Un reciente informe sobre el gasto legislativo municipal en 76 ciudades argentinas, elaborado a partir de los presupuestos municipales 2025, expuso una fuerte heterogeneidad entre los Concejos Deliberantes del país. El estudio —realizado por Fundación Libertad, CISE y la Fundación Internacional para la Libertad— ofrece un mapa detallado de cuánto cuesta sostener cada legislatura local y deja al descubierto contrastes extremos en todas las variables analizadas.
Córdoba: gasto moderado y por debajo de los picos nacionales
En el caso de la ciudad de Córdoba, el informe muestra que el nivel de erogaciones se mantiene dentro de parámetros razonables respecto al conjunto del país. El gasto anual por concejal asciende a $634.436.483, una cifra similar a la de Rosario ($677,9 millones) y muy por debajo del extremo superior: Posadas, que encabeza el ranking con $1.441,5 millones por edil. En el otro extremo, Comandante Fernández registra apenas $24,7 millones.
El promedio nacional del gasto anual por concejal —entre las 76 ciudades analizadas— es de $259,3 millones, por lo que Córdoba se ubica por encima de la media, pero lejos de los valores extraordinariamente altos.
En cuanto al gasto por habitante, Córdoba destina $13.066 por residente al año, cifra cercana al promedio nacional de $14.709. En este punto vuelve a destacarse el contraste con centros urbanos del sur del país: Ushuaia, Río Gallegos y Río Grande concentran los gastos per cápita más altos del país, con $114.075, $84.065 y $80.142 respectivamente. En el caso de Ushuaia, el gasto por habitante es casi ocho veces el promedio nacional.
Participación presupuestaria: Córdoba entre las más austeras
Otro dato relevante es la proporción que representa el Concejo dentro del presupuesto total del municipio. En Córdoba, el legislativo local demanda 1,41% del gasto municipal, una de las cifras más bajas del país. El promedio nacional es de 3,31%, mientras que las jurisdicciones con mayor peso relativo del gasto legislativo son Posadas (14,8%), San Juan (9,0%), Eldorado (9,0%) y San Salvador de Jujuy (8,5%).
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El presupuesto anual del Concejo Deliberante de Córdoba asciende a $19.667.530.987.
Gasto en personal: Córdoba también por debajo del promedio
El estudio también evaluó cuánto de estos presupuestos corresponde a sueldos de concejales, personal administrativo, asesores y contratados. Con datos disponibles de 56 ciudades, Córdoba presenta un 64,88% del gasto destinado a personal, cifra muy inferior al promedio general de 85,19%.
En 29 de las 56 ciudades relevadas, el gasto en personal supera el 90%, y el caso más extremo es San Isidro, donde las erogaciones salariales representan el 99,19% del total.
Córdoba cuenta con una dotación de 260 trabajadores, lo que equivale a 8,4 empleados por cada concejal. El promedio nacional es de 12,4 empleados por edil, y ciudades como Santa Fe llegan a un ratio de 14,5.
Quiénes hicieron el estudio
El informe fue elaborado por un equipo interdisciplinario del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE), comisiones técnicas de Fundación Libertad y especialistas de la Fundación Internacional para la Libertad.
El staff técnico estuvo encabezado por el Lic. Luciano Villegas (Coordinador de Investigaciones Económicas) y el Lic. Javier Bongiova (Economista Senior). También participaron los investigadores Joaquín Aranguiz, Delfina Barbero, Facundo Beltramone y Juan Manuel Redolfi, junto a las consultoras externas Agustina Leonardi y Delfina Arce.
Un mapa desigual del gasto legislativo
Los resultados dejan en evidencia que el país exhibe fuertes disparidades en el sostenimiento de sus Concejos Deliberantes. Tanto en la cantidad de personal, como en el gasto por concejal, el costo por habitante o la participación dentro del presupuesto municipal, no existe un patrón uniforme.
El caso de Córdoba, con niveles moderados y estructuras más eficientes que la media, contrasta con ciudades donde el gasto legislativo crece a ritmos muy superiores al resto del presupuesto municipal.
Mientras se discuten reformas para transparentar y hacer más eficiente la gestión pública, el informe funciona como una radiografía clave para entender dónde están los mayores desbalances y qué modelos pueden servir como referencia para una administración más equilibrada.
