La Fiscalía Anticorrupción N°1 comenzó a generar medidas para profundizar la investigación sobre el contenido del informe que envió la Unidad de Información Financiera (UIF) y que están referidos al posible pago de sobornos en los procesos licitatorios de los gasoductos troncales. El viernes pasado, el fiscal Matías Bornancini libró una orden para secuestrar expedientes de las licitaciones realizadas en 2008. El trámite se concentró en la Fiscalía de Estado provincial. También envió oficios a Buenos Aires para obtener más datos relacionados con el documento del organismo nacional.
PERFIL CORDOBA pudo conocer de fuentes calificadas que los datos incorporados por la UIF abonan la hipótesis de cohecho (coimas) más que de lavado de activos. Esa posibilidad coloca en el centro al fuero provincial porque, de encaminarse la investigación por esa ruta, la competencia es de la justicia local. Se descartaría, siempre según la misma fuente, la sospecha de lavado de activos.
El dato que aportaron a comienzos de año los legisladores Liliana Montero, Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio es la compra del 40 por ciento de acciones de la empresa Madero Urbana –perteneciente a la entonces Iecsa- con un proyecto inmobiliario millonario llamado Art María en Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas y caras de la ciudad de Buenos Aires. Esa transacción, por 11 millones de dólares, fue concretada por la firma Gestión y Desarrollos Inmobiliarios SA (GDISA) cuyos titulares son dos empresarios cordobeses, Guillermo y Patricio Álvarez. Se realizó en 2011, cuando todavía estaba en pie la primera licitación provincial para la construcción de los gasoductos troncales.
La hipótesis de los denunciantes es que a través de la compra de acciones de esa empresa se habría canalizado desde Brasil, vía Iecsa (socia estratégica de Odebrecht en Argentina), el dinero para el pago de posibles sobornos en Córdoba. Hasta ahora es solo una sospecha que espera la investigación para comprobarla o descartarla.
En esto consistió la denuncia que tomó la UIF y sobre la cual profundizó la pesquisa. A este diario llegaron opiniones encontradas sobre el documento que produjo el organismo dedicado a detectar lavado de dinero. Dos fuentes consultadas discreparon en las calificaciones. Mientras una ponderó el avance significativo que produjo el organismo aportando nuevos e importantes datos para seguir la pesquisa, la otra prácticamente la desestimó, señalando que “desilusiona” el escaso contenido técnico del documento.
Este tipo de informes son una brújula que puede orientar una pesquisa, no sirven como prueba en los expedientes penales. Hace 10 días, aproximadamente, la UIF envió su dictamen a la fiscalía Anticorrupción N°1 de Córdoba por encontrarse en trámite un expediente sobre las licitaciones cuestionadas. Y también le dio participación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Fue este último organismo el que envió el dictamen de la UIF al Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro.
La Justicia Federal continuará la investigación si considera que efectivamente hay delitos de su competencia. En ese caso, el juez también tendrá que establecer si considera que los hechos se produjeron en Córdoba o en otro distrito, en cuyo caso, tendrá que derivar la investigación a otra jurisdicción.
Exhorto en Cancillería. Hay otra puerta abierta en el expediente. La posibilidad de acceder a pruebas y testimonios del Lava Jato en Brasil. El fiscal General, Alejandro Moyano, propuso que Cancillería firme y canalice un acuerdo con la justicia del vecino país. El dictamen recibió respaldo del Tribunal Superior de Justicia y espera la decisión política del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se firme el convenio con las condiciones allí establecidas. Una vez que ello ocurra el fiscal Bornancini podrá requerir a sus pares de Brasil documentación y ampliar testimonios, si considera oportuno, para acceder a más precisiones.
