El jurista Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) analiza la tensión entre la política y la Justicia, aporta una explicación y propone acuerdos mínimos para salir de la lógica de intercambio de favores entre ambos. Escapa al análisis binario común de la famosa ‘grieta’ que contraponen la embestida judicial desde el Gobierno a la denominada defensa de la República que embandera la oposición.
—¿Por qué se ha llegado a esta enorme tensión entre la política y la Justicia?
—Tenemos dos problemas. Uno, el funcionamiento de la administración de Justicia. El otro, el comportamiento de la dirigencia política. Hoy la dirigencia está demostrando que es incapaz de hacer mínimos acuerdos para cuestiones elementales, como nombrar el procurador, el defensor del pueblo, una infinidad de funcionarios que están quedando en el interinato. En Córdoba lo sufrieron también porque después de dos años se manda una propuesta de procurador. Se ha normalizado la idea del interinato; pero es el resultado de la incapacidad de una clase política. Ella misma ha desencadenado esta locura de que cada dos minutos se hagan denuncias unos a otros. Una parte de la dirigencia está atrapada en un funcionamiento perverso de las causas penales. Estamos en una situación de empate, donde no se mueve nada.
—¿De quién es la responsabilidad?
—Es compartida. El gobierno anterior, el de Mauricio Macri, que ganó con la promesa de renovación institucional del Poder Judicial, después encontró las mieles y eficacia de las mesas judiciales, del uso de los agentes de inteligencia. Este gobierno, al que es difícil juzgar por el año de pandemia, está atrapado porque quiere salir de este juego y no sabe hacerlo; y cuando manda reformas, son todas retrógradas. Estamos todos desorientados acerca de dónde quiere ir. Es la dirigencia política la que ha generado lo que vivimos todos. No puede ser que el plan de vacunación sea una escalada de denuncias penales cada tres días. Al mismo tiempo que hay prácticas ilegales, hay una cierta locura que luego la Justicia metaboliza del peor modo posible.
—¿Cómo salimos?
—Hice cinco propuestas sobre la Justicia federal. Son muy simples, a los efectos de salir de esta situación. Es un hecho muy negativo que la ministra de la Corte, (Elena) Highton de Nolasco, que tuvo una carrera, aprovechó una leguleyada impropia para quedarse en el cargo más allá de lo que puede quedarse. Salga por favor, señora Higthon de Nolasco. Su cargo más el del Procurador General son relevantes. La dirigencia política no puede ponerse de acuerdo como ocurre en muchos países del mundo donde se ponen de acuerdo para nombrar gente de alta valía de independencia. Lo primero es eso para salir de esta situación del interinato. Hacer un acuerdo para nombrar al Procurador y un ministro de la Corte.
—¿Y un tribunal intermedio para aliviar a la Corte?
—No tiene ningún sentido. La que se llenó de casos es la Corte misma con una jurisprudencia muy amplia sobre la sentencia arbitraria. Acá hay un gran llamado de atención a los tribunales superiores de provincias. Nuestro sistema es muy claro. Pueden existir sentencias arbitrarias, pero no en miles de causas, porque eso es un signo de que los tribunales de provincias, que controlan esto, o las cámaras federales de casación, están haciendo un trabajo pésimo. Ante cada problema, no podemos crear un organismo nuevo que magnificará el problema. Hay que retocar el funcionamiento de la Corte. Está funcionando muy mal. Se llena de relatores, de casos, después no sabe cómo resolverlos; de cuestiones administrativas
—¿Qué habría que hacer en el Consejo de la Magistratura?
—Con un conjunto de organizaciones, como Poder Ciudadano, Cels, Inecip, hemos pedido al Consejo de la Magistratura que cambie el modo de tomar exámenes con una facultad que ya tiene para hacer un examen bien hecho, anual, bianual, transparente, para tener los candidatos listos cuando se produce una vacante. Pero no lo quieren hacer. Todo esto se ha convertido en un gran cambalache de favores. Los jueces dan favores, ascienden con favores; la política pide favores y se los ofrece a los empresarios. Estas son propuestas mínimas que no piden reformas legales, sino que pueden marcar hasta qué punto estamos dispuestos a hacer una reforma en serio o seguir hablando de cortinas de humo.
LA PROPUESTA
1 Que la ministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, deje el cargo, generando una vacante. Oficialismo y oposición pueden consensuar reemplazos en dos cargos relevantes: ministra/o de la Corte y Procurador/a General.
2 Que la Comisión Bicameral del Ministerio Público exija que en un plazo máximo de seis meses se implemente la ley vigente.
3 Modificar el funcionamiento de la Corte Suprema, restringiendo el uso del recurso extraordinario y trabajando con los Tribunales Superiores de provincias para fortalecer el sistema de precedentes.
4 Que el Consejo de la Magistratura realice evaluaciones generales, de mayor calidad y transparencia, para que puedan designarse jueces apenas se produzcan las vacancias.
5 Que los tribunales revisores (Cámaras y Casación) mejoren su desempeño y cumplan su rol con sistema transparente de asignación de causas, audiencias orales, etc.
