El nuevo acuerdo fiscal que el gobierno de Juan Schiaretti les propuso a los intendentes hace casi dos semanas se convirtió en la batalla que abrió el segundo semestre político en la provincia, en este enfrentamiento cada vez más duro entre el peronismo cordobés y Cambiemos. La propuesta para que los jefes comunales reciban fondos frescos en formato de subsidio y otro ingreso a modo de préstamo con tasa blanda, a cambio de resignar cualquier tipo de demanda contra el Estado provincial, desató la furia de parte del radicalismo sobre el final de la semana. Con intendentes que responden al titular del Palacio 6 de Julio, Ramón Mestre, que salieron a manifestar que fueron presionados para acordar con el schiarettismo.
La respuesta del oficialismo provincial fue cruzar al jefe comunal capitalino por la gestión y reconocer que se siguen sumando intendentes que suscriben el acuerdo. El viernes, un alto funcionario de la Provincia reconoció a PERFIL CÓRDOBA que ya eran 86 los jefes comunales del radicalismo que firmaron.
“Esto es simple: los intendentes reconocen que tienen problemas con las finanzas y por más que tengan un acuerdo tácito con alguien, no van a resignar acceder a esos fondos”, señalaron desde El Panal. En el Centro Cívico también creen que se sumarán más voluntades en los próximos días y advierten que hay intendentes de Cambiemos que, para no generar ruidos con los socios de la coalición en Córdoba, aplicarán una vieja estrategia: harán pasar el acuerdo por el Concejo Deliberante de cada localidad y el acompañamiento llegará tras la aprobación en los distintos legislativos. Así, el Ejecutivo municipal no pagaría el costo de ir al pie del schiarettismo.
A propósito de ámbitos parlamentarios, la discusión sobre el pacto que la Provincia le ofreció a los municipios hará escala este miércoles en la Unicameral, donde a la mayoría oficialista se sumará el apoyo del bloque kirchnerista Córdoba Podemos y, casi con seguridad, el voto del PRO. Situación que genera un nuevo cortocircuito en el interbloque Cambiemos.
La carta mestrista. Tanto en el Gobierno provincial como en el grupo de intendentes radicales y macristas reconocen que el reclamo a la administración schiarettista es la carta a la que seguirá apostando Mestre. Hace semanas, el macrismo municipal admitió que el intendente capitalino extendería el conflicto por un buen tiempo, mientras que en el PRO, la continuidad de la demanda que inició el intendente de Oliva, Oscar Tamis, así como la posición de cara al pacto, eran decisiones que se tomarían en Buenos Aires. Y sobre esto hablaron en el último encuentro que tuvieron en la semana los referentes del espacio amarillo en Villa Allende.
Entre el miércoles y el viernes, en tanto, se desplegó parte del plan mestrista, con intendentes cercanos al titular del Palacio 6 de Julio que salieron a denunciar aprietes o extorsión. Tal es el caso de Myriam Prunotto (Juárez Celman) y Daniel Tappero (Carrillobo). Lo que desencadenó una dura respuesta de la Provincia y escenario que anticipa que la discusión tendrá un punto álgido este miércoles en la Unicameral, con el debate por el mecanismo. Así, nadie puede imaginar el final del enfrentamiento esta semana. Por el contrario, puede ser sólo un capítulo más en la disputa de la Provincia con algunos intendentes de la oposición.
La escala legislativa, nuevo golpe al seno de Cambiemos
Con el argumento del contexto de crisis nacional que empezaron a manifestar desde el gobernador Juan Schiaretti hacia abajo los principales funcionarios provinciales, el envío de fondos a los municipios y comunas en el marco del nuevo acuerdo fiscal hará escala este miércoles en la Unicameral. Y esto, en el oficialismo, creen que puede ser un nuevo golpe al seno de Cambiemos, con el interbloque de la coalición opositora votando fragmentado.
“Se puede repetir el escenario de otras votaciones en las que se discutieron fondos: el radicalismo más cercano a (Ramón) Mestre, los duros de la UCR y el juecismo se van a oponer, pero el PRO acompañará”, razonan en la Provincia. El macrismo cuenta con tres legisladores que, al igual que ocurre con los intendentes, podrían acatar lo que pidan desde Casa Rosada, sobre todo a las puertas de la discusión por el Presupuesto en el Congreso. Los radicales que votarán en contra son Javier Bee Sellares, Miguel Nicolás y Carlos Ciprián. Al respecto, Bee Sellares señaló a este diario: “el acuerdo tiene falencias jurídicas. Fundamentalmente porque obliga a los intendentes a desistir no sólo de demandas actuales, sino también de reclamos judiciales futuros. No se puede votar porque además se incumple con la ley de copartipación provincial”.
“Utilizar un legislador o un ministro llamando a cada intendente para que firme el pacto bajo la amenaza de quedarse sin nada, pone de manifiesto la incapacidad política de gestión de este gobierno que elige el camino del apriete político en vez de cumplir con las leyes”, dijo Nicolás.