El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, presentó un análisis técnico sobre los cambios que propone la reforma laboral en materia de contribuciones patronales. El informe se centra en cómo las modificaciones buscan reducir el costo laboral no salarial, uno de los principales factores que afectan el empleo formal.
El estudio pone el foco en la elevada cuña salarial, la informalidad concentrada en empresas pequeñas y las restricciones fiscales que condicionan cualquier reducción de cargas.
Según el documento, Argentina se encuentra entre los países con mayor diferencia entre el salario que recibe el trabajador y el costo total que afronta el empleador. Aproximadamente el 44% del costo salarial corresponde a impuestos y contribuciones, siendo las contribuciones patronales el principal componente. El IERAL señala que este esquema funciona más como un impuesto que como un salario diferido.
El proyecto plantea una reorganización del sistema de contribuciones patronales con el objetivo de reducir el costo laboral y promover la registración del empleo. Se incorporan nuevos instrumentos de financiamiento de indemnizaciones, beneficios temporales para nuevas contrataciones formales, una moratoria para regularizar empleo no registrado y una reducción futura de aportes destinados a obras sociales.
El enfoque general apunta a aliviar la carga sobre los empleadores, especialmente en los primeros años de contratación, y a generar incentivos para formalizar relaciones laborales existentes.
Entre las principales medidas se destacan la creación del Fondo de Asistencia Laboral, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, una nueva moratoria laboral y previsional, y la reducción de contribuciones patronales a las obras sociales a partir de 2027.
Fondo de Asistencia Laboral
El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo de capitalización a nombre del empleador destinado a cubrir total o parcialmente las indemnizaciones por despido en relaciones laborales registradas con al menos 12 meses de antigüedad.
El FAL se financia con una contribución patronal obligatoria del 3% de la nómina salarial. A cambio, las empresas incluidas acceden a una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones al sistema previsional. Los fondos son propiedad del empleador, son inembargables y se transfieren junto con los trabajadores en casos de venta o reorganización de empresas.
Incentivos a la formalización laboral
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) prevé alícuotas reducidas de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de las nuevas relaciones laborales formales. El objetivo es abaratar el costo de contratación en los primeros años de empleo registrado y generar un estímulo para que las empresas incorporen trabajadores dentro del sistema formal.
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Está dirigido a trabajadores que no tenían empleo registrado, estaban desempleados, eran monotributistas o empleados públicos. El régimen incluye aportes al sistema previsional, al INSSJP y al FAL, y excluye situaciones consideradas abusivas o recontrataciones recientes.
Nueva moratoria laboral
La reforma incorpora un Régimen de Regularización de Empleo que permite blanquear relaciones laborales no registradas o incorrectamente registradas vigentes hasta la sanción de la ley.
El esquema contempla condonaciones de deudas, intereses y multas, planes de pago y extinción de acciones penales vinculadas a la seguridad social. También reconoce hasta 60 meses de aportes para los trabajadores regularizados, a efectos de acceder a prestaciones básicas del sistema previsional.
Reducción de aportes a obras sociales
A partir de 2027, la reforma laboral prevé una reducción de las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, que pasarían del 6% al 5%. La medida busca disminuir el costo laboral no salarial que afrontan los empleadores.
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Según el informe del IERAL, esta baja implicará una disminución directa de los recursos del sistema de salud administrado por las obras sociales, por lo que advierte que, sin mecanismos de compensación o una revisión de las prestaciones obligatorias, podría generar desequilibrios financieros y mayor presión sobre el sistema público de atención sanitaria.
El informe señala que la reforma busca reducir los costos laborales no salariales, pero presenta desafíos fiscales y de implementación. En particular, estima que el FAL tendría un costo fiscal directo cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno.
El IERAL también remarca posibles problemas de diseño del fondo, como incentivos desiguales según la rotación laboral y riesgos administrativos. En cuanto al RIFL, reconoce que se alinea con el diagnóstico sobre la cuña salarial, aunque advierte que su impacto podría ser limitado por su carácter temporal.
Sobre la moratoria laboral, el informe señala que puede ser una herramienta transitoria, pero que por sí sola no garantiza una reducción sostenida de la informalidad.
Enfoque alternativo del IERAL
Como alternativa de menor costo fiscal y con mayor focalización, el IERAL plantea aplicar un mínimo no imponible sobre la masa salarial de cada empleador para el cálculo de las contribuciones patronales. Esto significa que una parte de los salarios quedaría exenta de cargas, reduciendo el costo laboral especialmente en las empresas más chicas.
Según el análisis, este esquema permitiría aliviar de manera permanente la carga sobre microempresas y PyMEs, donde se concentra la mayor parte de la informalidad laboral. El informe indica que su costo fiscal sería inferior al del Fondo de Asistencia Laboral y que tendría un efecto más directo en la generación de empleo formal.