La designación del próximo juez electoral, que tendrá bajo su órbita el proceso de 2027, y la adecuación del sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional ante la baja de la edad de imputabilidad, serán los ejes clave de una nueva sesión de la Unicameral. Pero la agenda llegará atravesada por el caso de Ramón “Cañito” Flores, que el PJ intentó descomprimir con su licencia y la UCR promete mantener abierto.
Aunque el legislador no está imputado, la investigación por abuso sexual contra menores involucra a un exasesor detenido y la prueba de que algunas de esas vejaciones habrían ocurrido en su campo. La UCR insiste con su expulsión por “indignidad”, mientras crece la expectativa por su renuncia. “El peronismo no quiere dejárselo como una ganancia a la oposición”, resumió un interlocutor sobre una decisión que podría acelerarse antes del próximo plenario.
El caso deterioró aún más la relación entre el PJ y la UCR. “Está en el peor momento”, dijo un radical al apuntar contra Facundo Torres y Juan Manuel Llamosas. La cuestión de privilegio de Miguel Nicolás contra Myrian Prunotto y la advertencia fuera de micrófono de Matías Gvozdenovich a Guillermo Arias —“mirá que no te voto”— expusieron un clima que amenaza con trasladarse al debate del miércoles.
La votación por la licencia del peronista, además, dejó heridas abiertas en la oposición. “Debieron haberse encargado de que sus suplentes estén sentados antes de irse”, cuestionó una voz opositora por las ausencias que impidieron llevar la definición al eventual desempate de Prunotto.
El nuevo árbitro electoral
El oficialismo avanzará con el pliego enviado por el Ejecutivo para designar a Arias como nuevo juez electoral, un cargo central rumbo a las elecciones provinciales de 2027. El PJ tiene los votos necesarios y una parte de la oposición también se muestra dispuesta a acompañar la designación del ahora exsecretario legislativo, quien reemplazará a Marta Vidal.
El Frente Cívico, en cambio, lo rechazará y volverá a cuestionar el proceso de selección y la influencia del poder político sobre la Justicia. “Pedimos con tiempo que el Consejo de la Magistratura transparente las entrevistas de los postulantes a juez electoral, transmitiéndolas en vivo para que se pueda seguir esa instancia. Se negaron. Otra vez quedó claro que siguen respondiendo al poder político del gobernador”, cuestionó Walter Nostrala.
En ese plano, el halcón juecista redobló su crítica: “Seleccionaron a Guillermo Arias, con quien personalmente no tenemos ningún reproche, pero no podemos aprobar el pliego de quien milita en el PJ desde hace 30 años. Claramente no hay ninguna garantía de independencia de quien tendrá a su cargo el proceso electoral que decidirá nada más y nada menos quién gobernará Córdoba a partir de diciembre de 2027”, cerró.
El oficialismo ya había rechazado esos cuestionamientos cuando Arias quedó primero en el orden de mérito del concurso. Torres respondió entonces que el juecismo buscaba “embarrar” la cancha. En su réplica, defendió que el concurso fue el resultado de “un proceso serio y transparente”. En la última sesión, el jefe oficialista despidió a Arias de su función legislativa con elogios. Aseguró que está “capacitado y calificado” para el nuevo rol. “Estoy seguro de que lo va a desempeñar con la misma responsabilidad, equilibrio y honradez con la que siempre se manejó”, dijo.
En la UCR no hay ánimo de romper: valoran la trayectoria y las condiciones personales de Arias, pero la tensión política con el PJ obliga a medir cada paso. Los radicales volverán a discutir internamente una posición orgánica antes de la votación. En ese marco, Alfredo Nigro (UCR) le pidió a Arias que “honre la magistratura como confiamos que lo va a hacer en un rol tan importante para la institucionalidad de Córdoba”. Lo que se interpretó como un elogio con advertencia.
La reforma penal juvenil
El PJ trabaja para convertir en ley la adecuación del sistema procesal provincial —Ley 11.035— al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, tras la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa busca regular la intervención del sistema penal juvenil, las medidas aplicables y el rol de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
La propuesta cuenta, en principio, con el visto bueno de la oposición. La radical Brenda Austin calificó el trabajo técnico elevado a la Unicameral como “razonable y adecuado”. “Logra también resolver bien algunos temas que fueron conflictivos en la sanción de la ley nacional, tomando estándares muy claros que vienen de la Convención de los Derechos del Niño y los fallos de la Corte”, sostuvo.
Sin embargo, la UCR pondrá el foco en las condiciones para que el sistema funcione. Austin advirtió que la Senaf deberá contar con herramientas y presencia territorial para aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad, además de equipos que garanticen el seguimiento de los jóvenes, mecanismos de supervisión y programas de inserción educativa y laboral.
También reclamó condiciones adecuadas cuando resulte inevitable recurrir al encierro. “Nos parece que este es un punto clave y obviamente vamos a insistir fuertemente, porque si no el sistema va a fracasar”, advirtió. En tanto, Oscar Agost Carreño (PRO) recordó que presentó una iniciativa en mayo y aseguró que gran parte de sus planteos coinciden con el proyecto posterior del oficialismo. “Estamos trabajando en unir ambas iniciativas”, explicó. El legislador busca incorporar un plazo para sancionar una ley de ejecución penal juvenil y establecer informes, estadísticas e indicadores anuales que permitan a la Legislatura monitorear el funcionamiento del sistema.
Desde el oficialismo, Llamosas anticipó que el trabajo previo permitió acercar posiciones. “Se viene avanzando muy bien. Creo que se va a llegar a un muy buen consenso, a partir de un trabajo previo muy importante de la mesa interinstitucional y con el aporte que se hizo en las comisiones por los distintos bloques, que han enriquecido el proyecto”, expresó.
“Se va a constituir en una ley penal juvenil procesal, en este caso en Córdoba, que seguramente va a ser modelo, además de ser una de las primeras, si no la primera, que va a compatibilizar con la ley nacional antes que entre en vigencia”, destacó.
La hoja de ruta del PJ prevé que el martes, en comisiones, se emita despacho sobre la reforma. También se tratará el pliego de Arias para que llegue al recinto. Así, la sesión del miércoles concentrará dos definiciones institucionales de peso, con el caso Flores todavía latente y como telón de fondo de una relación política que sigue acumulando tensión.
