Para analistas, en Córdoba los más afectados serán pymes, comerciantes y productores medianos

Con media sanción en Diputados y la convocatoria para que el martes sea tratado en Comisión en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, el camino para que el Aporte Solidario o el llamado “Impuesto a la Riqueza” sea aprobado está bastante despejado. Con todo, el debate en el recinto debería esperar hasta diciembre, con las sesiones extraordinarias. El gravamen fija una escala de alícuotas que van desde el 2% para los patrimonios de $200 a $300 millones al 3,09% para los patrimonios de hasta $4000 millones solo en Argentina. Pero que alcanza un tope de alícuota del 6,13% para las fortunas de $4000 millones o más con el 75% en el exterior.

Como se sabe, afectaría a un universo de aproximadamente 12.000 personas en el país. El gobierno nacional estima recaudar aproximadamente $300.000 millones (1,1% del PBI), que se destinarían a “paliar los efectos de la pandemia, compra de insumos y equipamiento de salud, apoyar a pymes, urbanizar barrios populares, obras para el envasado de Gas Natural de YPF, y financiar el relanzamiento del plan Progresar para estudiantes”.

En diálogo con PERFIL CORDOBA el socio de un estudio jurídico especializado en tributación confirma que ya empezaron a recibir consultas serias por posibles estrategias para afrontar el nuevo gravamen. El letrado estima que el universo alcanzable en Córdoba es de unas 1200 a 1300 personas, teniendo en cuenta la proporcionalidad de la provincia en términos de aporte fiscal. “Lo interesante es que va a alcanzar mucho más y va a ser más dañino para las personas que están en la base de esa pirámide de contribuyentes. Estimamos que más del 60% va a tributar el 2% por tener entre $200 y $300 millones y el resto abonaría un 3,5% con fortunas promedio superiores a los $500 y $800 millones. Creo que, si sale ahora, les dan tiempo a la Afip de que empiece ejecutar intimaciones en enero y en febrero vamos a ver las primeras presentaciones. Pero va a haber mucha gente que no va a tomar acciones por un costado reputacional inverso, no quedar expuesto a la conducta de reacción del gobierno. Van a pagar aun cuando se cuestione la congruencia constitucional o todos los otros elementos, pero van a pagar para no ser sujeto del escarnio público”. Con todo, asegura que hay alternativas legales para cuestionar la constitucionalidad y que la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del aporte llevará tiempo en zanjarse. “Yo no creo que esto sea un tema prioritario para la Corte. No vamos a tener un fallo de fondo pronto, puede demorar, 4, 5 años. Veo un camino largo y con poca jurisdicción consistente”, dice.

Golpe a la pyme industrial. Con la mirada más cercana a la realidad industrial local, Marcelo Almendros, presidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial de Córdoba remarcó que estamos ante un impuesto mal concebido que sigue exigiendo aportes a los mismos sectores productivos y que va a impactar de lleno a las pymes industriales locales. “Eso es lo que nos preocupa, a diferencia de Bienes Personales, acá queda todo alcanzado inclusive la participación de una empresa. El gobierno lo niega y dice que esto no va a influir sobre el capital productivo, pero no es así, como está redactado en la norma hay que pagar sobre la participación en las sociedades. Se están haciendo gestiones para que no se incluya el capital productivo, los bienes de producción para al cálculo. Creo que hay mucha gente que va a judicializar esto y con muchas chances de ganarlo, desde la concepción del impuesto al criterio de confiscatoriedad”, subraya. Y remarca que se trata de una acción que tendrá un efecto contrario al que espera el gobierno, desalentando la inversión privada y poniendo un freno a la capacidad de producir y generar empleo. “Hay que recordar que, según el sector, la presión tributaria está cercana al 40% sumando todos los niveles”, destaca.

Confiscatorio. “Con el valor de dólar oficial, a $85, estamos hablando de que quedan comprendidas las personas con patrimonio incluso desde menos de US$2,5 millones. Ese es el piso. Es difícil saberlo con certeza, pero imagino que van a ser más de 1.000 personas en Córdoba. Creo que se va a judicializar porque es claramente inconstitucional por un principio de confiscatoriedad, cuando un impuesto es confiscatorio altera el orden de la Constitución, si la Ley afecta la Constitución esa ley podría quedar invalidada. Eso no sería para todo el mundo, sino para aquellos que acrediten que este impuesto deviene confiscatorio. Es una cuestión de prueba, por eso hay que judicializarlo”, explica Dina Castillo, directora en Castillo & Asociados. 

Castillo repasa la escala de alícuotas del nuevo impuesto sobre las de Bienes Personales para tomar medida de la carga real: “Quienes tienen bienes en el exterior tienen alícuota máxima de 5,25% que, si se suma a la de Bienes Personales, que es 2,25% da un impuesto patrimonial entre los dos de 7,5%. Y para quien tiene bienes en el país puede llegar a 5,75%. Para tener una dimensión, la renta de un campo agrícola está en el orden del 2,4% del valor del campo. Si te van a sacar un 6% este Bienes Personales y éste extraordinario ahí se acredita la confiscatoriedad. Se lleva toda la renta y arrastra parte del patrimonio”, explica. Se trata de un ejemplo que mucha probabilidad de encontrar en Córdoba, por la participación de las tierras agrícolas en miles de patrimonios.  

Rebelión legal. En ese contexto, donde en Córdoba el impuesto alcanzaría a cientos de empresarios pymes, comerciantes y productores agrícolas medianos e incluso chicos, Castillo ensaya las posibles alternativas para afrontarlo: “Lo que estamos recomendando a quienes nos consultan es que si quieren hacer la rebelión, que la hagan legalmente. Que vayan a la Justicia y planteen una medida cautelar, una acción declarativa de certezas, que suspenda la ejecución hasta tanto se resuelva si es confiscatorio o no el impuesto. En Córdoba hay que ir a la Justicia Federal. Eso recomiendo. El otro camino es no pagar, esperar a que venga Afip, que te determine y recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación, en Buenos Aires. Luego Cámara y Corte. Ese es un camino muy largo y costoso”.

Ahí radica una de las claves para entender quiénes serán los que muy probablemente terminen afrontando el nuevo impuesto: “Creo que el problema es para los que están en la franja de abajo, de los $200 millones y tienen que pagar $4 millones porque el costo de judicializar esto puede ser muy alto. Ir a tres instancias puede llevar 10 años. Y vas a llegar a la Corte porque Afip apela todo. El grande, el que está más arriba, se defiende. En primer lugar, ya fijó residencia en otro país, pero si no se fue tiene recursos para afrontar la disputa judicial. El que quedó es la clase media trabajadora, la pyme, con algún campo, algunos departamentos o activos financieros. A los ricos no los van a agarrar, ya se fueron”, remarca Castillo.