El debate por el futuro de la Caja de Jubilaciones volvió a encenderse en la Legislatura. Mientras los gremios estatales expresan un profundo malestar ante la posibilidad de que se aumenten los aportes de los trabajadores activos, el oficialismo y la oposición se cruzaron con diagnósticos radicalmente opuestos.
Desde Hacemos por Córdoba, el legislador Facundo Torres defendió la incorporación del artículo 63 del Código Tributario, al señalar que “solo prevé la posibilidad” de aumentar hasta un 4% el aporte de los activos “en caso de ser necesario” para paliar una caja “totalmente en rojo, totalmente fundida”. Afirmó que el déficit se agrava por la falta de envío de fondos nacionales y recordó que la disposición “estuvo en todos los presupuestos anteriores”.
Torres admitió errores históricos en decisiones previsionales, aunque resaltó que el sistema cordobés paga “las mejores jubilaciones del país”. Advirtió que el rojo previsto para 2026 alcanza los $750 mil millones, y puntualizó fuertes disparidades: “Tenemos jubilaciones bancarias de 4 millones, 4 millones 300 mil pesos, y docentes muchísimo menos”. También enfatizó que existen “6.200 pasivos que tienen una jubilación promedio superior a los 3 millones”, lo que genera un déficit anual de $60 mil millones solo en el municipio de Córdoba.
En tono de realismo económico, planteó: “Es necesario preguntarnos si es justo que 750 mil millones de pesos, que son de todos los cordobeses, vayan a paliar el déficit de los empleados públicos solamente”. Incluso recordó que ya circulan propuestas legislativas para topear haberes y que dentro del oficialismo surgió la idea —sin decisión tomada— de consultar a la ciudadanía sobre el rumbo de la Caja.
Córdoba: más de 15 gremios marchan este martes contra la suba del 4% a los aportes jubilatorios
Enfrente, la legisladora radical Alejandra Ferrero cuestionó con dureza el proyecto: “Estamos sorprendidos con esta emergencia con la que quieren prevenirse del desfalco que vienen haciendo”. Denunció que la Provincia ejecutó “recortes sistemáticos” sobre haberes durante años y que ahora busca “volver a saquear derechos adquiridos”, señalando que la Constitución garantiza la irreductibilidad de jubilaciones y pensiones.
Ferrero criticó que el Gobierno “hace pagar el déficit a los jubilados”, mencionó que con el artículo 58 “recaudan 70 mil millones” y sumó que los activos “pagan hasta el 19%” por el 7% adicional de la ley 10.724. Además cuestionó la propuesta de cargos vitalicios para la Procuración Penitenciaria “con rango de vocal del TSJ” y el incremento del presupuesto en publicidad: “Lo duplicaron: 66 mil millones”.
Finalmente, la opositora recordó que hay 38.000 firmas certificadas de jubilados para impulsar una iniciativa popular que busca recuperar gradualmente el 82% móvil.
