Cuatro marchas federales universitarias en poco más de dos años. La calle volvió a llenarse, y eso dice algo importante sobre el lugar que ocupa la educación pública en el imaginario argentino. Pero cada vez que el tema universitario irrumpe en el debate, la conversación se estrecha hasta volverse inútil. De un lado, el Gobierno habla de opacidad y politización. Del otro, las universidades responden que el único problema es la plata. Ambos tienen razón en algo. Ambos evitan lo incómodo.
El análisis que realizamos desde Edulab de IDESA muestra un deterioro sostenido y profundo. El gasto promedio por universidad cayó un 35% entre 2012 y 2021, y para 2025 se ubica en el nivel más bajo de toda la serie histórica. En el primer cuatrimestre de 2026, las partidas de ciencia, hospitales universitarios y becas acumularon una caída de casi 78% en términos reales respecto de 2023. No es un recorte quirúrgico: es una reducción desordenada que golpea primero donde más duele.
Pero el problema no empezó con la motosierra. Durante años, los gobiernos anteriores crearon universidades como si inaugurar edificios alcanzara para garantizar educación de calidad. Se pasó de 45 instituciones nacionales en 2012 a 57 hoy, muchas sin evaluación previa de demanda ni financiamiento garantizado. Expandir el sistema mientras se diluían los recursos no fue inclusión: fue política de corto plazo financiada con deterioro silencioso.
A eso se suma algo que el sistema universitario tiene dificultades para discutir en voz alta: sólo el 23% de los estudiantes se gradúa en el tiempo teórico previsto. Los jóvenes del decil más pobre representan casi el 8% de los ingresantes de primer año, pero apenas el 1% en quinto. La gratuidad abre la puerta; lo que pasa adentro es otra historia.
El presupuesto universitario se distribuye en gran medida por inercia: cada institución parte de lo que recibió el año anterior y negocia sobre esa base. No hay criterios claros, públicos ni estables que combinen matrícula, graduación, producción científica, cobertura territorial e inclusión efectiva de sectores vulnerables. Sin esos criterios, más presupuesto no necesariamente llega donde más se necesita.
Una reforma seria tiene que atacar los dos problemas a la vez. Recuperar financiamiento real es una condición necesaria para que el sistema funcione. Pero sin cambios en las reglas de asignación, más plata va a reproducir los mismos vicios: recursos distribuidos por inercia, instituciones creadas por rédito político y resultados que nadie evalúa sistemáticamente.
La transparencia no es una amenaza a la autonomía universitaria. Es la única forma de fortalecerla. Y la discusión sobre gestión no debería reservarse para los momentos de ajuste: es una deuda que el sistema le tiene a la sociedad independientemente del ciclo político. La universidad pública merece algo mejor que una defensa nostálgica o un ataque ideológico. Merece una política seria.
(*) Economista, coordinadora de Idesa
