En marzo de 2022, una vecina acudió al CPC Rancagua para tramitar la renovación de su licencia de conducir. Allí —según la denuncia— un empleado municipal que además es delegado gremial le dio un “chirlo” en la cola.
El hecho, más allá de su entidad física, le provocó un impacto profundo: la mujer dejó de acudir a ese CPC, debió retomar un tratamiento psiquiátrico que estaba finalizando y sintió que el episodio quebró su confianza en un espacio estatal que debería ser seguro y accesible.
“No es lo mismo un tocamiento en la calle que en una oficina pública, donde hay una relación de autoridad y el vecino va a realizar un trámite confiando en el Estado”, explicó Luciana De la Silva, abogada de la víctima.
La profesional, reconocida por su trabajo en prácticas restaurativas y autora de un manual sobre la materia, planteó una alternativa diferente a la sanción tradicional. Según explicó a Perfil CÓRDOBA, la víctima fue derivada por la psicóloga que la atendía porque conocía su método de trabajo y consideraba que podía evitarle el desgaste de un proceso judicial largo, costoso y emocionalmente nocivo.
“El sufrimiento que provoca transitar un proceso penal muchas veces es mayor que el hecho en sí. Por eso, cuando escuché a la víctima supe que era un caso adecuado para un abordaje restaurativo”, señaló.
El objetivo es empoderarla, darle palabra, permitirle comprender qué sucedió. En ese esquema, la víctima manifestó que lo que más desea es escuchar al agresor, entender por qué lo hizo y asegurarse de que otra persona no vuelva a pasar por la misma experiencia.
No busca castigo simbólico ni exposición pública del acusado. Respetando esa decisión, este medio únicamente publica las iniciales del presunto agresor. Se trata de D.A.H., un trabajador municipal de unos 20 años de antigüedad y, además, delegado gremial del Suoem.
El trato impropio, un problema estructural
Para la abogada, el caso refleja una cultura arraigada en ciertos sectores de la estructura municipal, donde algunos empleados y delegados con mucha antigüedad naturalizan la violencia.
Diferenció esa realidad de la gestión del CPC, que —según afirmó— colaboró, estuvo abierta a la propuesta y recibió el proyecto de capacitación.
Sin embargo, remarcó que la solución debe trascender a las personas o directores de turno. El abordaje debería incluir formación de todo el personal del CPC, incorporación de pautas restaurativas en el entorno laboral, intervención del gremio del cual el acusado es delegado, aplicación del Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre violencia en el mundo laboral.
Un caso inédito en el país
El planteo llegó al Tribunal Superior de Justicia, que debe decidir si designa un facilitador judicial especializado para llevar adelante el proceso. Según la abogada, se trataría del primer caso en Argentina en el que se solicita un abordaje restaurativo en un delito de abuso sexual simple cometido en el ámbito laboral estatal.
“El día que se decida, se abre el proceso. Y si el ofensor no quiere continuar, se retoma el trámite penal común. Es voluntario, pero también es la única vía real de transformación”, explicó.
La víctima espera una explicación del ofensor, su compromiso de no repetir la conducta para con otras mujeres. Para ella, la reparación no es una pena sino una comprensión profunda del daño causado y un cambio de conducta verificable en el trabajador municipal y en todo su entorno laboral.
El expediente expone una tensión creciente: ¿qué respuestas ofrece el sistema penal cuando el daño no se resuelve sólo con condenas de cárcel?
El proyecto restaurativo intenta una alternativa: actuar sobre las causas culturales, institucionales y gremiales que permiten que la violencia de género se naturalice, y dar a la víctima un rol activo en su reparación.
Mientras el Tribunal Superior analiza la solicitud, el caso se convirtió en una prueba para medir cuánto margen hay en Argentina para una justicia que escuche, repare y transforme, incluso dentro del Estado. Es también un desafío para la sociedad que reclama penas de cárcel.
Actualmente el expediente por “presunto abuso sexual simple” se encuentra en la Cámara 11a del Crimen. Interviene el fiscal de Cámara, Marcelo Sicardi.
Inquietud de sus compañeras
Este medio recibió meses atrás un mensaje advirtiendo la situación del empleado y delegado del CPC Rancagua. Se repitió la semana pasada.
Un hecho de presunto abuso sexual con una mujer, ocurrido hace tres años y medio, protagonizado por un delegado gremial.
La percepción es que en todo este tiempo él continúa en su puesto, sin haber sufrido ninguna consecuencia importante, además de tener un negocio callejero habilitado por el municipio. Aparentemente, las autoridades le aplicaron una suspensión de días, al cabo de un sumario administrativo.
La investigación judicial avanzó y se encuentra ahora en una etapa definitoria nada menos que del máximo tribunal provincial sobre la aplicación de una solución alternativa, un abordaje restaurativo. Si no lo habilita o si él decide no someterse al abordaje especial, D.A.H. deberá ir a un juicio oral en la Cámara 11a del Crimen. El pronóstico punitivo es de hasta seis años de prisión.
