A mediados de junio Dante Sica asumió como ministro de la Producción de la Nación, en reemplazo de Francisco Cabrera. Una de las primeras audiencias que mantuvo con el sector privado fue con las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En esa oportunidad, las principales autoridades del empresariado mercantil le acercaron al flamante ministro un documento con propuestas y reclamos para disminuir los costos que enfrenta la actividad: “Disminuir el ´Costo Argentino´, eje de este trabajo, es una prioridad ineludible para alcanzar la competitividad de nuestra economía”, dice el informe presentado. Sobre esa agenda, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Darío Brasca, volvió a reclamar puntos concretos en el marco del Seminario Anual que la entidad organizó esta semana en nuestra ciudad.
Tres bloques. El documento de la CAC tiene 35 puntos estructurados en tres bloques temáticos. El primero está referido a la “Normativa y simplificación del comercio y los servicios”, el segundo se centra en “Medios electrónicos de pago” y el tercero se enfoca en “Comercio exterior”. El primer apartado es el más potente en términos de demanda. Allí se incluyen peticiones como la armonización de regulaciones provinciales y municipales. Además, en el punto sobre Ingresos Brutos se critica que “el Consenso Fiscal contempla un incremento en la alícuota de IIBB de forma exclusiva para el sector Comercio y Servicios en contraposición con la reducción que comenzó a aplicarse en otros sectores.
También hay un punto sobre el financiamiento de empresas con deudas con el fisco donde se propone “un plan de facilidades por única vez con un plazo extendido de amortización, no menor a 90 meses, tasa de interés equivalente a la tasa pasiva de mercado y régimen de planes de facilidades para obligaciones corrientes”. Además, piden por una “rápida aprobación de las modificaciones normativas que permitan la aplicación de la factura electrónica”. Entre otras demandas, incluyeron “una legislación nacional que contemple la regulación del comercio en complejos no convencionales”, en pos de atacar la venta ilegal.
Más financiamiento. El acceso a financiamiento es otro reclamo que se lleva varias líneas en el documento. Piden “alentar a las instituciones financieras que destinen cartera crediticia para las Pymes”. En ese sentido, los empresarios apuntaron a que “sería importante desgravar la operatoria para estimular a que las instituciones financieras destinen el 50% o más de su cartera crediticia a proyectos productivos de la industria, comercio y servicios encarados por empresas Pymes”. Y también se pidió la restitución del Decreto 814 que permitía que las empresas de economías regionales del interior puedan desgravar aportes patronales como crédito fiscal.
“Se hizo un trabajo muy importante y se lo entregamos a Sica, un ministro al que conocemos mucho. El documento se enfocó en el ´Costo Argentino´, pero tiene muchos puntos. Por ejemplo, con el Pacto Fiscal que se firmó, el comercio está siendo desconsiderado de la baja de impuestos. Ingresos Brutos tiene una progresión de baja hasta el 2022, pero nos excluyeron” contó Alberto Dragotto, Tesorero de la Cámara de Comercio de Córdoba y representante de esa entidad en la Cámara Argentina.
Alta presión. El contexto en que se mueve el Comercio es complicado por la caída del poder adquisitivo que genera el aumento de la inflación, a lo que se suma la actualización permanente del cuadro tarifario. Por ello, los empresarios no pierden oportunidad para poner en agenda estas demandas. Algunos de estos puntos fueron puestos sobre la mesa por parte del presidente de la entidad cordobesa. Ante funcionarios provinciales y municipales –lo escuchaba el intendente Ramón Mestre- Brasca reclamó: “El federalismo es una cuestión ausente en el país. Soportamos impuestos con porcentajes más allá de toda lógica. El Consenso Fiscal supone una discriminación hacia el Comercio que no puede explicarse”. Y remarcó que la carga tributaria total que enfrentan las empresas del sector se mueve entre el 31% y el 39%. Un panorama que se recrudece en el interior, donde los costos impositivos, de servicios y de transporte son mayores que en Capital Federal.
