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SOCIEDAD /
jueves 24 noviembre, 2011

Organizaciones sociales marchan para exigir el fin de la criminalización de la protesta

Un bloque intersectorial reclamó al Gobierno que cesen las persecuciones contra sus dirigentes. Fotos.

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Foto: DyN.

Varias agrupaciones y movimientos sociales confluyeron en una multitudinaria marcha desde Congreso a Plaza de Mayo, para reclamar contra la criminalización de la protesta social, por el cese de las persecuciones judiciales a los luchadores y la libertad de los presos políticos.

Entre los convocantes se encontraban organizaciones obreras y estudiantiles, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, entre otros, los delegados de la Línea 60, los ferroviarios del Sarmiento y de la agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", los delegados del Teatro Colón, los trabajadores de Kraft Foods, como así también los dirigentes Néstor Pitrola (Partido Obrero) y Vilma Ripoll, procesados por apoyar la lucha de Kraft.

“Acá estamos defendiendo, no sólo los derechos de cinco mil procesados, sino todos los derechos del movimiento obrero”, expresó Pitrola.

“Estamos defendiendo, no sólo que nos saquen los procesos a todos nosotros, no sólo a las nuevas direcciones sindicales que surgen contra la vieja burocracia sindical. Estamos defendiendo los derechos de todo el movimiento obrero argentino, en un momento crucial, en el que hay que preparar los sindicatos y asambleas generales, para enfrentar el tarifazo y todo lo que se viene”, concluyó.

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA), entidades sociales y políticas marcharon por la tarde desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, en contra de "la criminalización de la protesta social".

Las entidades, entre las que se encontraba el Frente Darío Santillán, pidieron "juicio y castigo" a los responsables de los "compañeros y compañeras asesinados por luchar" y demandaron la "libertad de muchos luchadores y luchadoras, encarcelados por luchar, como Oñate, Olivera, Tapia, Claros y Germano, entre otros".

Las organizaciones sociales también exigieron el desprocesamiento, cierre de causas y anulación de condenas "de 5.000 luchadores obreros y populares de todo el país".

En un comunicado, advirtieron que "cargan sobre sus espaldas causas armadas por enfrentar a patotas sindicales y paraestatales, que operan impunemente en sus lugares de trabajo y otros territorios".

 


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