Durante la discusión que dio paso a la Ley Antibúnker en la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, y con la participación del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, la oposición consiguió instalar una batería de iniciativas vinculadas al combate del narcotráfico. El dato político es que el oficialismo no solo tomó nota de esos planteos, sino que ya anticipó que algunos comenzarán a discutirse en las próximas semanas.
El análisis se centrará en el proyecto de extinción de dominio, una herramienta que el propio Llamosas reconoció como el próximo paso para "cerrar el círculo" en la persecución del delito organizado. Por su parte, López ya había encomendado a su equipo técnico, encabezado por Pablo Sánchez Latorre, comenzar a trabajar sobre ese tema, que ya cuenta con el aval político del gobernador Martín Llaryora.
La iniciativa que pasó al centro de la escena fue presentada en mayo de 2024 por el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda y cuenta con el acompañamiento de sus pares de la UCR, entre ellos Brenda Austin y Ariela Szpanin, además de representantes de otros bloques.
El proyecto propone crear un régimen provincial de extinción de dominio que permita recuperar para el Estado bienes provenientes del narcotráfico, la corrupción y otros delitos mediante una acción civil independiente del proceso penal, sin necesidad de esperar una sentencia firme.
Un vacío
Hernández Maqueda explicó que Córdoba necesita una legislación procesal propia para cubrir un vacío existente en la jurisdicción provincial. Recordó que la Nación ya cuenta con un régimen de extinción de dominio para delitos federales, pero advirtió que las provincias deben dictar sus propias normas procesales para que esa herramienta pueda aplicarse en causas tramitadas por la Justicia ordinaria.
Sin embargo, el legislador liberal dejó en claro que la iniciativa trasciende la lucha contra el narcotráfico. Según explicó, su propuesta también busca convertirse en una herramienta para combatir la corrupción, ya que permitiría actuar sobre bienes vinculados a delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público o asociación ilícita, sin depender de los extensos tiempos de una condena penal.
"El Estado recupera bienes y, además, debilita el poder económico de las organizaciones criminales", sintetizó Hernández Maqueda, al señalar que el objetivo es atacar el patrimonio ilícito mientras avanzan las investigaciones judiciales.
La radical Austin complementó esa mirada al explicar que la extinción de dominio cambia el eje tradicional de la discusión penal. Mientras un juicio busca determinar la responsabilidad de una persona, este mecanismo pone el foco sobre la legitimidad del patrimonio.
"Lo que se cuestiona es el justo título con el que nació ese derecho de propiedad", sostuvo, e indicó que el Estado puede actuar sobre bienes cuyo origen no puede justificarse sin esperar el desenlace definitivo del proceso penal.
La legisladora agregó que el sistema actual obliga a esperar causas que suelen extenderse más de diez años para recién entonces decomisar los bienes. Con la extinción de dominio, en cambio, el patrimonio puede recuperarse mucho antes.
Austin recordó, además, que la iniciativa formó parte del paquete de reformas institucionales impulsadas por la oposición junto con Ficha Limpia y otros proyectos de transparencia, y adelantó que su bloque aportará un nuevo texto para enriquecer el debate legislativo.
Una mirada más amplia
Durante las últimas reuniones de comisión, varios legisladores coincidieron en que la estrategia contra el narcotráfico no puede agotarse en el derribo de búnkeres ni en la persecución penal, sino que debe incorporar políticas de prevención, tratamiento de adicciones y recuperación social.
En ese sentido, Hernández Maqueda también puso sobre la mesa el proyecto "Una Provincia sin Adicciones", que propone campañas permanentes de prevención del consumo de drogas. A ello se suma una iniciativa en igual sentido de Szpanin y el proyecto de emergencia en salud mental impulsado por Rodrigo Agrelo, que incorpora un capítulo con foco en las adicciones.
Uno de los planteos más contundentes fue el de Gerardo Grosso. "Podemos derribar mil búnkeres, pero mientras la gente siga necesitando consumir va a seguir existiendo negocio", advirtió, al reclamar que la Provincia fortalezca las políticas preventivas y reactive proyectos como la regulación del vapeo y campañas públicas contra el consumo de sustancias.
En la misma línea, Nancy Almada (Frente Cívico) sostuvo que la recuperación de las personas con consumos problemáticos debe convertirse en una prioridad del presupuesto provincial.
"Más allá de derribar los búnkeres, si esas personas siguen en estado de adicción vamos a seguir en la misma", afirmó la juecista, al plantear que parte de los recursos públicos deberían orientarse a fortalecer los dispositivos de tratamiento y recuperación.
Destino de los bienes del delito
La agenda también incorporó el debate sobre el destino de los bienes recuperados. Szpanin propuso que los recursos obtenidos mediante la extinción de dominio tengan una asignación específica destinada a la construcción y reparación de escuelas, convirtiendo el patrimonio decomisado en inversión pública.
Por su parte, Oscar Agost Carreño volvió a insistir con una reforma de la Ley 8550 para transparentar el destino de los vehículos secuestrados en causas penales.
La iniciativa busca que todo automóvil decomisado quede inscripto registralmente a nombre del Estado cuando pase definitivamente a su patrimonio y que, si su utilización es provisoria, también quede asentado quién lo utiliza. Además, propone extremar las pericias para restituir vehículos robados a sus verdaderos propietarios y evitar que unidades de origen ilícito vuelvan al circuito legal.
"Este proyecto fortalece la transparencia, protege a las víctimas del robo automotor y de otros delitos, brinda mayor seguridad jurídica y evita que el propio Estado pueda terminar facilitando el blanqueo de vehículos de origen delictivo al utilizarlos como propios", remarcó.
Más allá de los búnkeres
De este modo, la Ley Antibúnker se convirtió en la puerta de entrada a una discusión mucho más amplia sobre la política de seguridad de Córdoba. En ese escenario, el próximo gran capítulo legislativo ya no será únicamente cómo derribar los puntos de venta de droga. La discusión empieza a trasladarse hacia otro terreno: cómo quitarle al crimen organizado —y también a la corrupción— el patrimonio que sostiene su poder económico.
