La violencia intestina que desató el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México es un espejo que nadie quisiera enfrentar. El asesinato de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y la brutal reacción que desencadenó colocan a los países de la región en alerta. Nada menos que un cuñado de El Mencho, Gerardo González Valencia, se había radicado hace más de una década en Buenos Aires donde habría adquirido propiedades producto del narcotráfico. Hoy cumple condena en Estados Unidos.
El año pasado en Córdoba, fue localizada la familia del narco ecuatoriano Fito Macías en el country Valle del Golf donde había adquirido una vivienda, a través de una operación inmobiliaria realizada en Buenos Aires.
El presunto complot descubierto a tiempo en Entre Ríos para asesinar al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, al juez federal Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candiotti, encendieron alarmas en todo el país. Las características del intento de magnicidio son preocupantes: diseñado desde la cárcel por un poderoso productor agropecuario, Leonardo Airaldi, con tentáculos en el mundo de la droga. Quien reveló el plan fue otro detenido por narcotráfico.
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El fenómeno narco es un negocio monumental. El único modo de combatir a las bandas es asestar golpes certeros a su estructura financiera. Aún descabezando las bandas, encarcelando a sus líderes o haciendo megaoperativos policiales como el que realizó el gobierno estadual de Río de Janeiro en las favelas, en diciembre del año pasado, no se logra desarticular a las bandas. Por el contrario, pueden generar una espiral de violencia.
El único golpe que resiente la actividad es neutralizar sus operaciones financieras. Diferentes fuentes judiciales consultadas por este medio, coincidieron en que el narcotráfico avanzará mientras no se investigue el lavado de activos. La Justicia debe avanzar sin dilación hacia ese tipo de actividades.
¿Cómo está Córdoba en este contexto? Si se miran los últimos registros de Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), los resultados son escasos. El informe publicado en abril del año pasado muestra que en la Provincia de Córdoba hubo seis juicios con condenas por lavado de activos en el quinquenio 2019-2024. De esos procesos, solo tres atacaron estructuras financieras narco criminales. El resto estaba referido a trata de personas o evasión tributaria. La banda de Brian Requena y Pablo Esser, presidente de un club de fútbol y una financiera en San Francisco, en el este provincial, fue sentenciada en mayo del 2022.
Ese mismo mes, también hubo condenas a la banda en Río Cuarto de Mariano y Andrés Rivarola, con conexión policial a través del exjefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba, Gustavo Osvaldo Oyarzábal. En tanto, en agosto de 2022, fue sentenciado un narco que operaba y comercializaba drogas desde la cárcel hacia el sur provincial, Luis Pablo Muñoz.
Comparando el mismo período con otras jurisdicciones federales, Córdoba está detrás de Santa Fe, que tuvo 10 juicios con condenas; de Buenos Aires, que celebró 15 debates orales, y Caba, con 20 sentencias por lavado de activos.
El viernes 20 de febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) aplicó una nueva condena al líder narco Elvio “Yiyo” Ramallo y otras 20 personas. Esta causa está fuera de la estadística de Procelac, como también varios procesos que ocurrieron en el segundo semestre 2024 y a lo largo de 2025. Aún sumando estos procesos es posible concluir que hay una lista escueta de causas judiciales en una de las principales provincias argentinas.
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La esperanza, en el sistema acusatorio federal y mesa de coordinación
Mientras las causas por narcomenudeo crecen sin cesar en la Justicia Provincial no aparece el mismo ritmo en la Justicia Federal con las bandas narco criminales de envergadura. Se avizora un cambio que podría mejorar la situación. El 15 de junio de este año se implementará en Córdoba el nuevo Código Procesal Penal Federal que instrumentará el sistema acusatorio. El Código prevé, entre otras herramientas, el trabajo conjunto de investigación.
Implica que los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) federal y provincial, junto a las fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones, constituyan equipos para investigar los eslabones de una cadena, cada uno según su competencia.
Ya existe un germen de la iniciativa que convocó en un par de reuniones a fiscales federales y provinciales en los últimos años, pero todavía no cristalizó en un trabajo efectivo permanente. Existen colaboraciones y contactos, pero el flujo de datos sigue siendo escaso.
Los expedientes de narcomenudeo que se tramitan en los tribunales provinciales son fuente de un importante volumen de información sobre proveedores, interacciones entre bandas, sicariatos. El cambio que se avecina podría redundar en beneficio de la estructura investigadora federal para subir en la pirámide de responsabilidades.
