La Fundación para la Defensa del Ambiente, junto a un grupo de organizaciones ambientales, académicos y científicos, presentó una denuncia penal contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y varios funcionarios provinciales. Los ambientalistas recurrieron a la Justicia de la provincia de Córdoba tras la aprobación de la Ley 10.997, que adhiere al Régimen de Incentivo a la Generación y Captura de Inversiones (RIGI).
La denuncia presentada el 29 de octubre incluye al ministro de Economía, Guillermo Acosta; a la presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto; y a los legisladores que votaron a favor de la norma. En el texto solicitan la "declaración de inconstitucionalidad de las leyes 27.742, que crea el RIGI nacional, y 10.997, que crea el RIGI cordobés".
Entre los argumentos de forma, señalan que la aprobación del proyecto fue con un tratamiento "exprés, sobre tablas", que no cumplió con el requisito de aprobación por dos tercios de los votos, establecido en el reglamento legislativo. Además, aseguran que leyes de este tipo requieren "el tratamiento en doble lectura y, en algunos casos, con Audiencia Pública entre la primera lectura y la segunda (Ley 9003)", lo cual no se habría respetado.
Los denunciantes también sostienen "la omisión de la consulta obligatoria a las comunidades afectadas", en incumplimiento de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo a las normativas internacionales, se obliga a garantizar la participación previa de las poblaciones potencialmente impactadas por este tipo de normativas.
En el comunicado donde anunciaron la denuncia enlistaron los posibles efectos ambientales adversos del RIGI, entre los que se encuentran:
- Megaminería de canteras desbocadas.
- Cuencas hídricas devastadas.
- Ríos y arroyos secos.
- Cientos de miles de hectáreas sometidas al vertido de venenos (agrotóxicos).
- Reservorios de agua para consumo humano contaminados.
- Emprendimientos inmobiliarios en zonas rojas y en cuencas medias altas autorizados y motorizados por el Gobierno Provincial.
- Incendios políticos que afectan biodiversidad y bosque nativo.
- Megabasurales a cielo abierto por toda la Provincia.
- Cloacas regionales construidas sobre los cursos de agua.
- Autovías y obra pública que atropella los bienes comunes.
- Residuos peligrosos de todas las provincias siendo tratados para disposición final en nuestros territorios.
- Fondomontes y sectores concentrados de la economía quedándose con el agua del futuro.
"El Poder Judicial debe dar respuestas acordes a los reclamos y las denuncias iniciadas y en proceso para evitar el agravamiento del ecocidio", reclaman las agrupaciones ambientalistas sobre el nivel de impacto ambiental que podría tener la aplicación del RIGI provincial.
