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SOCIEDAD
jueves 5 mayo, 2011

Violento intento de desalojo de los quilmes en Tucumán

La actuación policial dejó seis heridos. Perfil.com habló con abogados de DDHH de los aborígenes.

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Foto: Cedoc
jueves 5 mayo, 2011

Al menos seis indígenas resultaron heridos y uno de ellos fue detenido en Tucumán en un intento de desalojo que la policía provincial realizó en unas tierras que los aborígenes de la comunidad Quilmes reclaman como propias ancestralmente.

El hecho, que se transformó en un violento enfrentamiento en el que que hubo gases lacrimógenos, balas de goma y palazos, ocurrió el domingo pasado, cuando efectivos de la Policía acudieron al terreno, ubicado en la localidad de Colalao del Valle, donde se emplaza un grupo de casas construidas comunitariamente por unas 40 familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ). Un predio que está en litigio porque los indígenas aseguran que es parte indivisa de la posesión ancestral, pero que también es reclamado por la Comunidad Aráoz Hermanos, una entidad civil que según la denuncia nuclea a diversos terratenientes de esa localidad tucumana.

La orden fue dada por el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar, en un acto en el que "desconoció toda la legislación local, nacional e internacional en materia de derecho indígena", sobre todo teniendo en cuenta que la "ley sobre ordenamiento territorial ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorio", informaron desde Andhes, una organización de abogados en Derechos Humanos del noroeste argentino que patrocina a esta comunidad.

"Hay sobradas irregularidades en la causa. El juez de paz Salazar está denunciado por la comunidad Quilmes desde diciembre de 2008 por parcialidad manifiesta ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, por lo cual debería excusarse de cualquier causa en la que esté implicada la comunidad. Al no hacerlo viola derechos constitucionales referidos al debido proceso", explicó a Perfil.com Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de Andhes.

Además, Doz Costa denunció que el juez Peral realizó un "artilugio jurídico" en este intento de desalojo para avanzar por la vía civil, "desconociendo a la comunidad originaria". "A pesar de que en el predio viven 40 familias, identificaron en la causa a una sola persona, que a pesar de que está censada" como miembro de una comunidad aborigen, "desconoce toda legislación aplicable a la comunidad indígena".

La abogada contó también que esta fue la tercera vez que estas familias sufren una intimación de este tipo. La última vez fue en septiembre de 2009, cuando las 40 familias de la comunidad Quilmes habían sido violentamente desalojadas del predio, ubicado en el km 4306 de la ruta nacional n° 40, situación en la que incluso sus viviendas habían sido arrasadas y destruidas. Con el tiempo, y con muchísimo esfuerzo, la Comunidad inició la reconstrucción de las casas, sobre las que esta nueva medida pretende avanzar.

Este último intento de desalojo quedó por el momento suspendido "de hecho", mientras se espera que hoy la Corte Suprema de Justicia provincial se expida sobre un pedido de suspensión de la medida que hizo Andhes el viernes último. "El desalojo se ordenó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorio, hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Un plazo que además fue prorrogado hasta el 2013 por la Ley 26.554".

El violento incidente. Sergio Condori, delegado de base de la CIQ, contó a Perfil.com los pormenores del intento de desalojo que sufrieron el domingo último por la mañana, ante la presencia de mujeres, niños y ancianos. "Este es el tercer desalojo que quiso efectuar el juez Salazar. Esta vez nos golpearon y nos tiraron balas de gomas, las veces anteriores nos desalojaron con la total destrucción de varias viviendas, incluidas la querma de las pertenencias", relató.

Y contó que la Policía llegó cerca de las 9.20 de la mañana, con unos 40 efectivos, y que antes de que comenzaran con la represión hubo algunos intentos de diálogo entre ambas partes. "De pronto intentaron abrir una puerta, pero una compañera se puso en el medio para evitarlo, entonces fue arrastrada por la Policía. Fue cuando reaccionamos los demás, que éramos unos 20, para tratar de defenderla", aseguró Condori.

"Entonces ellos empezaron a agredirnos con bastones, pegando a la gente que estaba ahí. Nosotros intentamos resistir con piedras y palos, pero ellos comenzaron a tirarnos con gases lacrimógenos y balas de goma", señaló. Y contó que luego fue detenido Víctor Nicolás Suárez por contravención, aunque fue liberado por la noche. "A ese chico lo agarraron sólo por cruzar el alambrado e intentar escapar de los disparos con bala de goma", aseguró.

"No es la primera vez que sufrimos estos actos de violencia. Pero también somos constantemente perseguidos y hostigados. Incluso nos enviaron matones para hacernos asustar. Nosotros ya pedimos protección al Ministerio de Seguridad de la provincia, porque necesitamos que nos garanticen seguridad", dijo Condori.

Por su parte, Doz Costa también informó que está en trámite un pedido de medida cautelar de protección ante la Corte Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH) "para 10 comunidades que vienen sufriendo desalojos de este tipo en la provincia".


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