Chávez. Tal como informó la agencia DyN en su momento, el ex presidente Néstor Kirchner fue denunciado como el presunto jefe de una banda delictiva que, según la denuncia de Carrió, se habría agrupado para defraudar a la administración publica y realizar negociaciones incompatibles con la función publica.

Para Carrió, durante la gestión kirchnerista se concretó una "patrimonialización del Estado", en donde "quienes detentan posiciones de poder ascienden a ocupar roles de gobierno apropiándose de los derechos y bienes del Estado, transformándolos en propios".

La denuncia de la dirigente opositora apuntaba a demostrar que existió una asociación ilícita desde el poder para cometer "fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública".

Fuente: DYN

 


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